Toda campaña electoral se basa en prometer una versión mejorada del país. Pero cuando el estado de emocionalidad colectiva se disipa y empieza el gobierno, lo que queda es la prueba de coherencia que es traducir el relato de un triunfo arrollador en capacidad de gestión. Así, lo que en campaña fue virtud —una estrategia que fue capaz de sumar diversos fragmentos de una mayoría del país— hoy amenaza con volverse un problema en la práctica del gobierno.
Los primeros días de gestión dejan señales mixtas. Las buenas indican que en el plano económico, los indicadores avanzan hacia una mejora: el riesgo país alcanzó su nivel más bajo en dos años y la cotización no oficial del dólar comenzó a estabilizarse tras meses de volatilidad. A ello se suma un nuevo acuerdo de crédito con la CAF, y un viraje diplomático que asume con realismo el escenario multipolar global (aunque siempre se puede evitar estrechar la mano del Estado genocida de Israel pues conflictúa irremediablemente la moral del país). Todo ello, junto con el arribo del tan añorado gas en plena transmisión de mando y la buena acogida del equipo económico, construye una atmósfera de optimismo moderado.
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Pero también están las otras señales. La eliminación del Ministerio de Justicia, prometida durante la campaña, no ocurrió. El presidente había afirmado que el gabinete ya estaba completamente definido antes de la posesión, y no fue así: todavía falta designar al ministro de Minería. También había asegurado que ninguno de los integrantes de la comisión de transición formaría parte del gabinete, pero su principal coordinador, hoy es ministro. También está el riesgo de giros discursivos: el anuncio de que Bolivia podría convertirse en un Estado federal, una idea jamás planteada en campaña. O la propuesta del “Gobierno del futuro verde”, que empieza a conflictuarse tras la “absorción” del Ministerio de Medio Ambiente en una cartera bajo la tuición de un profesional vinculado a la agroindustria.
Estas contradicciones y desajustes son claves decidoras de las condiciones de partida: el nuevo gobierno nace con un gabinete donde conviven: empresarios, actores de la alianza Unidad, Morales de Democracia Directa, laristas, rodriguistas y miristas. Además, viene de un programa de gobierno que se fue construyendo en campaña y un Vicepresidente muy aceptado que levanta continuamente los filtros del poder ante la ciudadanía, bajo un inédito modelo de comunicación gubernamental que la descentraliza.
A ello se suma un contexto complejo: una política acelerada, moldeada por la inmediatez digital y la emocionalidad de las redes. Ya no es posible medir los tiempos del poder como en los años noventa; hoy las percepciones cambian en cuestión de horas. El voto emocional que llevó al presidente a la victoria puede transformarse con la misma rapidez en lo contrario. El escenario global tampoco ofrece tregua. La economía internacional atraviesa una fase adversa, y América Latina vuelve a estar en el radar geopolítico de Estados Unidos. En ese entorno de alta tensión, la indefinición ideológica que en campaña funcionó como táctica de “atrapa todo” se convierte en un desafío para la gestión: mantener unido un gobierno plural sin diluir su sentido y horizonte político.
El voto ciudadano fue sabio, pero también exigente. No entregó un cheque en blanco: puso a prueba la capacidad del presidente para gobernar en coherencia con su binomio, sus promesas y sus discursos. Porque en un tiempo político fugaz, fragmentado y líquido, gobernar ya no consiste solo en administrar; implica también ordenar, equilibrar y, sobre todo, mostrar la coherencia entre lo que se dijo y lo que se hace.
(*) Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka
