El premio Nobel de Economía 2024 fue para Daron Acemoglu y James A. Robinson por las ideas presentadas en su libro «Por qué fracasan los países» (2012). El argumento es sencillo: el desarrollo institucional es el factor clave que explica por qué algunos países prosperan mientras otros permanecen en la pobreza. Su mirada distingue entre instituciones inclusivas y extractivas, y cómo estas determinan el rumbo económico y político de las naciones.
Los autores argumentan que las naciones prósperas tienen instituciones inclusivas que fomentan la participación de las mayorías en la economía. Estas promueven incentivos para la inversión y la innovación, permitiendo que los ciudadanos desarrollen su potencial.
En contraste, los países que fracasan suelen estar gobernados por élites extractivas que utilizan el poder político para beneficiarse. Como consecuencia, limitan las oportunidades para las mayorías, impidiendo su inclusión en los procesos de producción y acumulación, lo que perpetúa la pobreza.
Los economistas laureados enfatizan que las instituciones políticas son fundamentales para el desarrollo económico. Estas deben incluir nociones clave como democracia, separación de poderes y rendición de cuentas. Sin ellas, no es posible crear un entorno económico favorable para el progreso de un país. Cuando el poder está concentrado en una persona o una élite, las instituciones tienden a ser extractivas, tomando lo público como propiedad personal.
Cuando Bolivia nace formalmente como Estado moderno, en 1825, lo hace con la institucionalidad de un campamento minero. Guste o no, el país fue eso durante la colonia, y la corona no desarrolló más mecanismos que los necesarios para la explotación de recursos. Las universidades fueron obra de los jesuitas y quizás puedan considerarse la honrosa excepción del periodo.
En doscientos años no hemos sido capaces de dotarnos de un Estado creíble y sólido para nosotros mismos. Y duele. Luego del descalabro institucional que nos tocó atestiguar durante 2024, es evidente que no queda mucho espacio para celebrar el Bicentenario con buen ánimo.
El Estado Plurinacional parecía ser un avance en el sentido correcto, pero no está logrando salir incólume de la guerra interna desatada en el oficialismo. La Asamblea Legislativa Plurinacional ha devenido en cuadrilátero pugilístico sin aporte real, desdibujando su sentido. Los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional, en actos reñidos con la CPE y la separación de poderes, se erigen como poder fáctico. El Órgano Judicial hace aguas por todos lados. Las alcaldías, gobernaciones y universidades públicas se han vuelto compartimentos cerrados, manejándose como feudos. La coordinación entre los diferentes niveles de gobierno es prácticamente inexistente. Como sociedad, venimos maltratando con entusiasmo suicida lo poco que tenemos de estatalidad.
Las oposiciones tradicionales y buena parte de las nuevas desprecian al Estado plurinacional sencillamente porque no es su idea y no lo conducen, sin proponer ninguna alternativa seria para hacerse cargo.
«Reafirmamos nuestra determinación de ser libres y soberanos», dijo el presidente Luis Arce, al comenzar el año del Bicentenario. «No volveremos a ser colonia de nadie», añadió. El precio de la soberanía es que un país debe hacerse cargo de sí mismo. Así como en el adolescente que quiere dejar atrás la niñez y asumir su mayoría de edad, la libertad viene acompañada de grandes responsabilidades.
No queremos ser colonia, de acuerdo, pero asumamos eso en serio: nadie va a venir a construirnos institucionalidad y Estado en lugar de nosotros mismos. Eso no se compra ni se regala. Estamos librados a lo que hagamos o dejemos de hacer. Esa es la desnudez frente al espejo en que nos encuentra este 2025.
