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Ocaso de Morales

El 22 de enero de 2020, Evo Morales, al momento de dejar la presidencia de Bolivia, quizás hubiera sido llevado en hombros por sus partidarios o hubiera salido al balcón del viejo Palacio Quemado, frente a una multitud atiborrada en la plaza Murillo, habría recibido la ovación de agradecimiento de una muchedumbre por sus 14 […]

Mas y su circo shakespeareano
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Por Yuri F. Tórrez
HURGANDO EL AVISPERO
La Paz / julio 14, 2025
en Columnistas, Opinión

El 22 de enero de 2020, Evo Morales, al momento de dejar la presidencia de Bolivia, quizás hubiera sido llevado en hombros por sus partidarios o hubiera salido al balcón del viejo Palacio Quemado, frente a una multitud atiborrada en la plaza Murillo, habría recibido la ovación de agradecimiento de una muchedumbre por sus 14 años de gobierno. Estas escenas que hubieran sido el corolario a su gestión gubernamental no ocurrieron porque el exmandatario se encargó para que no fuera así. Más bien, el 11 de noviembre de 2019, como consecuencia del golpe de Estado, Morales abandonaba el país en calidad de exiliado.

Morales no comprendió la significación de su liderazgo carismático, se hacía necesario trascender sus intereses y obsesiones personales —el principal: su manía por el poder. No tomó en cuenta la trascendencia de su liderazgo para erigirse en un protector del “proceso de cambio”, sino, se convirtió en su principal destructor: subordinó los intereses del bloque nacional-popular a sus deseos personales.

Hoy, él y sus allegados proliferan que su inhabilitación por parte de sus adversarios a una nueva candidatura presidencial es producto de un lawfare (o sea: el uso del sistema legal para desacreditar, perjudicar o perseguir a un adversario político); efectivamente. este razonamiento es válido. No obstante, amerita explicar el trecho recorrido para que esto ocurriera.

El primero fue utilizar al Tribunal Constitucional Plurinacional (TPC) por parte de Morales para torcer la voluntad popular, a pesar de los guarismos del referéndum constitucional que impedía una nueva candidatura presidencial. Es decir, fue un lawfare, pero a la inversa. Este hecho jurídico generó dos hechos políticos: el primero fue una estocada a la Constitución Política del Estado (CEP), ya que con la habilitación de Morales a una nueva postulación presidencial no se reconocía el espíritu de la “democracia intercultural” que significa el reconocimiento de diferentes formas de democracias. El referéndum constitucional forma parte de la democracia participativa. El segundo efecto político generó las condiciones para que sectores urbanos y opositores al Movimiento Al Socialismo (MAS) se movilizarán en una cruzada que culminó con el resquebrajamiento de la democracia.

En vez de hacer una mea culpa de los yerros políticos y buscar un camino para la reforma moral e intelectual dentro del MAS, sucedió todo lo contrario. A pesar de existir una demanda interna de conjurar fantasmas internos para fortalecer el proyecto político, Morales se embarcó en su proyecto reeleccionista que provocó un tensionamiento fuerte con un enfrentamiento encarnizado con el actual presidente, Luis Arce. Una de las respuestas del gobierno de Arce fue la judicialización de la política para proscribir legalmente a Morales de participar en la contienda presidencial. Posteriormente, el expresidente reaccionó con movilizaciones sociales que no surgieron efecto político porque contribuyó a desportillar su imagen política de él y la imagen del presidente Arce que, además, acechado por denuncias de corrupción y una crisis económica no le quedó otra opción de bajar su candidatura presidencial. O sea: los actores estratégicos —Morales y Arce— de la trifulca dentro del MAS quedaron al margen del proceso electoral.

Moraleja: un verdadero líder político debe pensar en el proyecto colectivo y no en sus intereses. Aquí la razón porque Morales no consolidó su imagen de estadista para la historia porque no esquivó las tentaciones del poder que, finalmente, provocó su ocaso político.

*Es sociólogo

en tendencia: Opinión

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