Somos un país constituido mayoritariamente por clases medias bajas y pobres, donde uno de cada dos ciudadanos vive en la pobreza o en riesgo de caer en ella. Esta situación es aún más lacerante en el área rural. Precisamente, este sector de la población fue el que, el pasado 19 de octubre, definió la elección de un nuevo presidente para Bolivia.
El electorado boliviano ha experimentado un viraje significativo en sus preferencias. Más allá de las causas inmediatas —como el fin del ciclo hegemónico del MAS, la politización de la justicia y un voto de castigo por los malos resultados económicos— se percibe un cambio en la mentalidad colectiva. Esta transformación muestra una mayor receptividad hacia las ideas liberales y conservadoras de los frentes alternos. No se trata de un ajuste superfluo, sino de un fenómeno sociopolítico que ha dado lugar a un nuevo votante mediano, promercado y que pertenece a las clases medias bajas y pobres.
La “derechización” del electorado popular no es un fenómeno nuevo en la región o el mundo, pero en Bolivia llama la atención por la rapidez con la que se ha consolidado.
A este votante, que denominaremos “el pobre de derecha” —sin intención peyorativa, sino para caracterizar su perfil sociopolítico—, lo define un perfil específico: se encuentra entre la juventud y la adultez, proviene mayormente de zonas urbanas y periurbanas del eje troncal, completó el bachillerato, pero no necesariamente la educación superior, trabaja en el sector informal de la economía y pertenece a los estratos de clase media baja o baja.
En el plano económico, el “pobre de derecha” ha internalizado el discurso de las élites, que cuestiona el gasto público y la intervención estatal. Sin embargo, no es del todo consciente de que esos mismos recursos, a los que algunos políticos tildan de “despilfarro y gastadera”, son los que le han permitido un mayor acceso a educación, salud, infraestructura y una reducción de la pobreza sin precedentes. Critica la ineficiencia del gasto público, pero se beneficia diariamente de los bonos sociales y las prestaciones que este le provee. Condena la subvención a los hidrocarburos, pero la recibe a diario. Sus hijos estudian en colegios públicos, accede al sistema universal de salud y sus padres son beneficiarios de la Renta Dignidad.
Asimismo, reproduce el discurso que promueve la privatización de las empresas públicas, sin reconocer que son estas instituciones las que le garantizan el acceso a bienes y servicios esenciales —como la electricidad, el transporte o el agua potable— a precios justos.
El “pobre de derecha” a menudo reniega de su propia condición social y aspira a aparentar un estatus que no posee. Muchos se autoperciben como clase media, cuando en realidad la crisis económica los ha relegado a la pobreza. Sueña con ser emprendedor, pero, a los ojos de las élites que admira, no pasa de ser un trabajador informal.
Cree que medidas como eliminar la subvención, devaluar la moneda y recortar el gasto público estabilizarán la economía, sin ser consciente de que él será el primer afectado por ese ajuste. Ha perdido el sentido de solidaridad y abraza valores de interés individual. Le han vendido la idea de que el “capitalismo es para todos”, pero su condición de clase trabajadora, informal o campesina le limita que pueda disfrutar de sus beneficios.
Opina que la corrupción se erradica desmantelando al Estado, bajo la premisa de que “sin un cuerpo, no hay delito”. Esta postura, no obstante, conlleva el riesgo de debilitar funciones estatales vitales.
Tradicionalmente, se creía que la derecha necesitaba ampliar su base electoral para triunfar, algo que sus políticas de concentración de riqueza y exclusión social hacían improbable. El “pobre de derecha” no es el culpable de esta paradoja, sino un producto social, fruto de las decepciones y frustraciones de un ciclo político inconcluso. El sistema lo ha engendrado para que defienda los intereses de una clase que no es la suya.
El “pobre de derecha” no es una simple contradicción; es una victoria del sistema. Seguirá siendo pobre, pero orgulloso de haber cambiado su preferencia electoral, porque apuesta por un cambio. La gran ironía —y el reto para los políticos— es si ese cambio que anhela, en verdad le será concedido.
