Una de las flaquezas del análisis político es el estudiar la política a partir de los propios deseos. En ese contexto, ya son varios los columnistas en distintos medios de comunicación que insisten en la calidad de “fallido” al que estaría acercándose nuestro país, aunque, aparentemente, a partir de sus propios deseos antes que una juiciosa mirada al quehacer nacional. En todo caso, no son sólo los analistas, porque es bastante común observar en los discursos de oposición en muchos países como descalifican al gobierno local con argumentos como el del país o Estado “fallido”, con la idea de aterrorizar al elector y volcarlo a favor de su sigla.
En 2003, tras su salida del gobierno, Gonzalo Sánchez de Lozada advirtió desde el exterior que Bolivia se acercaba peligrosamente hacia el denominativo de país fallido, por lo que había ocurrido en nuestro país en los días precedentes a su caída. La comparación con Afganistán y Somalia fue inevitable a partir de un cambio de gobierno por la vía violenta y que, según ese mismo análisis, se tradujo luego en situaciones parecidas hasta encontrar una suerte de vuelta democrática que le permitió a los violentos del 2003 meterse democráticamente al Gobierno a partir del año 2006.
En el caso boliviano, el calificativo de Estado fallido, o simplemente fracasado, se ha convertido en moneda corriente de uso a partir del crecimiento de avasallamientos, homicidios, extorsiones, ajusticiamientos debido a la aplicación de una supuesta justicia comunitaria, ocupación de tierras, pero, sobre todo, la impunidad. Este último elemento consiste en que las autoridades terminen siendo indolentes y no hagan nada para resolver los problemas y pierdan la capacidad de castigar a los violentos.
Por concepto, el Estado fallido sufre una pérdida de control físico del territorio y, además, del monopolio en el uso legítimo de la fuerza, lo que erosiona la autoridad legítima en la toma de decisiones.
La Fundación para la Paz y la revista Foreign Policy elaboran una lista de naciones fallidas en la que Bolivia se mantiene en una media tabla, aunque existen hechos preocupantes que podrían en su momento situar a nuestro país en los primeros lugares de esa oprobiosa lista: los hechos que en los últimos meses se han desarrollado en nuestro país:
— Mallku Khota es un ejemplo en el que el Estado tiene menos influencia que la bocina de un avión. Cinco personas, retenidas —por decirlo elegantemente— son la muestra que dejó de ser un simple botón y que nos advierten de un Estado que ha perdido el control del espacio físico de su territorio. Incluso, la pantomima del envío de decenas de policías no ha resuelto el problema.
— Challapata es, al igual que otras poblaciones del oeste boliviano, otra muestra donde el Estado prefiere mirar para otro lado. Es una población que ha crecido al influjo del contrabando y que se ha acostumbrado a pasarse por el forro a la autoridad. En Challapata hay una población que maneja la ley a su antojo. Para ellos no hay policía, no existe la Aduana ni COA (Control Operativo Aduanero), ni cosa por el estilo. De acuerdo a reportes de periodistas que se han aventurado por esos lares, la gente de Challapata tiene su propia ley que nada tiene que ver con la ley boliviana. Los eventuales “usos y costumbres” son en realidad reglas no escritas de los contrabandistas, especialmente de autos, que han decidido que Challapata sea tierra de nadie.
— El Chapare es otra tierra donde el Estado está organizado, no hay duda, pero a imagen y semejanza del cocalero. La ley es parte de un mito antiguo que sólo sirve para pedir derechos y no cumplir obligaciones.
En este contexto, siempre existe la posibilidad de encontrarse con grupos que en base a su fuerza numérica, y aprovechando la debilidad o permisividad de un Estado entrampado en sus propios errores, encuentran la forma de subsistir en base a la patota y que organiza sindicatos de policías, contrabandistas, madereros y todo lo que uno pueda imaginar cuando se trata de “nuestros derechos” y gritárselo al Estado. Porque al Estado lo ningunean muchos: los narcos, los proxenetas, los traficantes de personas, en algunos casos los empresarios, los cooperativistas mineros, la policía, los gremiales y la lista es larga. Es posible que este Gobierno esté pagando las consecuencias de una herencia del pasado, pero su frivolidad lingüística, su petulancia y su falta de coordinación y sus contradicciones empeoran la situación.
¿Qué hacer? La ley le faculta al Estado la posibilidad de administrar la fuerza, aun y cuando en ciertos sectores ése es un mal chiste y la ley ya no asusta a nadie. Pero el Estado, aun con toda la fuerza que le da la ley, sabe que en algún momento las cosas se pueden salir de control. El truco está en manejar la fuerza sabiamente, pero usarla. Jugar al desgaste, como si en este caso la paciencia fuese una virtud, puede conducir únicamente a pensar en un Estado absolutamente inerme, y ahí sí los “señores de la guerra” que no son otra cosa que los “señores de la muerte”, y que se ufanan de controlar territorios “libres” en Somalia, habrán hecho un nuevo ingreso triunfante basado en la fuerza y en la ausencia del estado.
