La excesiva simplificación asociaba el modelo neoliberal a la privatización y transnacionalización; y el modelo populista o neopopulista a la nacionalización y estatización.
Se entiende por estatización al conjunto de disposiciones y operaciones mediante las cuales el Estado asume, bajo distintas modalidades, la propiedad y la administración de ciertos sectores económicos manejados con anterioridad por particulares. La estatización es lo opuesto a la privatización.
Si bien se utiliza el concepto de nacionalización como sinónimo de estatización, no es correcto desde el punto de vista económico hacerlo, aunque parece que sí en el ámbito legal, puesto que la nacionalización se refiere a la recuperación de una empresa al dominio del Estado (como la estatización) mientras que la empresa es de propiedad extranjera.
Existen distintas modalidades de recuperación; total o parcial de las acciones en poder de empresas extranjeras. En la época del presidente Frei, en los 60, se llamó “chilenización” a la recuperación del 49% de las acciones de las empresas del cobre y, posteriormente, el presidente Allende nacionalizó la totalidad.
En el caso boliviano, la capitalización fue un proceso de privatización y transnacionalización de la empresa pública a mediados de los 90, y el proceso de cambio iniciado en 2006 se caracterizó por la estatización y nacionalización de una parte de dichas empresas.
En el caso del sector hidrocarburos, la medida de nacionalización fue la recuperación de los recursos en boca de pozo, mediante ley expresa, conforme a la vieja Constitución Política del Estado (CPE) y la nueva. Por una parte, el Estado suscribe contratos de asociación con las empresas extranjeras, las cuales ponen la maquinaria, el equipo, los recursos humanos y financieros, cuyos costos generados se reconocen. Por otra parte, el Estado compra acciones de las empresas en toda la cadena carburífera.
Esta modalidad ha sido criticada, puesto que para algunos políticos y analistas no ha existido tal nacionalización. Tal vez esperaban una expropiación inmediata de las empresas y sus activos. La nueva Constitución señala que los recursos naturales no renovables son parte del sector estratégico de la economía y el Estado puede realizar distintas modalidades de asociación con las empresas privadas y extranjeras, como en el caso de empresas mixtas o enteramente públicas.
La tendencia a la privatización había sido dominante en América Latina en los 90 en el marco de la globalización y los acuerdos de inversión. La mayoría de los países, como Bolivia y Argentina, firmó diversos Acuerdos de Protección Recíproca de Inversiones (APRI), los cuales tenían curiosamente un modelo similar al que impulsaba Estados Unidos con el ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas). Los países de la región competían sobre quién daba mayores incentivos y facilidades a la Inversión Extranjera Directa (IDE), como en el caso de paraísos fiscales. Otro de los aspectos fundamentales era que renunciaban, en caso de conflicto o controversias, a sus legislaciones nacionales y aceptaban la del país del inversor o tribunales externos como del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones). Bolivia suscribió 22 acuerdos de inversión que no estaban de acuerdo con la norma constitucional, puesto que la legislación nacional seguía conforme a la Doctrina Calvo, del siglo XIX, que decía que los problemas y litigios deberían tratarse en los tribunales nacionales.
Bolivia denunció el CIADI y, de acuerdo con la Constitución, en su disposición transitoria, deben compatibilizarse los acuerdos con las nuevas normas.
Sin embargo, más que un problema de propiedad o de administración es un problema de control del uso y destino del excedente económico. La justificación técnica de una nacionalización era controlar el excedente generado por la empresa extranjera. Así de simple.
Para su control, existen varias modalidades; una de ellas es a través de la propiedad directa y otra mediante la aplicación de impuestos.
En la revolución de abril de 1952, la nacionalización de las minas fue el control total de la propiedad directa de las grandes empresas, y después se pagaron las indemnizaciones correspondientes. Sin embargo, esas empresas derivaron, por distintas razones, en pérdidas y en carga fiscal para el país, pues tuvieron un alto endeudamiento externo e interno. El excedente inicial se destinó a la diversificación regional y económica, pero después se acabó cuando bajaron los precios internacionales.
En el caso de la Ley de Hidrocarburos se aplicó un impuesto hasta del 50%, y con medidas complementarias hasta un promedio del 60% de los ingresos de hidrocarburos. Este excedente económico, equivalente a un 10% del PIB (Producto Interno Bruto), contribuyó a la reversión de déficit fiscal elevado y generar adecuados superávit fiscales, lo cual permitió el destino del excedente a otros sectores, como el social, y también el productivo.
Por tanto, en el caso boliviano lo que hubo fue una nacionalización del excedente económico, que es lo fundamental, independientemente de las modalidades de asociación. Si no se hubiera hecho la medida, ese excedente hubiera salido del país. Es por eso que prefiero hablar del término “bolivianización”, pues es un proceso realizado con seriedad, preservando los intereses nacionales pero cuidando con no pelearse con los intereses extranjeros.
El excedente económico asociado a precios altos debe también derivarse de mayores niveles de producción, para lo cual la exploración y explotación juegan un papel determinante. Ahí es donde el papel de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) debe ser estratégico, para preservar la seguridad energética y los estímulos a las empresas privadas y extranjeras a invertir en el área.
Se decía que la tendencia a las nacionalizaciones ya había muerto, empero, con los nuevos procesos sociales juegan un rol importante, pero sin olvidarse que las nacionalizaciones se aplicaron en los países avanzados durante la crisis financiera para salvar las entidades financieras en bancarrota. Es por eso que no es tanto una mayor estatización o no para definir un nuevo modelo económico, sino el control del excedente económico y su utilización en la concepción del “vivir bien”, en una nueva visión del desarrollo económico y social en armonía con el medio ambiente.
