América Latina es una de las regiones más ricas en biodiversidad del mundo y, al mismo tiempo, una de las más vulnerables a los efectos del cambio climático, los incendios forestales, la deforestación, entre otros. Países como Bolivia albergan grandes extensiones de bosques que funcionan como sumideros de carbono, regulan el clima y sustentan innumerables formas de vida. Sin embargo, nuestro país enfrenta una contradicción: depende en gran parte económicamente de actividades que degradan sus ecosistemas, como la minería, la ganadería, la agroindustria y la expansión de la frontera agrícola.
La presión por avanzar en la llamada “transición verde” —la adopción de energías renovables, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo de una economía sostenible— choca con la necesidad de generar ingresos y empleo. En Bolivia, por ejemplo, el auge del litio es visto como una oportunidad para financiar el desarrollo, pero su extracción conlleva impactos socioambientales significativos. Lo mismo ocurre con la expansión de la frontera agrícola o la ganadería, donde el crecimiento económico se enfrenta al costo de la deforestación y la pérdida de biodiversidad.
El cambio climático no es la única presión sobre la región. La deforestación, impulsada por la ganadería y la expansión de la frontera agrícola avanzan a ritmo acelerado. La minería genera conflictos socioambientales, además de afectar zonas que son declaradas parques nacionales. La pérdida de biodiversidad es alarmante, con miles de especies amenazadas por la contaminación. Los conflictos por el agua se intensifican, ya que la agroindustria y la minería consumen y contaminan fuentes hídricas para las comunidades locales. A esto se suma la urbanización descontrolada, que presiona los ecosistemas naturales y genera contaminación.
El dilema es claro: ¿cómo lograr un equilibrio entre el crecimiento económico y la protección del medioambiente? Una posible respuesta está en la bioeconomía, un modelo basado en el uso sostenible de los recursos naturales para generar valor sin destruir los bosques. En Bolivia, por ejemplo, comunidades indígenas, asociaciones de mujeres y hombres de la Amazonía están demostrando que es posible desarrollar cadenas de valor sostenibles a partir de productos del bosque, como la castaña y el asaí, entre otros, que a pesar de las amenazas que enfrentan, como la sequía e incendios, están logrando subsistir y sacar adelante sus emprendimientos. Estos ejemplos muestran que la conservación puede ser económicamente viable y socialmente justa.
Pero, para que la bioeconomía sea una alternativa real y no solo un concepto, se necesita inversión, políticas públicas de apoyo y un cambio de mentalidad en el mercado local y nacional, puesto que el internacional aprecia los productos de la biodiversidad boliviana. Impulsar iniciativas productivas que en su proceso valoren y conserven el bosque, con la mirada de reducir el impacto ambiental y reconocer el rol de las comunidades que conservan los bosques y trabajan por un comercio justo y equitativo con los productos que la naturaleza les da. La paradoja verde no tiene una solución simple. Es momento de reconocer que el verdadero desarrollo sostenible no solo depende de lo que hacemos, sino de cómo lo hacemos y quiénes se benefician de ello.
