Es simple. Se trata de cumplir la ley, incluso cuando hay indignación de por medio. Incluso cuando las mentiras o los actos son tan despreciables que sublevan la conciencia. Porque si la ley no se cumple a título de indignación y, precisamente, no se cumple por quienes están llamados o llamadas a dar ejemplo en cumplirla como es el presente caso, entonces nada tendrá sentido. Es un tema complicado, pero es también el precio, a veces demasiado alto, que hay que pagar en este proceso de consolidar el imperio del derecho en nuestras vidas.
Para no divagar en conceptos hay que partir de los hechos. Y el hecho primario nos dice que Samuel Doria Medina sugirió en un medio de comunicación, y luego reforzó sus dudas a través de su cuenta de Twitter, que el presidente Evo Morales sería padre por tercera vez. Hasta allí, la novedad, nada más que eso, porque se trata del Primer Mandatario. Lo que haga en su vida privada el Presidente es su asunto, aunque algunos lo tomen como ejemplo, que no lo es ni debería serlo, o aunque algunos vayan más lejos y lo critiquen abiertamente por su actividad glandular.
El tema asume interés público sólo en dos circunstancias: cuando el fornicio implique a la economía boliviana o cuando la presunta paternidad tenga su origen en una relación con una menor de edad, y en este último caso el placer se convierte en delito, sea de parte del Presidente o de cualquier ciudadano.
Desde el momento en que la noticia salió a los medios, la mayoría de los tabloides del exterior, especializados en chismes, se han hecho eco de ella e incluso aseguraron, antes de esperar una confirmación, que el Presidente de Bolivia era padre nuevamente y que su pareja es la hija, menor de edad, de una de sus colaboradoras.
La primera reacción fue la del vicepresidente Álvaro García Linera, quien descalificó al empresario y dirigente político con adjetivos impropios de su investidura, y le conminó a perdonarse de las dos mujeres involucradas en el tema, pero sin acudir a lo que debería ser la primera instancia: la justicia ordinaria.
Posteriormente fueron las ministras y las presidentas de la Asamblea Legislativa Plurinacional que mostraron su indignación ante los micrófonos y cámaras de los medios de comunicación.
Todo, cubierto en el manto de una reacción corporativa, aunque normal, de un grupo de mujeres que se sienten indignadas, como lo estará toda la población; aunque en el largo camino empedrado de buenas intenciones estos actos desemboquen en un pequeño infierno. Simplemente porque su indignación puede más que la ley. Y en el afán de mostrarse unidas y solidarias con su colega violan nuevamente los derechos de dos personas a quienes precisamente hay que proteger. El artículo de la Ley 2026, del Código Niño, Niña y Adolescente, referido a este tema dice lo siguiente:
Artículo 10 (Reserva y resguardo de identidad). “(…) cuando se publiquen o transmitan noticias que involucren a niños, niñas o adolescentes, no pueden identificarlos nominal ni gráficamente, ni brindar información que permita su identificación”. El artículo precedente es imprescindible, básicamente porque protege la identidad y la dignidad de los afectados, en este caso la madre adolescente y su niño recién nacido.
Pero es curioso, además, porque a la violación del artículo citado por parte del líder de Unidad Nacional se suma la ministra y madre de la niña que, llanto mediante y acudiendo a la justicia ordinaria, viola el mismo artículo al revelar, indirectamente, la identidad de su hija y de su nieto.
Las ministras solidarias tuvieron cuidado de no mencionar a su colega, cuidado que no tuvieron cuando se solidarizaron también con otra autoridad, pero mayor de edad, cuando los infames, que no faltan, diseminaron una noticia sobre el mismo tema: paternidad del mandatario Morales, quien en ninguno de los casos habló del tema.
Es un tema delicado, que pocos medios locales han manejado con cuidado en cumplimiento del ya varias veces mencionado artículo. Nadie tampoco ha reparado que de llevarse a juicio a Doria Medina sería la primera vez que se penalice el uso de una de las redes sociales en Bolivia como es el famoso Twitter, y eso es más que peligroso.
Doria Medina decidió pedir disculpas a la ofendida, pero si la lectura que hace uno de su carta, es correcta… Samuel no se ha retractado. Es más, podría incluso interpretarse como una ratificación de la denuncia, cuando asegura que lo dicho estaba orientado a defender a una menor de edad, ante “el abuso de los poderosos”, aunque agrega al final que no volverá a referirse al tema.
El procedimiento penal es claro: la causa simplemente se extingue cuando el autor de la difamación se retracta y en este contexto valdrá poco o nada lo que las indignadas mujeres del Movimiento Al Socialismo (MAS) digan y rechacen la palabra del jefe de Unidad Nacional.
El proceso se extingue y listo. Se acabó. Pero la pregunta vuelve a ser: ¿de verdad se retractó Doria Medina? ¿O simplemente pidió disculpas? ¿Es lo mismo retractarse que pedir disculpas? ¿De verdad alguien cree que el tema se acabó?
