Si algo han dejado ver varios hechos en las últimas semanas es la velocidad con la que los acontecimientos públicos quedan atrapados en una atmósfera de sospecha. Tragedias, anuncios políticos o gestos institucionales parecen atravesar un mismo filtro: antes que profundizarse, se dudan. Como si la primera respuesta ante cualquier hecho colectivo fuera asumir que algo no es lo que parece.
Esto ocurre en un país donde la confianza interpersonal es particularmente baja; son distintos los estudios que dan cuenta de que apenas el 8 o 9 % de las y los bolivianos cree que se puede confiar en la gente. En contextos así, la confianza se resguarda para los cercanos: la familia, los amigos, el círculo íntimo. Ante los desconocidos predomina la cautela: no se confía en lo que se no se conoce.
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Para peor, la polarización política ha profundizado aún más ese fenómeno. Cuando los clivajes identitarios se vuelven intensos, las diferencias políticas empiezan a funcionar como fronteras sociales y quien está al frente deja de ser alguien con quien se discrepa para convertirse en alguien en quien no se puede confiar.
No es casual que las sociedades con instituciones más sólidas presenten también altos niveles de confianza social. En sociedades de la confianza -como la noruega- más de la mitad de la población considera que se puede confiar en los demás. Esto funciona allí como una infraestructura invisible pero poderosa de la vida pública: sobre esa base se construyen la cooperación social, las instituciones y, finalmente, la legitimidad (de la) política.
Los hechos recientes lo ilustran bien. En los luctuosos acontecimientos ocurridos en El Alto, incluso frente a una tragedia, lo que predominó fue la sospecha ante el horror, por un lado; y la rápida estigmatización de la ciudad, por el otro. Algo similar ocurrió con el intento de instalar la idea del 50/50: antes de profundizar en la propuesta, lo que se puso en duda fue la intención (como no: tiempos electorales). Incluso gestos institucionales caben, es el caso del reciente encuentro entre el ministro de la Presidencia y el Vicepresidente, la pregunta más repetida no fue qué implicaba políticamente el acercamiento, sino cuánto duraría la armonía de la foto.
Cuando la sospecha se vuelve reflejo automático, todo (o casi todo) está en disputa. Así, resulta difícil imaginar una reconstrucción democrática si el deterioro de la confianza continúa expandiéndose entre ciudadanos y entre ciudadanía y gobierno. Para cumplir con el desafío de este tiempo político no se requiere solo reparar la institucionalidad democrática, sino previamente reconstruir algo más elemental: la posibilidad de creer unos en otros.
Y aquí emerge un elemento que se ha mencionado hasta el hartazgo: la gestión de la comunicación gubernamental. Si la confianza es el puente entre gobernantes y gobernados, la comunicación es el mecanismo mediante el cual ese puente se construye. No se trata solo de informar decisiones, sino de producir credibilidad sobre el accionar del poder público, de producir certeza y certidumbre continuamente, a diario.
Claro, para que cualquier proceso comunicacional gubernamental sea efectivo, no basta sólo la aplicación técnica óptima sino el concreto accionar político. Así, el Poder Ejecutivo y el Legislativo debieran ser los primeros en atender la confianza que recibieron del voto popular, protegiéndola y mejorándola. Instrumentalizar la verdad para obtener victorias pírricas puede rendir en el corto plazo, pero a la larga solo profundiza el deterioro. Porque si quienes ocupan las posiciones centrales del poder no logran transmitir credibilidad y confianza, la pregunta inevitable de cuándo podremos confiar unos en otros vuelve una y otra vez a la conversación pública para quedarse sin respuesta.
(*) Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatkaio Internacional
