Con la IX Marcha Indígena en Defensa del TIPNIS en curso (hasta el cierre de esta edición, el viernes, había partido de Trinidad), el Gobierno ha sumado la mayor de las protestas, la que lo socava políticamente y la que consigue un respaldo ciudadano importante.
Durante más de un mes, la administración de Morales sufre de paros y bloqueos de parte de los médicos y trabajadores de salud, que se oponen a aceptar la reglamentación de las ocho horas laborales. Más allá de afectar a la ciudadanía, que con cierta razón culpa de esta situación al Gobierno, la crisis no afecta mucho la gobernabilidad. Así lo entiende también uno de nuestros colaboradores de hoy (Antonio Aramayo), que suma otras protestas de coyuntura para sustentar su descripción.
Cierto, más allá de las noticias que muestran a un país convulsionado, gran parte de Bolivia vive su rutina como si nada, aunque quizás con mucha preocupación por cómo puede derivar esta crisis social y política.
En otras circunstancias, la suerte de Morales y su régimen tal vez estaría sellada. Claro, según la Fundación Unir, en marzo de este año la conflictividad en el país creció en 35%, comparables a situaciones parecidas a febrero-mayo y julio-octubre de 2011.
A esas cifras hay que agregar la aceptación de Morales en las encuestas, que en marzo alcanzó al 41%, luego de sistemáticas caídas. Aunque estos datos son relativos, considerando que los sondeos no alcanzan al área rural, son importantes para comprender la fuerza social de la administración gubernamental.
Es que los dos tercios con que ganó las elecciones de diciembre de 2009 permiten todavía al Gobierno del MAS mantenerse incólume. La cuestión es saber cuánto pesan los conflictos a la hora de valorar la fuerza/debilidad de aquél.
