El martes 17 de abril, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le dio forma definitiva a un rumor que venía desde principios de año: la nacionalización/estatización de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la principal compañía energética de la Argentina y una de las más importantes del país. Un nuevo giro en una empresa nacida estatal en 1922 y privatizada por el gobierno de Carlos Menem en 1992.
La estatización de YPF consistió, de manera resumida, en la expropiación por parte del Estado argentino del 51% del paquete accionario de la empresa, hasta ese momento en poder de Repsol, empresa española.
Evaluar el tema en el marco de la política energética en el ámbito global y del mercado internacional del petróleo es una obra en sí misma; evaluarlo desde los ribetes políticos de la política argentina, otra obra. Simplemente, en esta nota apuntaremos sucintamente algunos ítems que aparecerían como favorables a la estatización, y otros ítems que implicarían puntos oscuros y desafíos a resolver. Por lo primero: (ítems a favor).
— En el marco político-ideológico prevaleciente en Argentina actualmente, existe un alto consenso a una política de estatización como la planteada, consenso que, incluso, convoca a muchos partidos de oposición. Este consenso fue un elemento muy valioso a considerar por el Gobierno en el momento de toma de la decisión.
— Argentina estaba desabastecida de petróleo. El producto energético del petróleo —nafta, gas oil, fuel oil— necesario para el movimiento de la economía exigía niveles de importación intolerables dadas las reservas de petróleo
— En los últimos dos años se registró un encarecimiento muy importante de los combustibles, aspecto en el cual YPF, en tanto está a cargo de más del 60% del mercado de combustibles, es responsable de la capacidad de funcionar como “empresa testigo” en la fijación de los precios internos.
— Se observa desde hace casi cinco años, una caída abrupta en la inversión de la empresa en exploración de nuevos yacimientos, obviamente la etapa “más cara” de la actividad, pues es alta la posibilidad de inversión sin rendimientos.
— Articulado a lo anterior se venía registrando una sobreexplotación de los pozos petroleros más rentables. La ecuación marca que Repsol-YPF privilegiaba la explotación de los yacimientos más que la inversión para buscar nuevos. Es decir, una falta de sustentabilidad a mediano plazo de la economía energética en el país.
— En los últimos dos años, Repsol-YPF sobregiró divisas —producto de su rentabilidad— al exterior en dos modalidades: por un lado, para financiar nuevos contratos en otros mercados (países) y, por otro, y a causa de la recesión española, en términos de remesas de utilidades a su casa matriz. El resultado neto fue un aumento importante de salida de dólares de la economía argentina. Por lo segundo: (ítems desafiantes).
— Hay dos efectos inmediatos de esta decisión que asoman como desafíos inmediatos para Argentina: el arreglo acerca del precio de la empresa, dado que el mismo implicará la suma indemnizatoria a Repsol; la reacción de algunos países, sobre todo de la Unión Europea, y de los organismos de crédito frente a la estatización (expropiación de acuerdo con los medios adversos a la medida).
— La necesidad de organizar un managment profesional para la nueva empresa estatal, dada la tradicional costumbre latinoamericana de considerar a las empresas estatales como cotos de caza políticos, clientelares o proveedoras de recursos fiscales. Fueron estas costumbres las que avalaron las privatizaciones de los 90; evitar caer nuevamente en ese error es la medida inicial que debe tomar el Gobierno argentino, organizando una gestión estatal eficiente.
— Evitar por todos los medios que una empresa, con un potencial de generación de recursos como es la actividad petrolera, sea intervenida o interactuada por intereses políticos y sindicales domésticos. Se ha observado ya en otras experiencias recientes de reestatización (Empresa Nacional del Agua) que termina siendo apropiada, en dicho caso, por el sindicato de la actividad.
— Problema económico serio: el financiamiento de las inversiones necesarias para darle sustentabilidad a la empresa. YPF está en una coyuntura económica crítica, ya que necesita inversión en exploración y desarrollo de nuevos yacimientos (inversión de riesgo y maduración a largo plazo de la misma), mientras que los recursos disponibles (rentabilidad actual) no son extraordinarios.
— La estatización fue decidida por la Presidenta bajo el justificativo de que Argentina tiene que lograr nuevamente el autoabastecimiento. Este objetivo, en sí mismo loable, sin embargo, en las actuales condiciones de la empresa y de la economía argentina, implica desafíos económicos muy severos. Y lo único en que no puede fracasar el Gobierno luego de esta jugada es en no lograr, en el mediano plazo, el autoabastecimiento de combustibles.
— La decisión política fue acompañada por gran parte del arco opositor. Pero ahora el desarrollo futuro de YPF será una gran vara de la medida con que esa misma oposición juzgue, y eventualmente fustigue, al Gobierno.
