En su mensaje del 6 de agosto, el presidente Arce sorprendió con el anuncio de un referéndum sobre tres cuestiones distintas y complejas. Se realizará junto con las elecciones judiciales. Si bien la propuesta removió el tablero del debate político, generó también dudas y cuestionamientos. Es fundamental conocer el alcance del referéndum y, en especial, las preguntas.
Subvención a los hidrocarburos, escaños parlamentarios y reelección del binomio presidencial. Esas son las tres cuestiones que el Gobierno quiere llevar a consulta y decisión ciudadana. En principio, los dos últimos implican una reforma parcial de la Constitución. En tal caso, según el propio texto constitucional, el referéndum solo puede ser convocado por iniciativa popular, con el 20% de firmas del electorado; o por iniciativa legislativa, con ley aprobada por dos tercios.
El primer debate entonces, antes de las preguntas, es la atribución del Presidente de convocar el anunciado referéndum. La Constitución es inequívoca al respecto: no existe iniciativa presidencial para un referéndum de reforma parcial. El Gobierno se adelantó al asunto: ya en julio logró la admisión de un auto constitucional orientado a que el TCP, con magistrados autoprorrogados, interprete y por tanto modifique el artículo 411 de la CPE sobre su reforma parcial. Parece impresentable.
Respecto a los temas de la consulta, se criticó que, en lugar de asumir una política pública sobre la subvención a los hidrocarburos, el Gobierno derive la decisión a la ciudadanía. Es una cuestión difícil de política económica, con fuertes efectos. ¿Se debería definir en las urnas? Es como pedir consentimiento para cortar el brazo del enfermo, en palabras del ministro de Economía. Se cuestiona también que la consulta puede obstruir la acción estatal sobre el tema, incluido el próximo gobierno.
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Lo que más sorprendió es la todavía difusa consulta sobre el número de diputados y su distribución por departamento. Cuando el país esperaba los datos del Censo para saber cuántos somos y, con arreglo a esos números, establecer técnicamente la redistribución de escaños, se electoraliza el tema con innecesario ruido. ¿El Gobierno quiere aumentar el número de diputados para que “nadie pierda” con la redistribución? Si la idea era evitar la confrontación, puede ocurrir que se la termine alentando.
Por último, está la reelección, que fue una cuestión central en el proceso constituyente y nos ocupa en especial luego del referéndum de 2016 sobre el tema. Es evidente que la consulta para “precisar el carácter de la reelección”, continua o discontinua, tiene el propósito instrumental de evitar la candidatura presidencial de Evo Morales. A no ser que la idea sea prohibir definitivamente cualquier posibilidad de reelección, lo que dejaría fuera también al presidente Arce. No cabe la ingenuidad.
Hay que esperar las preguntas. Luego sabremos qué decide el soberano.
