Bien ha señalado el OEP hace unos días que se encuentra imposibilitado normativamente de constituirse en el actor ordenador de la avalancha de encuestas en la que nadamos desde que inició este año. Podríamos intentar señalar que particularmente en este proceso electoral el mercado de las encuestas ha acudido con demasiada prontitud a su encuentro con la conversación pública, pero sería incorrecto. No se trata de que particularmente sólo los estudios de opinión han acudido demasiado pronto a la escena electoral, pues se observa que lo mismo pasa con las campañas y es así también con las candidaturas.
Y es que la clave que une todos estos fenómenos que pasan simultáneamente y que pudieran parecer sorprendernos, en realidad no deberían hacerlo pues desde hace un par de décadas ya muchos estudiosos se han dedicado a señalar que los tiempos de la política han cambiado: son más veloces y más efímeros, lo que hace que los ciclos o periodos que la ordenaban sean casi sólo nominales en la actualidad. No sólo eso sino además que la comunicación (campañas) se ha fragmentado y los datos (encuestas) se han vuelto potencialmente volátiles. Son los nuevos códigos que signan la política electoral de hoy.
Así volátiles como se ven los prematuros datos también tienen distorsionados sus efectos en este momento pues están al servicio de las pugnas intestinas que se libran en los respectivos frentes políticos. Fuera de ello parecieran configurarse más como alimento cotidiano para nuestra emocionalidad política que como disparadores de preguntas que nos permitan entender, el “todo” boliviano que es cada vez más complejo. Sabemos que, en muchas ocasiones (algunas las hemos vivido), las encuestas se equivocan y actualmente atraviesan su propia crisis de credibilidad, pues en esta sociedad de la desconfianza tendemos más a creer que son herramientas de manipulación al servicio de actores políticos que insumos para explicar alguna realidad. En el mejor de los casos son un bien codiciado en tanto alimentan la escena electoral precisamente de manera anticipada, teniendo un efecto mayor sobre nuestro ánimo y el rompecabezas que está siendo la papeleta electoral que sobre los venideros resultados.
En lo que respecta a las campañas, estas tienden a ser continuas y fragmentadas, continuas en tanto no pueden darse el lujo de parar (por esto de la velocidad de la política) y fragmentadas en tanto deben parcelar el discurso para responder a públicos clasificados tribal e identitariamente. Cualquier insumo/mensaje de campaña va a ser útil siempre y cuando sea para hoy y ya no es importante si tiene coherencia con el todo discursivo, si es que lo hay. Y como, en términos de contenido, ya no se depositan recursos en mostrar lo que se es sino lo que no se es, se han vuelto importantes generadores de clivajes políticos más que de argumentos. Luego, se ve que lo que está ordenando la conversación pública en campaña es lo polémico y lo intrascendente que compite en agenda con lo serio y lo relevante. Y aunque esto último no es nuevo, está —otra vez— acelerado e intensificado, territorios digitales de por medio.
En suma, todo este escenario tiene más que ver más con las características de la política en el siglo XXI y en la Sociedad de la Desinformación, que con las condiciones peculiares de este proceso electoral (que existen). No podemos, entonces, declararnos sorprendidos por lo que presenciamos, sino que parece ser tiempo de gestionar este nuevo orden de cosas. El artículo 94 de la Ley del Régimen Electoral señala que los procesos electorales de mandato fijo deben ser convocadas “con una anticipación de por lo menos ciento cincuenta (150) días a la fecha” de la votación. ¿Qué impediría entonces que sean convocadas antes de ese plazo, dado que pareciera que vivimos en el país del panorama electoral permanente?
Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka
