La comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales presentó hace unos meses un proyecto de ley en favor de la unión legal de personas del mismo sexo, que ha removido los prejuicios políticos, religiosos y culturales en el país.
La iniciativa se sustenta en la necesidad de esa minoría poblacional de beneficiarse de los mismos derechos civiles que la ley otorga a los matrimonios “convencionales”, hombre-mujer. Las primeras muestras de rechazo a la demanda surgieron en el seno de los partidos del oficialismo y la oposición. Paralelamente, la Iglesia Católica ha planteado su objeción en sentido de que, en caso de consumarse la ley, ésta implicará una seria “amenaza” a la familia.
Como describimos en el reportaje central de Animal Político, una única voz de apoyo a la propuesta es, al menos, la expresada por el Defensor del Pueblo. En el Movimiento Al Socialismo (MAS) hay discrepancias confesionales, políticas y culturales en desmedro del proyecto, y en Convergencia Nacional (CN), la principal fuerza, razones políticas y religiosas. Sin embargo, la más fuerte oposición a la propuesta proviene de la Iglesia Católica y sus seguidores.
Así, llama la atención la contradicción de esas posiciones con el espíritu que dicen tener aquéllos respecto de la promoción y preservación de los derechos humanos, como es también la opción sexual de muchos ciudadanos en el país.
Todavía la ley se encuentra en un debate inicial en comisiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que, en última instancia, será la que atienda esa demanda.
Hay voluntad precaria de respaldar eventualmente la unión legal de personas del mismo sexo. Lo que quizás falta es una discusión ciudadana más abierta del asunto, a partir de la iniciativa legislativa. Lo que se viene en el Órgano Legislativo será vital para consolidar los derechos que ciertas minorías exigen de parte de un naciente Estado Plurinacional.
El editor
