Hubo un tiempo —no tan lejano— en que Bolivia podía nombrar sus jornadas electorales como una “fiesta democrática”. Se trataba de un ritual colectivo reconocible: la participación como expresión de coincidencia de que nuestras diferencias podían tramitarse mediante urnas. Hoy, en cambio, entre el cambio de ciclo nacional, el giro ideológico regional y la crisis global de la democracia, asistir a las urnas se va volviendo menos un acto de convicción y más una obligación constitucionalizada.
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Las Elecciones Autonómicas 2026 no escapan a ese clima. Si algo quedará en la memoria de este proceso no será la aparición de liderazgos o propuestas, sino esta sensación persistente de fatiga e incertidumbre política, donde lo sustantivo queda desplazado: el debate sobre el llamado 50/50 —que quiso ser un eje estructurante— terminó diluido entre consignas y polémicas, con un gobierno central que, siendo protagonista, ofreció poco contenido para una discusión de fondo. Habrá que ver el rumbo que toma ese debate sin una campaña de por medio.
El proceso exhibió, además, síntomas más profundos del deterioro del sistema político. La inusitada cantidad de candidaturas dio cuenta de una democratización mal encarada: al parecer demasiados creen tener una oportunidad, pero no todos construyen un proyecto. La proliferación de amateurs (ya no califican como outsiders)—en sintonía con una época digital que desconfía de los expertos— convivió con la crítica normalización de los llamados “taxi partidos”: estructuras sin programa, sin anclaje territorial ni horizonte ideológico (pragmatismo es la categoría de moda), disponibles al mejor postor. Nuestra política se acerca peligrosamente a una lógica de mercado.
En ese contexto, los debates en bloques fueron complejos de gestionar y difíciles de consumir: pasivo-agresivos, rebalsando de candidatos hombres, escaseando de contenidos e incapaces de ordenar la oferta electoral. Y en medio de ese ruido, no pocos confundieron el potencial de viralidad con el potencial político, apostando más por el algoritmo que por la construcción de representación. Consolidando esa errónea creencia de que comunicación pesa más que política hoy.
A ello se sumó un manejo institucional que no contribuyó a la claridad: decisiones distintas a las del pasado, notificaciones erráticas, candidaturas en vilo hasta último momento. En este escenario, cada complejidad o burocracia procedimental pesa el doble.
El resultado previsible es un escenario remozado pero fragmentado: varias autoridades electas con poco apoyo, concejos y asambleas atomizadas: gobernabilidades frágiles. En muchos territorios, las autoridades podrían ser electas con muy poco porcentaje de votos; en otras, la segunda vuelta podría definirse con márgenes mínimos. El voto blanco y nulo podría convertirse en un actor silencioso que facilite victorias sorpresa con escaso respaldo.
Pero más allá de quién gane dónde, lo que estas elecciones parecen confirmar es el fin de un orden conocido sin que tengamos aún claridad sobre el que viene. La vieja lógica de clivajes ya no organiza nuestras preferencias, pero tampoco emerge una nueva narrativa capaz de articular expectativas.
Entre el desencanto y la dispersión, la política territorial se reconfigura sin brújula. Así como los mapas municipales y departamentales quedarán abiertos y difíciles de gobernar, también lo estará la reconfiguración del mapa político nacional. Lo que viene no es solo una nueva distribución del poder territorial, sino una pregunta mayor, aún sin respuesta: cómo reconstruir sentido político común en un país que parece votar, cada vez más, con menor convicción.
(*) Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatkaio Internacional
