Desde la sociología de la vida cotidiana, ese campo que nos enseñaron a mirar con atención autores como Henri Lefebvre o Erving Goffman, la existencia en los países periféricos no se define tanto por los grandes discursos como por la acumulación silenciosa de obstáculos diarios.
No es la épica del desarrollo la que marca la experiencia vital, sino la rutina de la carencia, la incertidumbre y la adaptación permanente. Vivir, en este contexto, muchas veces se parece demasiado a sobrevivir.
La salud es quizás el primer filtro de esta realidad. En amplias regiones del mundo periférico, enfermarse no solo es un problema biológico, sino también económico y social. La precariedad de los sistemas públicos y la desigualdad en el acceso generan una ciudadanía estratificada por su capacidad de curarse. Como advertía Michel Foucault, el poder también se ejerce sobre los cuerpos, y en nuestros contextos ese poder se manifiesta en la desigual distribución de la vida misma. Hay quienes tienen derecho a sanar y quienes apenas pueden aspirar a resistir.
En educación, la promesa moderna de movilidad social se desdibuja. Pierre Bourdieu explicó con lucidez cómo el capital cultural se reproduce, y en nuestros países esa reproducción es brutalmente visible. Escuelas sin infraestructura, docentes mal remunerados y brechas entre lo público y lo privado consolidan trayectorias desiguales desde la infancia. La educación deja de ser una palanca de cambio para convertirse, en muchos casos, en un mecanismo de reproducción de la desigualdad.
La vivienda, por su parte, es el escenario físico donde se materializa la exclusión. Las periferias urbanas crecen sin planificación, sin servicios básicos y sin acceso pleno a la ciudad. Allí, la informalidad no es una elección, sino una imposición estructural. Como diría Saskia Sassen, estas geografías de la expulsión son el resultado de dinámicas globales que desplazan a millones hacia márgenes donde el Estado llega tarde o no llega.
A esto se suma la fragilidad institucional. En sociedades donde las reglas son inestables o selectivas, la confianza se erosiona. La vida cotidiana se organiza entonces en torno a la incertidumbre. Los trámites que dependen de favores, justicia que no siempre es imparcial, políticas públicas que cambian con cada ciclo político. La institucionalidad débil no solo afecta la macroeconomía o la gobernabilidad, si no, impacta directamente en cómo las personas planifican, o no pueden planificar, su futuro.
Finalmente, la brecha digital introduce una nueva dimensión de desigualdad. En un mundo donde el acceso a la información, al conocimiento y a las oportunidades depende crecientemente de la conectividad, quedar fuera del ecosistema digital equivale a una nueva forma de exclusión. No se trata solo de tener internet, sino de saber usarlo, de integrarse a una economía del conocimiento que avanza más rápido que nuestra capacidad de adaptación.
En este contexto, la inquietante tesis de Yuval Noah Harari sobre la posible emergencia de “clases o naciones inservibles” deja de ser una provocación teórica para convertirse en una pregunta urgente. ¿Estamos condenados a ese destino? La respuesta no es fatalista, pero sí exige realismo. No hay determinismo geográfico ni histórico absoluto, pero sí hay condiciones estructurales que pesan.
No se trata únicamente de recursos naturales o de crecimiento económico. Lo que está en juego es la capacidad de construir instituciones sólidas, invertir sostenidamente en educación y salud, reducir desigualdades y cerrar la brecha digital. En otras palabras, de transformar las condiciones de la vida cotidiana.
Porque al final, la diferencia entre vivir y sobrevivir no radica solo en el ingreso o en el consumo, sino en la posibilidad de proyectar una vida con dignidad, con certezas mínimas y con horizontes abiertos. Y esa posibilidad, en los países periféricos, sigue siendo el mayor desafío colectivo de nuestro tiempo.
*Es sociólogo
