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¿Qué harán, señores, con el TCP?

Manfred Reyes Villa estaba prohibido de presentarse a las elecciones de 2021 porque tenía sentencias ejecutoriadas, pero el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) pasó de la norma establecida y decidió allanarle el camino al “Bombón”. La ley establece que, para ser Capitán General de las Fuerzas Armadas, cargo que asume cada presidente electo, se debe ser […]

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Susana Bejarano

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Por Susana Bejarano Auad
/ marzo 4, 2025
en Columnistas, Opinión

Manfred Reyes Villa estaba prohibido de presentarse a las elecciones de 2021 porque tenía sentencias ejecutoriadas, pero el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) pasó de la norma establecida y decidió allanarle el camino al “Bombón”.

La ley establece que, para ser Capitán General de las Fuerzas Armadas, cargo que asume cada presidente electo, se debe ser boliviano de origen; por tanto, si el precandidato Chi Hung Chung ganara las elecciones no podría ejercer mando sobre los militares. Excepto, claro, si el TCP dictaminara lo contrario.

Chi se presentó dos veces a elecciones generales y en ninguno de los casos nadie dijo nada porque al poder político le convenía la dispersión del voto; una vez (2019) en contra de la oposición y otra vez (2020) en contra del MAS. El TCP, que se ha pronunciado muchas veces de oficio, en este caso no dijo una palabra. Tampoco lo hizo el Órgano Electoral. 

Jorge Tuto Quiroga jugó un rol fundamental en los conflictos de 2019. Según versan los testimonios judicializados, fue él quien autorizó la salida del avión que llevó a Evo Morales a México, actuando de facto como jefe de las Fuerza Aérea; por otra parte, a través de su principal asesor y vocero, Luis Vázquez Villamor, consiguió un comunicado del TCP (sin valor legal) para intentar legalizar la sucesión de Jeanine Añez. La pregunta que salta a la vista es: ¿cuál es la relación del TCP con Tuto que éste fue capaz de lograr que emita comunicados convenientes?

En 2017, el TCP falló en contra de la voluntad popular para favorecer la repostulación de Evo Morales. Dijeron que Evo tenía el “derecho humano” de postularse de forma indefinida. Años más tarde, con otro presidente a cargo, el TCP reinterpretó su propia sentencia y dijo que nadie tiene el derecho de postularse de forma indefinida. Por si quedaran dudas, emitió un segundo fallo diseñado para evitar que Morales pudiera postular el resto de su vida a cualquier cargo que lo pusiera en la línea de sucesión constitucional. Algo que, por cierto, la Constitución no señala en ninguna parte. El artículo 168 fija el máximo de una reelección continua, pero no dice nada de las reelecciones discontinuas, que han sido parte de la tradición boliviana.

Quizá el TCP pudo justificar esta su sentencia en el estrés político creado por los conflictos de 2019, explicando que la reelección había generado conflictividad en el país. En lugar de eso, los antecedentes de la sentencia remiten, como es de uso, a una enorme normativa. Pero, ¿estas normas no existían antes, cuando el TCP falló exactamente lo contrario?

Branko Marinkovic, que también figura en la lista de precandidatos, exministro de Economía del régimen de Jeanine Añez, aprovechó esta posición para lograr que el TCP le diera acceso a una enorme cantidad de tierras fiscales. Cuando Marinkovic salió del cargo, el mismo Tribunal se las quitó, para dárselas nuevamente unos meses más tarde y luego volvérselas a quitar. 

Luis Arce es precandidato del MAS, sigla que el TCP entregó, por fuera de sus competencias, a una directiva compuesta por seguidores del presidente. Por confesión del exministro Iván Lima, se sabe que esta maniobra fue parte de un plan gubernamental para bloquear a Morales. Inferimos que el plan no podía ejecutarse sin la ayuda del TCP.

Y en fin. Si buscáramos más, encontraríamos más. Entonces, ¿qué hará el próximo gobierno con el TCP? La respuesta es: nada.

Los políticos saben que pueden servirse de este Tribunal para sus intereses, saben que estos altos jueces responden a agendas políticas para garantizar para ellos mismos inamovilidad y recursos. La reforma judicial no es posible cuando existe, como hemos visto, colusión entre la política partidaria y el Órgano Judicial.

Ahora bien, sin una justicia proba no existe Estado de derecho y sin éste es difícil construir una democracia de calidad. Lo que ocurre en el TCP tiene repercusión en la vida política y social de todos los ciudadanos bolivianos.

En estas elecciones se habla de cambio y renovación, así que lo que se debería preguntar a los candidatos es: ¿qué harán, señores, con el TCP?

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