Después de más de una década sin espacios amplios de diálogo, las recientes Jornadas Culturales Plurinacionales marcan un punto de partida que merece atención. Convocadas por el Viceministerio de Culturas y Folklore, estas sesiones —que se realizan en diez ciudades del país— buscan sentar las bases de un Plan Nacional de Fomento al Desarrollo Cultural. En La Paz, el encuentro reunió a más de dos centenares de participantes a fines de marzo.
El objetivo es ambicioso: construir, de manera participativa, una hoja de ruta que fortalezca el ecosistema cultural boliviano mediante la articulación entre el Estado, los gobiernos subnacionales y los propios actores culturales. Más allá de sus limitaciones, el proceso deja una señal clave: la cultura debe y vuelve a instalarse como tema de discusión pública.
Las jornadas paceñas evidenciaron algunas fortalezas y debilidades, así como también oportunidades. La convocatoria fue abierta y diversa, lo que mostró apertura para recoger múltiples voces. Sin embargo, el tiempo resultó insuficiente y parte de la agenda se diluyó en discursos innecesarios. Además, la habitual paradoja de la gestión pública: mucha expectativa frente a recursos y tiempos limitados. Aun así, el balance es positivo. Volver a encontrarse ya es, en sí mismo, un logro, pues más allá de la agenda oficial, fue una oportunidad para reconectar y generar iniciativas paralelas, más encuentros y más propuestas.
El trabajo se organizó en mesas temáticas que revisaron un documento base y, a partir del mismo, propusieron lineamientos para el plan. De ese intercambio emergieron sendas propuestas (mi primer borrador es de 15 páginas), y adelantándome a la sistematización del despacho estatal, comparto aquí algunas coincidencias relevantes. La primera: la necesidad de un Estado más activo, no solo como financiador, sino como articulador y garante del sector. Se plantea avanzar hacia un Sistema Nacional de Culturas, con instancias de representación legítimas y normas actualizadas que reconozcan, entre otros aspectos, la figura del trabajador cultural.
En segundo lugar, el financiamiento aparece -cuándo no- como un nudo crítico. No se trata únicamente de incrementar recursos, sino de institucionalizarlos, diversificarlos y gestionarlos con transparencia. La cultura sigue siendo considerada como gasto cuando, en realidad, es una inversión con retorno social y económico comprobable. Se requiere impulsar la inversión privada y la cooperación internacional, saldando deudas con fondos internacionales como Ibermúsicas e Ibermuseos.
Otro eje clave es la información. Sin datos, no hay política pública sostenible. La creación de un sistema plurinacional de información cultural permitiría dimensionar el sector, mejorar la toma de decisiones y visibilizar a sus actores, más allá de los circuitos tradicionales.
La formación y la profesionalización también ocupan un lugar central. No basta con el talento: se requieren capacidades, herramientas y reconocimiento. Finalmente, la salvaguarda del patrimonio y la movilidad cultural aparecen como desafíos urgentes en un contexto de globalización y circulación desigual.
La reflexión final del viceministerio propuso una dirección: este plan no puede ser solo institucional. Debe ser asumido como una construcción colectiva, con responsabilidades compartidas y una visión integral del sector. Cambiar la percepción de la cultura —de lo simbólico a lo estratégico— es, quizás, el mayor reto.
Las jornadas no resuelven los problemas estructurales, pero abren una puerta. Lo que sigue es más difícil: sostener el diálogo, traducirlo en políticas concretas, mejorar el alcance y evitar que el entusiasmo inicial se diluya o que avances clave se pierdan. Bolivia necesita una política cultural a la altura de su diversidad. Este puede ser un comienzo.
