E s difícil no referirse al llamado “accidente de los billetes”. A más de dos semanas del siniestro, las causas aún no han sido esclarecidas. El resumen de los hechos es conocido. Un avión se estrelló en El Alto transportando 17 millones de billetes. Tras el impacto, curiosos que transitaban por el lugar se arremolinaron en torno al siniestro. Hubo caos. Algunos recogieron billetes esparcidos en el lugar. Luego la policía tomó el control y los billetes restantes fueron quemados.
En medio de la confusión, el Banco Central emitió un comunicado inhabilitando toda la serie B. Veinticuatro horas después publicó una nueva instructiva detallando los números específicos afectados y anunciando que el resto recuperaría su validez en 48 horas. Sin embargo, para entonces el daño ya estaba hecho. El lunes siguiente, gran parte de la población seguía rechazando los billetes de esa serie guiándose por la primera comunicación oficial. Fue entonces cuando comenzó una suerte de cacería de brujas contra ciudadanos alteños, con decenas de personas arrestadas.
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El dinero, conviene recordarlo, es una construcción social. Los billetes son papel que intrínsecamente no vale nada; su valor depende de la confianza que el Estado deposita en ellos y de la confianza que la población tiene al aceptarlos. Cuando la autoridad monetaria anunció que “todos” los billetes de una serie quedaban momentáneamente estériles —sin distinguir su origen— esa confianza fue seriamente dañada. De un momento a otro, muchos ciudadanos sintieron que el dinero que habían ganado con su trabajo podía dejar de valer. Intentar corregir la medida después resultó insuficiente. Una parte de la población simplemente dejó de aceptar esos billetes.
Hoy realizar una transacción con billetes de la serie B se ha convertido en un pequeño vía crucis. Cada operación requiere verificaciones adicionales y puede tomar entre 45 segundos y un minuto y medio. Parece poco, pero acumulado a lo largo del mes puede representar cerca de una hora de fricción adicional en operaciones que antes eran inmediatas. Las filas en el Banco Central y en los bancos comerciales para cambiar o fraccionar billetes se multiplicaron hasta que el BCB dejó de cambiar billetes. Los cajeros automáticos expulsan billetes de la serie B que no todos los pueden intercambiar. La población protesta.
La literatura económica conoce este fenómeno como “costos de suela de zapatos”: el tiempo y esfuerzo que las personas deben dedicar a gestionar su dinero cuando el sistema monetario pierde eficiencia. Sin embargo, la desmonetización de billetes dañados no es tarea de la población. Es una responsabilidad exclusiva de la autoridad monetaria, y trasladar ese costo a los ciudadanos resulta, cuando menos, irresponsable.
En este contexto, calificar como “robo” la pérdida de material monetario como afirma el Ministro de economía y el presidente del BCB constituye un exceso verbal. El robo implica violencia o intimidación y una acción deliberada de desposesión. En el aeropuerto, la única violencia registrada fue la intervención policial para dispersar la aglomeración. Recoger billetes esparcidos en el suelo no convierte automáticamente a alguien en delincuente.
La pregunta de fondo es otra: ¿a quién pertenecían esos billetes? No al gobierno de turno, sino al Estado, es decir, a todos los bolivianos. Criminalizar a la población no exime a las autoridades de posibles negligencias administrativas en el manejo del siniestro.
Hoy el gobierno enfrenta una disyuntiva clara: reemplazar gradualmente toda la serie B para retirar definitivamente los billetes comprometidos o restablecer la validez plena de todos ellos. Mantener la inhabilitación parcial permite mayor control, pero a costa de elevados costos transaccionales para la población. Y, en la práctica, parte de esos billetes ya circulan en la economía informal.
El siniestro ha dejado algo más delicado: una crisis de confianza en los medios de pago porque la confianza está rota. Cuando se compromete la fe pública del Estado, recuperar credibilidad toma su tiempo. En un contexto económico delicado, la conducción de la política monetaria exige instituciones sólidas y decisiones pragmáticas.
En economía rara vez existen soluciones mágicas; lo que sí se necesita es responsabilidad y, sobre todo, evitar que los errores administrativos terminen pagándolos los ciudadanos.
(*) Omar Rilver Velasco es habitante del Kollasuyo, Yatiri económico y promotor del Vivir Bien.
