Los reportes de las misiones de observación electoral coinciden en que el proceso fue transparente y confiable. Esa valoración no desentona con lo que se vivió el domingo, marcado por una participación masiva y la ausencia de conflictos. Bolivia volvió a mostrar en las urnas su vocación democrática.
Ese clima de paz tiene una explicación. A diferencia de otros procesos, esta elección se desarrolló sin la hegemonía del masismo ni su influencia asfixiante sobre el escenario electoral. Eso permitió un desenvolvimiento más equilibrado y una percepción de mayor confianza.
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Hasta ahí, la lectura es alentadora. Ahora veamos los resultados.
Pocos lograron triunfos contundentes. En la mayor parte del país, los resultados fueron ajustados y sin mayorías claras.
Hay excepciones. En Santa Cruz, el fenómeno de Mamén Saavedra se traduce en un dominio casi total del Concejo Municipal. En Tarija, Johnny Torres obtuvo más de la mitad de los votos. Y en Cochabamba, Manfred Reyes Villa reafirma una trayectoria política singular.
Apenas dos de nueve gobernadores lograron asegurar sus cargos: en Potosí, el experimentado René Joaquino, y en Pando, la joven Gabriela de Paiva.
Pero la regla general es otra. Lo que emerge es una fragmentación evidente. No se trata de un hecho aislado. Expresa el desgaste de los partidos políticos y la irrupción de nuevas formas de representación.
Se multiplican las candidaturas y se dispersa la oferta electoral, pero se debilita la posibilidad de construir mayorías. El problema ya no está en el voto, sino en cómo se gobierna después.
Y ahí el desafío se vuelve más complejo. Las autoridades electas responderán, como es natural, a sus realidades locales. Su prioridad será gestionar recursos y atender demandas inmediatas. Esa es la lógica del poder territorial. En la búsqueda de más fondos, todas presionarán al Estado; es decir, al gobierno.
Sin embargo, el país está en crisis. Y el gobierno se mueve entre la presión por recursos, la falta de dinero disponible y la necesidad de desmontar el modelo económico heredado del masismo/socialismo. El vaciamiento de las arcas fiscales y las cargas que dejó forman parte de una realidad que ya no admite evasivas.
No es momento de lidiar por la repartija de lo poco que queda. Es momento de crear más. La crisis no se resuelve distribuyendo escasez, sino generando condiciones para producir, invertir y crecer.
Ahí aparece la tensión de fondo. Porque reactivar la economía implica salir de la crisis y salir de la crisis exige decisiones que no admiten demora.
Se han tomado algunas medidas urgentes, pero lo decisivo sigue pendiente.
Hace falta modificar la estructura legal estatista heredada del MAS, que hoy funciona como una barrera para la inversión y la iniciativa privada. No habrá atracción seria de capitales sin seguridad jurídica y sin cambios de fondo en áreas decisivas, empezando por el régimen de inversiones, hidrocarburos, recursos evaporíticos y minería.
También siguen pendientes otras definiciones que no pueden postergarse mucho más, como el rediseño del aparato estatal, la reforma judicial, el destino de las empresas públicas deficitarias, la recuperación del equilibrio fiscal y un marco tributario que no castigue al que produce. Sin normalizar, además, el sistema cambiario y financiero, cualquier intento de reactivación será insuficiente.
Nada de eso es sencillo. Todo eso es necesario. Pero la transformación del modelo económico que imperó por dos décadas no podrá sostenerse sin un sólido respaldo político. Ese es el problema central.
Las fuerzas con representación legislativa no están separadas por diferencias ideológicas insalvables. Comparten, en diverso grado, la democracia como sistema y la necesidad de una economía más abierta. El obstáculo no es doctrinario. Es político. Y en no pocos casos, también personal.
Hace falta entender, de una vez, que sin un acuerdo político amplio cualquier intento de reforma quedará atrapado en la disputa o en el bloqueo.
Ese acuerdo no puede limitarse a las fuerzas con representación nacional. Debe incorporar a los liderazgos territoriales que hoy cuentan con legitimidad propia, porque serán ellos quienes, en la práctica, condicionen la viabilidad de cualquier decisión.
El primer paso le corresponde al gobierno. Le toca convocar, fijar una agenda y crear condiciones para un entendimiento.
Debe hacerlo pronto. No se puede vivir indefinidamente del crédito. El endeudamiento no sustituye la inversión ni la producción, tampoco genera empleo sostenible ni aporta al fisco.
Y el mayor riesgo es que la falta de resultados termine erosionando la confianza colectiva y abra paso, una vez más, a la nostalgia por el mismo esquema que llevó al país a la crisis actual.
Bolivia no necesita más discursos. Necesita decisiones. Necesita acuerdos. Necesita un PACTO POR LA PATRIA.
Y lo necesita ahora.
(*) Johnny Nogales Viruez es abogado y analista político
