Durante los años 2003 y 2008, el debate respecto de cómo el país definía su organización política y administrativa a nivel territorial generó un escenario de conflictividad política y social que la Constitución de 2009 resolvió con la adopción del modelo de Estado Plurinacional con autonomías. En esa coyuntura, los sectores dominantes del oriente del país recogieron la vieja reivindicación federal, que vaciaron de contenido y la transformaron en una consigna política con un nuevo nombre: autonomía departamental. Esta demanda, legítima y movilizadora, fue utilizada como barrera de contención política frente a la emergencia de actores sociales históricamente marginados, como los pueblos indígenas, que reivindicaban transformaciones estructurales mucho más profundas.
Todos sabemos cómo terminó aquella aventura: un referéndum ilegal que dio origen a unos documentos ilegítimos; otro referéndum presidencial y prefectural, el cual los enterró políticamente y los puso en órbita sobre lo que el conjunto de la sociedad boliviana pretendía del proceso constituyente en ciernes; un armisticio que encaminó la Constitución negociada en términos negativos para los alzados y un conflicto social que fracturó las sociedades de esta parte del país, quienes todavía están pagando las consecuencias de aquella experiencia, postergando indefinidamente el verdadero proceso autonómico regional.
Que la autonomía era una consigna política para la élite regional, lo prueba el abandono en que sumieron la demanda desde aquellas épocas. Los únicos quienes dieron continuidad a los temas relativos a la organización territorial del Estado fueron los consecuentes pueblos indígenas de las tierras bajas, que desde la aprobación de la Constitución Política del Estado (CPE) en 2009 trabajaron sin pausa propuestas de Ley de Autonomías, y no solamente para consolidar y profundizar su reconocida autonomía indígena. En efecto, la VII marcha, que salió desde Trinidad el 21 de junio de 2010 y terminó en San Ramón el 22 de julio, fue la única movilización social que propuso, debatió y logró incidir en la Ley Marco de Autonomías que terminó aprobándose en la Asamblea Legislativa el 17 de julio de aquel año. Salvo los aportes de pocos y comprometidos asambleístas del oriente, quienes con sus equipos técnicos trabajaron opciones ante dicha ley y negociaron políticamente ciertos aspectos sobre la demanda regional, los indígenas de las tierras bajas fueron quienes terminaron comprándose el tema autonómico en el oriente con proyección nacional logrando incorporar más de 100 propuestas al texto elaborado por el Órgano Ejecutivo.
No extraña entonces que los únicos en esta región que tengan propuesta de ajuste de estatuto departamental sean los pueblos indígenas. La única bancada de asambleístas que en tres departamentos —Santa Cruz, Beni y Pando— presentó propuestas de Ley de Ajuste Participativo del Estatuto, ha sido la de los indígenas. Esta visión de apertura y construcción colectiva terminó comprándola el propio Gobierno y la está impulsando en todo el país, incluso para la elaboración de las cartas orgánicas municipales.
Para los indígenas del oriente, aportar en la construcción de los estatutos departamentales es una prioridad. Como lo hicieran para la Asamblea Constituyente, están pensando que un proceso en el que participe e incida el conjunto de la población del departamento es el mejor escenario para la construcción de un documento de consenso. Su temor es que el ajuste del estatuto a la Constitución se vuelva un ejercicio de juristas alejados de la realidad o un negociado político entre cuatro paredes, si es que se maneja la posición de que la adecuación constitucional se trata sólo de un hecho “técnico” y no de un proceso político y social de crucial importancia que necesita el concurso de la población. La discusión, entonces, sobre el cómo antes del qué se vuelve fundamental.
La Ley Marco de Autonomías ha dejado claro, en aplicación de la disposición final tercera de la Constitución, que los estatutos de los departamentos del oriente deben ser adecuados a la Carta Magna, previa aprobación por dos tercios de votos del total de los miembros de la Asamblea Departamental, como requisito para el control de constitucionalidad. Tal disposición devuelve entonces a los ciudadanos de estos departamentos la oportunidad de generar aportes sustanciales a la norma institucional básica de sus regiones. La lección de los procesos de 2007 y 2008 es que el estatuto no es posible sin la participación del conjunto de la población en su elaboración y aprobación; es decir, no hay norma sin gente o contra la gente.
Se presenta entonces el gran desafío de generar un proceso con la gente, desde abajo hacia arriba; que sea de construcción colectiva; que recoja las aspiraciones y expectativas del conjunto de la sociedad, en cuya Carta Magna se vea reflejada tal cual es, para que adquiera plena legitimidad y todos nos sintamos parte de ella.
Es un imperativo revertir la tendencia de que los “pactos” impliquen el pasar por encima de la ciudadanía. Lo que no se puede permitir es que el documento que rija la convivencia de millones de personas lo negocie un puñado de personas arrogándose la soberanía del resto.
