La Paz cumple un mes sitiada. Los alimentos llegan con dificultad. Los medicamentos escasean. El cansancio se acumula. El ambiente empieza a enrarecerse peligrosamente.
Tal vez lo más preocupante no sea ya el bloqueo en sí mismo, sino lo que puede venir después.
Por un lado, permanecen irreductibles quienes insisten en forzar la renuncia del Presidente. Por otro, están los ciudadanos agotados por semanas de encierro, escasez e incertidumbre. Y, en medio, un gobierno acosado que ahora dispone de instrumentos legales para emplear la fuerza pública y restablecer la normalidad.
Cuando esos factores convergen en un mismo lugar, el riesgo de confrontación deja de ser una hipótesis. Y ese lugar vuelve a ser La Paz.
No es la primera vez.
Desde la Guerra Federal de 1899, la ciudad se convirtió en la sede efectiva del poder político boliviano. Los caudillos que invocaron el federalismo para justificar la guerra terminaron realizando algo mucho más modesto: una mudanza. Sucre perdió el gobierno y La Paz lo ganó.
Pero junto con el poder llegaron también sus costos.
Durante más de un siglo, gran parte de los conflictos nacionales terminaron descargándose sobre la Hoyada. Marchas, bloqueos, huelgas, cercos, enfrentamientos y presiones de toda naturaleza encontraron allí el escenario ideal para hacerse visibles y golpear al gobierno de turno.
Pero quienes recibieron el mayor daño fueron los paceños, que terminaron pagando una factura muchas veces tan pesada como injusta. Con el tiempo, El Alto -unida de manera inseparable a la vida económica y social de Chuquiago Marka- terminó compartiendo buena parte de ese mismo sino fatídico.
Se suele decir que La Paz fue beneficiaria del centralismo. Sin embargo, el balance resulta discutible. La concentración de funcionarios estatales atrajo empleo público, influencia política y actividad administrativa. Pero la burocracia nunca condujo al desarrollo.
Mientras tanto, el sector privado convivió durante décadas bajo la mirada constante de reguladores, recaudadores y gobiernos convencidos de que la riqueza ajena siempre estaba disponible para ser administrada desde el poder. La insaciable apetencia estatal tenía a mano empresas para esquilmarlas o para apropiarse de ellas. A muchas las obligó a emigrar, en busca de nuevos horizontes para producir.
La ciudad se convirtió en receptora permanente de tensiones nacionales y en territorio especialmente vulnerable a la parálisis. El sobresalto se hizo cotidiano. Hoy vuelve a enfrentar una prueba difícil.
Después de cuatro semanas de bloqueos, la paciencia se agota y los ánimos se endurecen. La tensión sigue creciendo. Y el riesgo de que ciudadanos terminen enfrentándose entre sí deja de parecer remoto.
Los caballos de la pugna están en apronte.
Basta una chispa para que una situación que todavía parece controlable derive en acontecimientos que nadie desea.
Por eso el país entero debería mirar con preocupación lo que ocurre en La Paz.
No por razones partidarias. No porque allí se encuentre la sede del gobierno. Sino porque allí viven millones de personas que tienen derecho a trabajar, circular, abastecerse y vivir en paz.
Ojalá la sangre no llegue al Choqueyapu.
Ojalá prevalezca la prudencia antes que la furia. Que recordemos que ninguna disputa política vale una sola vida humana.
Y ojalá, por una vez, el nombre de la ciudad deje de ser una ironía.
Que sea verdaderamente LA PAZ.
