Los estados siempre han temido la violencia legal manifestada y sostenida por las leyes mediante el derecho a la huelga (que se presenta como una extorsión efectivizada por una omisión, negarse a trabajar) precisamente por su condición de ser permitida por la ley. “La clase obrera organizada es hoy, junto con los estados, el único sujeto jurídico que tiene derecho a la violencia”, escribió Walter Benjamin en 1921 en su ensayo Para una crítica de la violencia.
Ya décadas después, se puede decir que el uso de esta violencia constitucionalizada se ha hecho extensible, llegando, más allá de sólo la clase obrera, a grupos de ciudadanos sin que estén sindicalizados y el temor de los gobiernos también ha trascendido a sólo su condición legal, pues, éste, en determinadas condiciones de organicidad, puede llegar a desmantelar, en el peor de los casos, precisamente el estado de derecho que la sostiene (es decir, afectar la gobernabilidad) o poner en evidencia —o inclusive poner en escena engañosamente— problemas estructurales de ciertos regímenes.
En la nota previa, los analistas coincidieron en que los conflictos de la semana que termina no amenazaron la gobernabilidad. Sin embargo, las otras dos posibilidades que nacen de la violencia legal —una puesta en evidencia o una mentirosa puesta en escena de errores estructurales— siempre han circulado en la opinión pública boliviana cuando existen conflictos. Constantemente, el Gobierno ha atribuido a la “derecha vinculada al ‘imperio’” de una conspiración no democrática y escenificada de desgaste. Por su parte, en condiciones políticas similares, las oposiciones siempre han señalado al oficialismo como responsable de falencias estructurales.
Respecto a la conflictividad vivida la semana pasada, el escritor Raúl Chato Prada cree que ésta devela los problemas estructurales del Gobierno causados por “contradicciones muy profundas que se venían ventilando ya hace tiempo. En la primera gestión de Morales se visualizó opacamente un pragmatismo que optó por mantener el estado liberal y no desmantelarlo en absoluto. Además, decidió cumplir sólo parcialmente la agenda de octubre, en vez de facilitar una composición más radical sobre la nacionalización de los hidrocarburos”, dice.
En la segunda gestión, apunta Prada, lo que se viven son las “contradicciones categóricas del Gobierno que está contra el proceso de cambio”, pues, defiende un modelo extractivista colonial. “El Estado va a ir convirtiéndose en engranaje de las grandes estructuras de poder regional y mundial, olvidando el objetivo de cambiar el modelo productivo como lo establece la Constitución”, añade el escritor.
Según Prada, el oficialismo cree que todo es un teatro político (coincidiendo con lo que se decía sobre una puesta en escena a partir del uso de la violencia legal de la huelga) y que no se enfrenta a exigencias estructurales de transformaciones.
La politóloga María Teresa Zegada realiza un razonamiento distinto al delimitar la diferencia entre un conflicto sectorial y uno que deje al desnudo cuestiones de estructura poniendo como ejemplos las movilizaciones de la semana pasada: “En el caso de los médicos y la COB se vio que eran problemas sectoriales, aunque su no resolución puede hacerlos crecer y adquirir matices políticos. Éste no es el caso del conflicto del TIPNIS, que por sus antecedentes ya tiene un carácter más político, que cuestiona las bases estructurales y el discurso del Gobierno”, argumenta.
Por lo que afirma Guillermo Roca, gerente de Diálogo y Tranformación de Conflictos de la Fundación UNIR Bolivia, puede interpretarse que los conflictos mencionados no señalan fallas de estructura, sino de intereses corporativos: “Los conflictos actuales son planteados desde lo sectorial sin que exista un sentido articulador de éstos; se inscriben en el plano de las reivindicaciones sociales y de respuestas a decisiones gubernamentales que no fueron consultadas con los actores sociales y que los afectan.
Las demandas de mejora salarial suelen presentarse en esta época del año y se han visto alimentadas por la información gubernamental sobre la bonanza económica que estaría atravesando el país; a estos pedidos se han sumado el del sector Salud y el del TIPNIS, que se arrastra desde hace más de dos años”, dice
Para el ministro de Gobierno, Carlos Romero, las reivindicaciones inicialmente fueron gremiales, en el caso de los médicos y la COB, mientras que los indígenas defendían lo que consideran la preservación de un territorio. “En los dos primeros casos hay nítidamente un discurso gremial, pero luego el tratamiento del conflicto adquirió connotaciones políticas cuando las demandas fueron respondidas por el Estado y se buscaron otras demandas para continuar movilizados”.
Cuando se quiso buscar culpables de determinados escenarios de conflictividad, desde que Evo Morales es presidente, el oficialismo siempre señaló a la derecha opositora de ser culpable.
“La derecha no tiene nada que ver en los conflictos. Actualmente, la derecha efectiva es el Gobierno, (pues la imaginaria ha desaparecido al ser derrotada en el Porvenir en Pando) al administrar los intereses de la nueva burguesía”, dice Prada. Para Zegada, la oposición no tiene influencia en términos de movilización social, pues, está reducida a una instancia “más testimonial…”. No se puede atribuir a estas movilizaciones ni su éxito a un grupo político sin convocatoria como éste, piensa.
