Qué hacer? Al contrario de lo que pretende el neoliberalismo, el mundo es lo que es porque nosotros queremos. Puede ser de otra manera si nos lo proponemos. La situación es de tal gravedad que es necesario adoptar medidas urgentes aunque sean pequeños pasos. Esas medidas varían de país a país y de continente en continente, aunque la articulación entre ellas, cuando es posible, resulta indispensable. En el continente americano la medida más urgente es impedir la reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en curso. En esta reforma están particularmente activos cuatro países con los que soy solidario en múltiples aspectos de su gobierno: Brasil, Ecuador, Venezuela y Argentina. Pero en el caso de la reforma de la CIDH estoy firmemente del lado de los que luchan contra la iniciativa de estos gobiernos y por el mantenimiento del estatuto actual de la CIDH. No deja de ser irónico que los gobiernos de derecha, que más hostilizan al sistema interamericano de derechos humanos, como es el caso de Colombia, observen encantados el servicio que los gobiernos progresistas objetivamente les están prestando.
Mi primer llamamiento es a los gobiernos brasileño, ecuatoriano, venezolano y argentino para que abandonen el proyecto de reforma. Y la apelación está especialmente dirigida a Brasil, dada la influencia que tiene en la región. Si tuvieran una visión política de largo plazo, no les será difícil concluir que serán ellos y las fuerzas sociales que los han apoyado quienes, en el futuro, más podrán beneficiarse del prestigio y de la eficacia del sistema interamericano de derechos humanos. De hecho, Argentina debe a la CIDH y a la Corte la doctrina que le permitió llevar ante la justicia los crímenes por las violaciones de derechos humanos cometidos por la dictadura, lo que muy acertadamente se convirtió en una bandera de los gobiernos Kirchner en la política de derechos humanos.
Pero porque puede prevalecer la ceguera del corto plazo, invoco también a todos los activistas de derechos humanos del continente y a todos los movimientos y organizaciones sociales —que vieron en el Foro Social Mundial y en la lucha continental contra el ALCA (Acuerdo de Libre Comercio para las Américas) la fuerza de la esperanza organizada— a que se unan en la lucha contra la reforma de la CIDH. Sabemos que el sistema interamericano de derechos humanos está lejos de ser perfecto, sin ir más lejos porque los dos países más poderosos de la región (Estados Unidos y Canadá) ni siquiera suscribieron la Convención Americana de Derechos Humanos. También sabemos que, en el pasado, tanto la Comisión como la Corte revelaron debilidades y selectividades políticamente sesgadas. Pero también sabemos que el sistema y sus instituciones se han venido fortaleciendo, actuando con más independencia y ganando prestigio a través de la eficacia con la que han condenado muchas de las violaciones de derechos humanos. Desde 1970 y 1980, en que la Comisión llevó a cabo misiones en países como Chile, Argentina y Guatemala y publicó informes que denunciaban las violaciones cometidas por las dictaduras militares, hasta las misiones y denuncias tras el golpe de estado en Honduras en 2009; por no hablar de las reiteradas peticiones de cierre del centro de detención de Guantánamo. Por su parte, la reciente decisión de la Corte en el caso “Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku contra Ecuador”, del 27 de julio, es histórica para el derecho internacional, no sólo a escala continental sino también mundial. Tal y como la sentencia “Atala Riffo y niñas contra Chile”, abordando en este caso la discriminación por motivo de orientación sexual. ¿Y cómo olvidar la intervención de la CIDH en materia de violencia doméstica en Brasil, que condujo a la promulgación de la Ley Maria da Penha?
Los dados están lanzados. Al margen de la CIDH y con fuertes limitaciones en la participación de las organizaciones de derechos humanos, el Consejo Permanente de la OEA prepara un conjunto de recomendaciones para ser presentadas para su aprobación en la Asamblea General Extraordinaria, a más tardar en marzo de 2013 (hasta el 30 de septiembre los Estados presentarán sus propuestas). Por lo que se sabe, todas las recomendaciones van en el sentido de limitar el poder de la CIDH para interpelar a los Estados en materia de violación de derechos humanos. Por ejemplo: dedicar más recursos a la promoción de los derechos humanos y menos a la investigación de violaciones; acortar de tal modo los plazos de investigación que hagan imposible un análisis cuidadoso; eliminar del informe anual la referencia a países cuya situación de derechos humanos merece atención especial; limitar la emisión y extensión de medidas cautelares; acabar con el informe anual sobre la libertad de expresión; impedir pronunciamientos sobre violaciones que planean como amenazas pero que aún no fueron concretadas.
Cabe ahora a los activistas de derechos humanos y a todos los ciudadanos preocupados con el futuro de la democracia en el continente frenar este proceso.
