La historia económica de Bolivia está marcada por la incesante lucha por salir de la marginalidad dentro del contexto global de la industria de materias primas no renovables; la minería ha sido el sustento económico del país en los siglos precedentes y todavía tiene un peso considerable en los tiempos actuales. El país sigue siendo un enclave de producción de materia prima y de exportación de capitales; el excedente económico generado por la actividad extractiva, en el sentido de valor disponible al final del ciclo de producción y mercadeo, rara vez supera el 10% del valor bruto de mercado en el caso de la minería de metales base y es un poco mayor para metales preciosos. Un intrincado sistema de apropiación del valor que la legislación vigente ordena para la relación de operadores con el Estado, titular y administrador de derechos mineros y regulador de actividades comerciales y de servicios durante el ciclo productivo, hace que el resultado final sea ínfimo.
Ésta es la razón de la lucha de operadores con el Estado por acceder a un mayor nivel de excedente a cualquier precio, lo cual, a su turno, genera una pulseta entre intereses privados y estatales a la hora de controlar la actividad de acuerdo a la ideología del gobierno de turno y de las corrientes económicas en boga en un momento determinado. Los resultados saltan a la vista, no hemos podido desarrollar nuestra minería y, en general, una industria extractiva moderna. Seguimos dependiendo de la posición del péndulo político para definir el accionar en cada caso.
En un antiguo escrito mío sobre el tema (Pulso 29-06 al 05-07 de 2007) y en consuno con la tendencia de cambiar la estructura del Estado y del gobierno a modelos autonómicos y federales, había propuesto algunos puntos a ejecutar en el sector minero para atraer inversiones de riesgo, regionalizar la administración de proyectos e incrementar la competitividad y eficiencia del sector minero. Sin entrar en el detalle de ese escrito que puede verse en mi libro De oro, plata y estaño.
Ensayos sobre la minería nacional (Plural Editores, La Paz Bolivia 2014 y 2017) me referiré a algunos puntos que sintetizan el mensaje: 1) La minería debe tratarse siempre como negocio lo maneje el Estado o los empresarios privados. No se pueden hacer cambios estructurales destruyendo las bases del negocio como se hizo en 1952, 1985 o como se está haciendo ahora con Comibol, Sergeotecmin, etc. 2) La minería en el mundo globalizado depende de una oportuna y adecuada inserción al circuito de capitales y de su sostenibilidad en el tiempo. 3) La reinversión de capitales para generar nuevas minas o nuevas reservas, en el caso de minas en desarrollo, es un requisito indispensable si se quiere sostenibilidad en el tiempo. Se debe ir más allá de la retórica; el pobre portafolio de minas medianas y grandes en actual operación y la ausencia de nuevos proyectos mineros con estudios de factibilidad y/o de ingeniería demuestran todo lo contrario. 4) Ahora que vivimos una nueva oportunidad de cambio deberíamos concretar la regionalización de la administración y del control operativo de los proyectos mineros, el centralismo a través de la historia los ha burocratizado y los fracasos y elefantes blancos, son la prueba de que aquello no funciona. A ver si algún candidato o precandidato se anima a proponer estos cambios y dejar la fanfarria y el show que no nos llevarán a ninguna parte.
Es patético que el departamento de Potosí, con el mayor potencial minero y la concentración de sales más importante; el departamento de Santa Cruz, con uno de los mayores depósitos de hierro-manganeso y la mayor potencialidad en minerales tecnológicos y tierras raras; o La Paz, con la cuenca aurífera más grande del subcontinente, hoy controlada por la minería informal artesanal e ilegal, sean los invitados de piedra cuando se trata de decidir los destinos de sus proyectos o de sus potencialidades específicas en cada caso.
*Es geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.
