Decir que estamos ante “la peor Asamblea de la historia” se ha vuelto una narrativa instalada en buena parte de la opinión pública boliviana. Y razones no faltan. En los últimos cuatro años hemos visto más impases, bochornos y denuncias que consensos, debate o legislación relevante. La Asamblea, que en otros momentos funcionó como espacio de formación política, ha pasado a ser el lugar de cultivo de las peores prácticas de nuestra cultura política: individualismo, transfugio, oportunismo, megalomanía, machismo.
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Este último año, varios asambleístas, más que cumplir con su mandato legislativo, están dedicados a configurar su reacomodo político, muchas veces a través de alianzas anticipadas o campañas prematuras que explican la inédita cantidad de licencias solicitadas, que están inviabilizando la realización de sesiones. En un año atravesado por el calendario electoral, donde la agenda política gira casi por completo en torno a candidaturas y campañas, la desconexión entre representación legislativa y ciudadanía se hace cada vez más evidente. Y, sin embargo, siempre parece posible esperar un poco menos.
Pero, como en toda generalización, hay excepciones. Es importante señalar que un puñado de asambleístas ha logrado superar esa inercia con trabajo deliberativo y propuestas. Y la mayoría de ellas son mujeres. El dato cobra especial relevancia frente a uno de los hechos políticos más comentados de la semana, que si bien no involucra al conjunto de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), sí refuerza la percepción que se tiene de su mayoría.
Los días pasados, no generó sorpresa alguna que alguien intentara interferir en el proceso electoral a través del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Lo que sí llamó la atención fue que la acción proviniera de un asambleísta, y más aún, de quien hasta hace poco presidía una de las cámaras. El diputado Israel Huaytari no se había dejado ver públicamente desde el 6 de noviembre, cuando dictó un cuarto intermedio en la sesión de cambio de directiva y no regresó, ni siquiera para denunciar que otros retomaron la sesión sin su presencia. Esta semana reapareció promoviendo una acción de inconstitucionalidad ante el TCP, exigiendo que se garanticen binomios presidenciales paritarios. Así como se lee.
Lo paradójico es que el tema ya estaba sobre la mesa. El Tribunal Supremo Electoral había enviado un proyecto de ley sobre paridad en los binomios a la ALP el 11 de octubre de 2024, cuando Huaytari aún presidía la Cámara de Diputados. Ese proyecto, junto con otros puntos acordados por distintos actores políticos y solicitados formalmente por el TSE, nunca fue tratado por la ALP.
Como suele pasar en escenarios tan cargados de cálculo electoral, esta intervención abrupta no abrió un debate serio, sino una sospecha. Porque si bien es necesario discutir la paridad en los binomios, no puede hacerse de forma instrumental ni oportunista. El debate merece retomarse, claro que sí, pero bajo las condiciones que históricamente han definido las luchas para que la democracia paritaria intercultural avance en Bolivia: con contenido, procesos abiertos, articulaciones amplias y transparencia ante la ciudadanía.
Porque no se puede permitir que en medio de un escenario electoralizado se enuncien derechos, sin asumirlos con coherencia y responsabilidad; ni que se los instrumentalice de forma ilegítima, inoportuna y funcional a otros fines. Lo que está en juego son luchas que no se prestan ni como atajo ni como excusa.
(*) Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Red social X: @verokamchatka
