Como no le debo nada a nadie, como todo lo he conquistado a pulso y esfuerzo, como he dedicado mi vida profesional a las luchas sociales por las reivindicaciones de los más necesitados y de los pueblos indígenas de las tierras bajas aun a costa de los míos, no temo decir la verdad aunque tenga algún precio el contrariar a alguna de las partes.
A quienes no nos conocen más que a partir de las noticias y la movilización por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) les digo que el Beni es un departamento geográficamente extenso, internamente desarticulado, con centros poblados y comunidades dispersas, conformado por ocho provincias en los que habitamos todos, incluidos nuestros pueblos indígenas.
En lo social, tenemos condiciones precarias de empleo, explotación laboral, corrupción y extrema pobreza, desigualdades urbano-rurales, vaciamiento de la población rural, distribución inequitativa de ingreso en todas las situaciones laborales, con mayor inequidad en contra de las mujeres y pueblos indígenas.
En lo ambiental, predomina la explotación irracional de nuestra biodiversidad, el avasallamiento cuartonero con creciente degradación de los ecosistemas, así como el avasallamiento foráneo y extranjero impune, problemas en el acceso al agua potable e insuficientes mecanismos efectivos para el control de la explotación ilegal de los recursos naturales.
En lo político, constatamos concentración y control monopólicos del poder por grupos y clanes familiares, que han utilizado la institucionalidad pública para su propio beneficio; intolerancia política de las élites gobernantes tradicionales, a quienes poco les ha importado la gente y los pueblos indígenas y menos nuestra economía regional primaria, extractivista, subsidiaria y especulativa, dependiente del hermano departamento de Santa Cruz, basada principalmente en la ganadería, el aprovechamiento forestal y de la castaña, bienes y recursos que son llevados fuera del departamento para su transformación con saldo en la región de insignificantes condiciones materiales a cambio de la fuga de nuestros valiosos recursos.
Ésta es la realidad del Beni y así como me opuse públicamente en su oportunidad al coloso proyecto de represas en el río Madera del Brasil que atentaría contra todo el Beni y el sistema de drenaje hidráulico natural de sus pampas, de igual modo y sin temor digo que el Beni necesita inclusión, integración, educación, salud, empleo e ingreso digno, aparato productivo diversificado e institucionalidad pública capaz de controlar y gestionar sustentablemente nuestros recursos naturales.
Beni necesita construir su desarrollo con respeto a los derechos colectivos de sus pueblos indígenas, pues, alberga la mayor diversidad de los que habitan en las tierras bajas, razón por la que las autoridades correspondientes deben aplicar la consulta sobre cualquier medida legislativa o administrativa, susceptible de afectarles directamente o sobre cualquier actividad obra o proyecto a realizarse dentro de sus territorios, con la finalidad de llegar a un acuerdo y lograr el consentimiento para determinar el menor impacto negativo posible sobre sus vidas, costumbres, tradiciones y cultura, tal como mandan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado mediante la Ley 1257 del año 1991; la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ratificada por la Ley 3760 del año 2007; y la actual Constitución Política del Estado, con la idea presente de que ningún derecho colectivo o individual puede vetar el vivir bien de todos.
En ese marco, ¿cómo hacer para que los derechos de unos no afecten los derechos de los otros? ¿Cómo hicieron en el departamento de La Paz con la carretera La Paz-San Buenaventura que pasa por las faldas del Parque Nacional Madidi y por la que se llega a la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas, también de doble calidad como el TIPNIS? ¿Qué opinaron en el departamento de Santa Cruz en el momento del trazado y construcción de la carretera Santa Cruz de la Sierra-San Matías, que atraviesa toda la Chiquitanía —San Ramón, San Javier, Concepción, San Ignacio de Velasco, San Miguel, San Rafael— por la mitad el Bosque Seco Chiquitano, único en el mundo por sus características; carretera que también sirve de acceso al Territorio Indígena de Monte Verde, tramo que bordea Santa Cruz y que por el lado este penetra el Área de Manejo Integrado San Matías?
¿Cómo resolvieron el conflicto de la construcción de la carretera llamada troncal Santa Cruz-Cochabamba-La Paz, que pasa y sirve de acceso al Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Amboró en Santa Cruz, Parque Nacional Carrasco, el Parque Nacional Tunari en Cochabamba y el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata en La Paz? O para no ir tan lejos, la carretera interprovincial San Ramón-San Antonio de Lomerío —en Santa Cruz— que llega hasta la plaza principal del territorio indígena y municipio de San Antonio de Lomerío?
Nuestra integración caminera con el occidente del país es un imperativo estratégico y una aspiración histórica. Que nos enseñen entonces a los benianos todos los que generaron desarrollo a partir de la construcción de carreteras la forma en que debiéramos ponernos de acuerdo.
