El oro es fuente de riqueza y de conflictos en Perú. El mayor proyecto minero actual, llamado Conga, con una inversión de 4.800 millones de dólares del gigante estadounidense Newmont Mining Co., ha desatado una guerra en la región de Cajamarca por la férrea oposición de grupos ambientalistas y comunidades indígenas. Pero el aumento del precio del oro (de 270 a 1.610 dólares la onza en la última década) alimenta a escala menor una fiebre del metal, que tiene su principal exponente en la minería ilegal o informal en regiones como Madre Dios (Amazonía peruana), con un tremendo impacto ambiental y social.
La canoa cruza el río Inambari desde la localidad de Mazuko. Al otro lado, espera una camioneta 4×4, que inicia un trayecto por una pista infernal. Lo que un día fue selva hoy es un territorio desordenado y contaminado de cerros pelados. Una hora después, llegamos a Huepetuhe, localidad sin ley de 8.000 habitantes, que parece salida del lejano Oeste de las películas. “Es el peor pueblo que existe”, dice sin titubear Mario Llana, médico gerente del centro de salud. Los carteles publicitarios dicen: “Huepetuhe, capital peruana del oro”.
Desde el aire, en medio de la espesura verde de la selva, sobresalen inmensos agujeros de color tierra-cobre. Son gigantescas huellas de la depredación humana, que empezó a finales del siglo XIX con el boom del caucho, siguió con la tala de árboles y prosigue ahora con los buscadores de oro. La escena tétrica se repite en las selvas de Perú, Bolivia, Brasil, Venezuela, Colombia y Ecuador.
La minería ilegal o informal ha devastado decenas de miles de hectáreas y ha cambiado el paisaje del Madre de Dios, advierte Dolores Cortés, de la Organización Internacional de Migraciones (OIM). Ésta es la cuarta región más extensa de Perú, con la menor densidad de población (1,3 habitantes por kilómetro cuadrado) y el 54% del territorio protegido. Aquí viven cinco grupos indígenas y 32 comunidades nativas, algunas no contactadas.
Unas 40 mil personas originarias de las regiones andinas peruanas, y de países como Brasil, Bolivia, Rusia, China y Corea, trabajan directamente en actividades mineras en Madre de Dios. La cifra total llega al medio millón en todo el país. Un estudio de la firma Macroconsult concluye que la minería ilegal en Perú extrajo en 2011 más de 1,6 millones de onzas de oro que dieron 1.221 millones de euros (1.509 millones de dólares) de beneficios.
Los mineros trabajan 24 horas seguidas y descansan 12, en duras condiciones, sin contrato ni protección social, en zonas sin agua potable y acosados por enfermedades respiratorias agudas, diarreicas y de la piel. Todo por un salario deslumbrante en Perú. “En una semana un minero gana unos 7.000 soles (2.694 dólares), cuando el salario medio es de 2.000 soles al mes (803 dólares)”, explica Enrique Muñoz, comisionado de la Defensoría del Pueblo.
Sólo en Huepetuhe se comercializan 450 kilogramos de oro al mes, que representan unos ingresos de 21,9 millones de euros (26 millones de dólares), (49.270 euros el kilo). “La minería ilegal o informal no aporta nada a la población y sólo ocasiona gastos al Estado”, dice el doctor Llana. Si los mineros del Madre de Dios pagaran impuestos por los 1.600 millones de soles (618 millones de dólares) que se comercializan al año, la región obtendría unos 50 millones de soles (19,2 millones de dólares) para obras públicas, según cálculos del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana y el Ministerio del Ambiente. Pero la contribución fiscal de la minería ilegal es ridícula: 42 mil soles (16.234 dólares).
Sin recursos y sin noticias del Estado, la vida no es fácil en Huepetuhe. “Este pueblo no tiene un buen desagüe, no hay agua potable, la internet apenas funciona, no hay ni un lugar de diversión, el centro de salud no tiene personal de noche…”. Las quejas de Llana son interminables. “Un estudio hecho con el Instituto Nacional de Salud demuestra que la gente tiene niveles no permisibles de mercurio en el organismo”, añade.
Leber, de 27 años y jefe de una explotación semiartesanal en Sarayaku, niega que la extracción de oro sea contaminante y asegura que el mercurio sólo se utiliza en bidones para fijar (“clarificar”) el oro, y que no hay vertidos al río. “Es mentira”, replica el doctor Llana. “Está supercomprobado, hasta los peces tienen mercurio”.
Los campamentos mineros más visibles, con chamizos de plástico azul y cuatro palos, están junto a la ruta transoceánica. Hay zonas de difícil acceso, a las que se llega después de largas caminatas. En lo alto de una montaña horadada, la familia Apaza Gayoso busca oro desde hace 20 años. Trabajaban a pico y pala cuando era bosque preselvático, explica Percy Apaza, el hijo mayor.
La madre, Valentina Gayoso, habla en quechua y no sabe leer, pero explica con claridad el litigio que tienen con el propietario del terreno, a quien pagan en oro 10 mil soles anuales (3.865 dólares) por la concesión. “Está negociando a nuestras espaldas la venta de la propiedad a otro socio”, dice airada la señora Gayoso.
Ante la proliferación de conflictos y situaciones irregulares en la minería del Madre de Dios, el gobierno de Ollanta Humala, en el poder desde julio de 2011, ha decidido poner orden y promete regularizar en un año a todos los mineros ilegales. El 20 de febrero pasado, el Ejecutivo emitió un decreto que prohíbe la actividad minera en zonas inundables cerca de los ríos. Fuerzas de la Fiscalía, Policía y Marina de Guerra empezaron a intervenir en los ríos Madre de Dios, Tambopata, Inambari, Malinowski y Colorado.
Según detalla Roberto Castillo, fiscal superior provisional, el objetivo de los operativos es la destrucción de las barcazas móviles que dragan los ríos para la extracción y lavado de material que contiene oro, y la incautación de los equipos usados en la minería ilegal. En la práctica sólo quedó inutilizada una pequeña parte de la maquinaria. “Hay centenares de motores ocultos en la espesura de la selva”, asegura Enrique Muñoz, de la Defensoría del Pueblo. Los mineros se levantaron, rodearon la ciudad, hubo huelgas, enfrentamientos y tres muertos.
“Todas las autoridades en esta región estaban involucradas directa o indirectamente en la actividad ilegal”, dice César Ipenza, especialista en derecho ambiental y autor de una investigación sobre la pequeña minería. El diputado Amado Romero, conocido con el apodo Comeoro, tiene cinco concesiones mineras y se opuso a la formalización en 2010. Antes fue denunciado por tráfico de madera. Es miembro de la comisión parlamentaria de Ecología y Ambiente, a pesar de que fue suspendido de sus funciones por tres meses. “Los mineros tienen cada día más poder en los espacios públicos”, subraya Ipenza.
