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Cómo se definen las políticas educativas

El Ministerio de Educación organizó recientemente un Encuentro por la Educación, destinado a recoger insumos y preparar un “gran acuerdo por la educación” para la elaboración de la nueva ley educativa. La convocatoria fue presentada como un ejercicio plural, abierto y participativo. Sin embargo, al observar con detenimiento quiénes ocuparon la pantalla y el micrófono, […]

Retorno de lo privado a educación
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Por Roberto Aguilar Gómez
DEBATES DIFERIDOS
La Paz / abril 29, 2026
en Opinión>Columnistas

El Ministerio de Educación organizó recientemente un Encuentro por la Educación, destinado a recoger insumos y preparar un “gran acuerdo por la educación” para la elaboración de la nueva ley educativa. La convocatoria fue presentada como un ejercicio plural, abierto y participativo.

Sin embargo, al observar con detenimiento quiénes ocuparon la pantalla y el micrófono, se observa que se repite la línea trazada por el gobierno del presidente Paz desde su posesión: predominancia de los sectores privados frente a los sociales; organismos internacionales y especialistas externos frente a instituciones educativas de la sociedad civil; y, funcionarios e iglesias frente a los actores principales, maestros, estudiantes y padres de familia.

La composición del encuentro es notoriamente significativa. Además de la participación de las autoridades ministeriales, el evento fue iniciado por las asociaciones de institutos técnicos privados, universidades privadas, colegios privados y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Los sectores públicos fueron representados por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana.

Las representaciones sociales tuvieron la participación del presidente de la Junta Nacional de Padres y Madres de Familia, de un representante de los Consejos Educativos de Pueblos Originarios y un maestro del Comité Ad Hoc de la Confederación de Maestros Rurales. La sociedad civil estuvo representada por la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación.

Como panelistas de fondo estuvieron presentes los organismos internacionales de financiamiento como el Banco Mundial, el BID, la CAF y UNICEF; cierra esta lista de expertos financiadores de la educación, un investigador del Harvard Growth Lab, es decir, representante del empresario privado Marcelo Claure.

Es importante recordar que todos vienen con agendas, metodologías y prioridades que no siempre coinciden con la compleja y diversa realidad del sistema educativo boliviano. Frente a ese bloque de más de una docena de instituciones con peso político, económico o técnico, solo tres actores sociales directamente vinculados a la escuela tuvieron presencia.

La desproporción en las voces y propuestas no es secundaria, es el síntoma de un modo de gobernar la educación que privilegia la voz de quienes observan el sistema desde lo privado, desde el privilegio de la consultoría internacional, desde lugares tecnocráticos.  ¿Cómo puede hablarse de participación cuando quienes enseñan, quienes aprenden y quienes acompañan la educación de sus hijos son minoría en su propia discusión? ¿Cómo se puede diseñar una ley educativa escuchando más a los especialistas que a los maestros y maestras que deberán implementarla, o a las comunidades que viven las brechas estructurales del sistema?

El Ministerio insiste en que busca “miradas especializadas”, pero la pregunta de fondo sigue sin resolverse: ¿quién debe definir las políticas públicas en educación? ¿Los expertos que analizan la realidad desde modelos econométricos, o los actores que la viven en aulas sin agua, en escuelas multigrado, en barrios donde la educación compite con la precariedad, o en comunidades indígenas donde la escuela es también territorio, identidad y memoria?

La técnica es necesaria, pero no suficiente. Ningún diagnóstico, por sofisticado que sea, reemplaza la esperanza, el anhelo, el sueño y la experiencia de quienes enseñan y aprenden en las unidades educativas. Pretender que una ley educativa pueda construirse sin escuchar la diversidad es repetir los errores de la Ley 1565 de la reforma educativa neoliberal.

La pregunta que queda flotando es: ¿puede una política educativa ser legítima cuando quienes necesitan la educación y quienes la sostienen están en minoría en su propia mesa? Mientras la respuesta siga siendo “sí”, volveremos a caer en la lógica de diseñar leyes educativas sin raíces, políticas que no nacen de los problemas sociales y reformas, internacionalmente financiadas y condicionadas, que se anuncian con entusiasmo, pero quedan para la publicidad.

Nos queda en el recuerdo el Congreso de Educación de Arce, con cientos de eventos, miles de participaciones, pero sin conclusiones.

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