No, el supremo dictador de la República, ordeno: que, al acaecer mi muerte, mi cadáver sea decapitado; la cabeza puesta en una pica por tres días en la plaza de la República, donde se convocará al pueblo al son de las campanas echadas a vuelo.
Todos mis servidores civiles y militares sufrirán pena de horca. Sus cadáveres serán enterrados en potreros de extramuros sin cruz ni marca que memore sus nombres. Al término de dicho plazo, mando que mis restos sean quemados y las cenizas arrojadas al río”.
Con este decreto atribuido al doctor Gaspar Rodríguez de Francia, presidente paraguayo entre 1814 y 1840, en la clásica obra Yo, el Supremo, Roa Bastos retrata al primero de una serie de longevos dictadores que mandaron omnímodamente en el Paraguay por decenas de años, desde su entrada a la independencia. Carlos Antonio López (1844-1862) sucedido por su hijo Francisco Solano López (1862-1870) y, más recientemente, Alfredo Stroessner (1954-1989) son otros ejemplos.
La filosofía política del “supremo” se basaba en sentencias como ésta: “al estado de paz perpetua, sucederá el estado de guerra permanente. El Paraguay será invencible mientras se mantenga cerrado compactamente sobre el núcleo de su propia fuerza”.
¿Ese legendario aislamiento se repetirá ahora a raíz del derrocamiento de Fernando Lugo?
Repasando la historia republicana, fueron dos atroces guerras, aquélla denominada de la Triple Alianza Argentina y Uruguay (1864) y la Guerra del Chaco con Bolivia (1932-1935), las que sirvieron para fortalecer la fibra nacionalista de ese estado tapón entre dos colosos sudamericanos, mientras el guaraní, su lengua vernacular, reafirmaba su identidad cultural.
Como se sabe, las elecciones libres de 2008 posibilitaron el ascenso del obispo Lugo a la Presidencia, en base a una coalición política que abarcaba los dos tradicionales rivales, liberales y colorados, junto a la Alianza Patriótica para el Cambio, la brigada cívica del casi purpurado candidato.
Pronto, la izquierda latinoamericana apostó por el cura, confiando en que éste se afiliaría al Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) y abriría las puertas paraguayas al ideario bolivariano, contrario a los intereses de los latifundistas criollos. Nada de ello sucedió por el equilibrio ambiguo que Lugo trató de mantener en su política externa y por el asedio sin tregua de sus opositores que, hurgando el basurero de su alcoba, estimularon los juicios de paternidad que varias feligreses adelantaron en su contra en los juzgados provinciales, luego de que el prelado trocó sus sotanas episcopales por el oropel presidencial. Las noches tibias de Ypacaraí minaron la autoridad moral del Mandatario que, invocando a Domingo Faustino Sarmiento, creía en aquello que “gobernar es poblar” y se dedicó con ahínco y envidiable denuedo a estimular el crecimiento demográfico del Paraguay, con el concurso de sus modestos esfuerzos, aplicando por doquier sus eclesiásticos ímpetus.
Entretanto, el nuevo gobierno encabezado por Federico Franco, suspendido de la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) y del Mercosur (Mercado Común del Sur), soslayó las sanciones económicas y sólo pudo conservar el acceso al Fondo para la Convergencia Estructural del cual es principal beneficiario con el 48%, frente a Uruguay (32%) y el 20% para Argentina y Brasil, pero sufrirá un serio revés cuando el 31 de julio Venezuela (por fin) ingrese al Mercosur, eludiendo el veto del Senado paraguayo, ahora repudiado.
Flaco de dinero fresco y ante el cerco externo, Franco obtuvo sanción parlamentaria para aplicar un impuesto a la renta personal (IRP), iniciativa que en la gestión de Lugo no prosperaba.
Ningún análisis convence sobre los verdaderos motivos que movieron a la casi unanimidad congresal para defenestrar tan intempestivamente al ilustre clérigo. Su política social fue moderadamente avanzada y sus incursiones en las relaciones internacionales, cristianamente prudentes. El problema central del control sobre la tierra arable en manos liberales y coloradas por igual no fue encarado, como debió serlo, mediante una reforma agraria integral. Un brote de violencia coyuntural fue la chispa que incendió la arquitectura constitucional para derrumbar a Lugo, quien en repetidas ocasiones sufrió intentos de asesinato de su personalidad.
En la trama, la Iglesia Católica parece haber jugado un rol primordial. El inmediato reconocimiento por parte de la Santa Sede al mandatario usurpador podría ser un agravante más de esa hipótesis. No queda más que conjeturar que la extremaunción que no tuvo lugar cuando el exobispo combatía los tumores linfáticos que lo abatían, se le aplicó en su agonía política como sanción celestial por su rechazo clandestino a los votos de castidad que, ignorando el sexto mandamiento, desembocó en una desenfrenada carrera por engendrar a cuanta pecadora le salía al paso. Si ése fuera el caso, sólo nos quedaría pensar que la nueva doctrina del Vaticano encerraría un dogma de difícil cumplimiento: si gobierna, no fornique, y si fornica, no gobierne.
