“Lawfare”, palabra inglesa que traducida al español significa “guerra legal”. O sea: es la instrumentalización de la justicia con objetivos políticos (perseguir adversarios políticos o apartarlos de un juego electoral). Esta forma de hacer política se intensificó en la última época en las democracias latinoamericanas. Esta modalidad fue usada para eliminar a líderes que respondían a lo que se denominó el “giro a la izquierda”. En rigor, al mandatario brasileño Lula da Silva se le encarceló, su sustituta Dilma Rousseff fue destituida de la presidencia, a la exgobernante argentina Cristina Fernández se la persigue judicialmente hasta hoy, al expresidente de Perú Pedro del Castillo se lo removió de su cargo y se lo encarceló. Así, la cadena de ejemplos es más amplia.
¿El lawfare en Bolivia donde empezó? A nuestro juicio, esta modalidad o táctica política fue usada inicialmente por el Movimiento Al Socialismo (MAS), en diciembre de 2016, cuando recurrió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para la una nueva reelección presidencial de Evo Morales, a pesar de que meses antes un veredicto de un referéndum constitucional le negó esa posibilidad al expresidente. Esta decisión del TCP no respondió a la tendencia latinoamericana del lawfare que servía para eliminar a un adversario, sino se forzó la ley para buscar una nueva postulación del expresidente boliviano. Aunque en el curso del gobierno ilegal de Jeanine Añez, que recurrió al TCP para que emita un apócrifo comunicado, en su momento barnizó “legalmente” a ese gobierno fruto de un golpe de Estado.
La intensificación del lawfare fue en el curso de la querella interna en el MAS donde el gobierno de Luis Arce usó al TCP para eliminar al expresidente de cualquier posibilidad de ir a una nueva elección presidencial. Según el criterio de varios juristas, esta determinación no se ajusta a la legalidad. Esta judicialización de la política alcanzó su mayor efecto en el actual proceso preelectoral por la aparición de una cadena de denuncias que apuntaban a sacar de la carrera presidencial a varios candidatos. Casualidad: todos provienen del bloque nacional-popular.
Ese lawfare está contaminando el proceso electoral. No solamente es el TCP, también el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se sometió a las decisiones de los otros órganos del Estado, que está contribuyendo significativamente a la incertidumbre electoral poniendo en vilo a la democracia. Se anda por una senda muy peligrosa ya que la instrumentalización de la justicia por parte de los operadores políticos está desnaturalizando las elecciones.
Este lawfare es una especie de “guerra legal” o, dicho de otro modo, el “uso de la ley como arma” se convierte en una perversa judicialización de la política que no solamente sirve para perseguir a sus adversarios políticos. Entonces, este lawfare se usa ley para propósitos perversos.
Esta imbricación de la inercia del Órgano Electoral que no asume su autonomía constitucional porque está sometido vergonzosamente a las manipulaciones judiciales y al uso escondido de otras fuerzas políticas que usan a ciudadanos inescrupulosos para presentar demandas a doquier con el objetivo de derrumbar a los candidatos presidenciales, especialmente del bloque nacional-popular a sabiendas que las sentencias judiciales les serán favorables.
Entonces, se llegó a la extremis de la judicialización de la política convertida en un peligro inminente para la democracia boliviana. Tanto se luchó por la democracia para caer inexorablemente en las garras del “gobierno de los jueces”. O sea: de los abogados.
*Es sociólogo.
