El resultado de la discusión sobre el tema marítimo boliviano en la 42 Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en Cochabamba, fue considerado como un triunfo diplomático de Chile por algunos entendidos en la materia, tanto bolivianos como chilenos. Sin embargo, las circunstancias en las que se desarrolló el encuentro, los antecedentes del tema y el cuestionable y pobre discurso del representante de La Moneda demuestran que, más que una victoria, fue un fracaso bien disimulado.
Primero, es preciso considerar que todos los países que tomaron la palabra —incluido Chile— reconocieron que el tema marítimo boliviano es un problema pendiente que hay que resolver, lo cual es un importante avance para nuestros intereses, porque ya no se cuestiona su naturaleza de problema; eso es innegable, y si bien ya no estamos en aquellos tiempos en los que Bolivia le daba capote a Chile en la OEA, debemos destacar el unánime reconocimiento continental a nuestro problema que, como tal, debe ser resuelto.
En segundo lugar, el hecho de que los delegados de los otros países exhorten a las partes a resolver el asunto de forma bilateral, tampoco señala un triunfo chileno, porque es obvio que si estamos hablando de una transferencia de territorios, los únicos que pueden negociar su ejecución son los países que van a modificar sus fronteras. No debemos confundir una cosa con la otra; la solución del problema es bilateral, pero el interés por alcanzarla es multilateral. Todos los miembros de la OEA que trataron este tema en 1979, excepto Chile, reconocieron que se trata de “un asunto de interés hemisférico permanente” (Resolución 426) y luego la mayor parte de ellos aprobó otras diez resoluciones en apoyo a la causa marítima boliviana (1980–1990) de las cuales tres fueron aceptadas por La Moneda (1980, 1981 y 1983).
La única forma de que otro país intervenga en la solución de este asunto es que el arreglo contemple territorios situados en Arica; sólo en ese caso sería necesaria la aceptación del Perú conforme al Protocolo Complementario al Tratado de Lima de 1929, pero, aún así, la solución sería de carácter trilateral y no multilateral.
De todas formas, el hecho de que la solución deba alcanzarse bilateral o trilateralmente no impide que Bolivia pueda acudir ante cualquier instancia internacional para recuperar su acceso soberano al mar, lo cual, por tratarse de un medio pacífico de controversia, no debería generar la zozobra de las autoridades chilenas.
En tercer lugar, las palabras del canciller de Chile, Alfredo Moreno, develaron una vez más que no existe coherencia entre lo que dice y hace su gobierno. Al ser consultado sobre las afirmaciones del presidente Evo Morales acerca de que las guerras e invasiones no otorgan derechos, atinó a replicar “lo que genera derechos son los tratados”. Pero lo importante en este caso no son los derechos que otorgan los tratados, sino las obligaciones que emergen de éstos, y las autoridades chilenas evitan comentarlas porque Chile no cumple varias disposiciones derivadas del Tratado de 1904:
1. Las constantes interrupciones de los servicios portuarios en Arica y Antofagasta son una clara transgresión a la Convención de 1937, que obliga a Chile a “garantizar el libre tránsito de Bolivia en todo tiempo y circunstancia” (artículo 1); 2. El cobro por el almacenaje de mercancías en tránsito a Bolivia que permanecen en aduanas chilenas menos de un año es una indiscutiblemente contravención de Chile a la Convención de 1912 (art. 12); y 3. La paralización del Ferrocarril Arica-La Paz en el lado chileno, por ya casi una década, no es menos que una flagrante violación de parte de Chile a la Convención de 1905, que dicta la obligación de “mantener el libre tráfico del ferrocarril a perpetuidad” (artículo 12).
A pesar de que el canciller Moreno conoce perfectamente estos hechos y sabe que las convenciones citadas complementan y reglamentan el Tratado de 1904, cuando le tocó intervenir en el pleno de la Asamblea, no tuvo reparos en afirmar “el respeto al derecho internacional y en particular a los tratados; entrega valores a los estados, garantiza la paz y, además, promueve relaciones de amistad y cooperación entre los pueblos” y luego dijo: “La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados consagra el principio universal Pacta sunt servanda: ‘lo pactado obliga’”.
Como era previsible, resaltó la supuesta voluntad de diálogo de su gobierno, que a estas alturas ya parece infinita, y llegó a decir que “Chile siempre se encuentra disponible”, sin reconocer que la decisión de congelar la Agenda de 13 puntos fue suya.
Después afirmó correctamente que “Bolivia ha interrumpido las relaciones con Chile en dos ocasiones en los últimos 50 años”, pero olvidó aclarar los motivos. No dijo que en 1962 Chile desvió las aguas del río Lauca, que ocasionó un enorme perjuicio a Bolivia, y que en 1978 su gobierno decidió interrumpir las negociaciones que se habían iniciado en Charaña con el propósito de resolver el problema que genera el enclaustramiento boliviano. Según Moreno, las acciones que ha tomado su gobierno en relación a Bolivia “van más allá del derecho de libre tránsito fijado por el Tratado de Paz y Amistad de 1904” y de la
“Convención de Naciones Unidas sobre el Comercio de los estados sin litoral”, lo cual es completamente cierto, pero no por las razones que él arguye, sino porque Chile ha sembrado minas antipersonales en la frontera, ha delegado su obligación de garantizar el libre tránsito de Bolivia en los puertos de Arica y Antofagasta a empresas privadas que dificultan el paso del comercio boliviano, y recientemente ha permitido el enmallado de un tramo en el límite fronterizo cercano a Pisiga.
Todos estos hechos demuestran que el enviado chileno vino a exponer una postura basada en falsedades y omisiones deliberadas que intentan demostrar un supuesto apego de su gobierno al derecho internacional y una auténtica voluntad de diálogo, lo cual, por contrariar la verdad, evidencia que su actuación fue todo un fracaso.
