En América Latina, y particularmente en Bolivia, se suele discutir con frecuencia sobre temáticas relacionadas a los recursos naturales, las inversiones extranjeras o el crecimiento económico; sin embargo, “la institucionalidad” sigue siendo el gran tema pendiente en nuestra agenda nacional. Algo a reflexionar es que, sin instituciones sólidas, transparentes, imparciales y estables, ningún proyecto político o económico tiene futuro. Poseemos grandes riquezas naturales, pero si no contamos con instituciones creíbles y eficientes, el desarrollo seguirá siendo una promesa incumplida.
La institucionalidad es el marco de reglas que sostiene a un país. Define los límites del poder, garantiza los derechos ciudadanos, protege la inversión, organiza el funcionamiento de la economía y permite que los conflictos se resuelvan en el marco de las leyes y no mediante la presión, fuerza o la improvisación.
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Desde la perspectiva política, “institucionalidad” significa respeto a la Constitución, independencia de poderes y funcionamiento efectivo del sistema democrático. La calidad de una democracia no se mide solo por elecciones periódicas, sino por el grado en que sus instituciones garantizan derechos y limitan los abusos del poder. Cuando los gobiernos intentan someter al poder judicial, controlar a los órganos electorales o utilizar las leyes a su conveniencia, debilitan el entramado institucional y minan la confianza ciudadana generando zozobra e incertidumbre.
Un país con instituciones débiles es un país políticamente inestable. Las crisis políticas recurrentes suelen ser, en el fondo, crisis de institucionalidad. La polarización, el autoritarismo y los conflictos sociales no surgen de la nada; son consecuencia directa de instituciones erosionadas o capturadas por intereses particulares.
En el ámbito económico, el vínculo es igual de claro puesto que, la inversión, tanto nacional como extranjera, solo llega donde existe certeza jurídica, estabilidad normativa y respeto por la propiedad privada. Los empresarios no invierten en lugares donde las reglas cambian constantemente o donde el poder político interfiere arbitrariamente.
Por otro lado, una institucionalidad débil promueve la falta de transparencia y propicia la corrupción, que a su vez se convierte en un impuesto oculto para la actividad económica. La corrupción distorsiona los mercados, promueve la baja productividad y competitividad, desalienta la innovación y favorece solo a quienes están cerca del poder. Por lo que, como resultado se obtiene un círculo vicioso enmarcado en menor inversión, menor empleo, menor crecimiento y mayor pobreza.
No se puede hablar de crecimiento económico sostenible sin seguridad jurídica, sin transparencia en la gestión pública, sin respeto por los contratos y sin independencia de los órganos reguladores. Bolivia ha demostrado en distintos momentos de su historia reciente, grandes potencialidades para crecer económicamente; sin embargo, el principal obstáculo ha sido la debilidad institucional. Los cambios abruptos en políticas económicas, las dudas sobre la independencia del sistema judicial, el uso político de instituciones estatales y la inseguridad jurídica han frenado, una y otra vez, el despegue definitivo del país.
La economía boliviana requiere diversificación, inversión productiva y apertura al mundo. Metas que no se podrán alcanzar, sin antes consolidar un sistema institucional fuerte, que garantice reglas claras y estables para todos, sin privilegios ni arbitrariedades.
Instituciones como el Banco Mundial (Índice de Gobernanza Mundial), el Proyecto de Justicia Mundial (Índice del Estado de Derecho), la Transparencia Internacional (Índice de la Percepción de la Corrupción), el Foro Económico Mundial (Índice de Competitividad Global), la Unidad de Inteligencia Económica (Índice de Democracia), entre otras, miden o evalúan periódicamente el nivel de institucionalidad de los países, donde lamentablemente Bolivia ocupa los lugares menos privilegiados.
La construcción de institucionalidad no es tarea exclusiva del gobierno de turno, sino una responsabilidad colectiva: del Estado, los partidos políticos, el sector privado y la sociedad civil. Se requiere una visión a largo plazo que trascienda las disputas coyunturales.
Bolivia no necesita más discursos sobre desarrollo, necesita instituciones que efectivamente lo garanticen. La institucionalidad debe ser entendida como una verdadera política de Estado con características claras de estabilidad, seriedad y sostenibilidad.
No hay países desarrollados sin una institucionalidad fuerte. Esa es la lección histórica y el desafío es asumirla con responsabilidad y compromiso colectivo.
(*) Gustavo Jáuregui Gonzáles es asesor empresarial, especialista en gerencia de organizaciones empresariales
