Revocatorias
Se quedan todos? Según la norma, en julio de 2012 se activó el periodo para impulsar iniciativas populares de revocatoria de mandato para todas las autoridades que fueron electas en las elecciones generales de diciembre de 2009. Y el mes próximo se inicia el plazo para revocar a las autoridades electas en los niveles subnacionales. Empero, contra todo pronóstico y evidencia, a pesar de temores y advertencias, dichas iniciativas —que yo sepa— no existen. Al menos no todavía. La gran pregunta es por qué.
Una de las razones más claras es que los requisitos establecidos en la Ley del Régimen Electoral para activar una revocatoria (conseguir 25% de firmas del padrón y hacerlo en tan sólo 90 días) son muy difíciles de cumplir en condiciones normales. Así, parece condenable que se reconozca un derecho para luego ponerle semejante candado. Pero al mismo tiempo resulta coherente con el hecho de que la revocatoria, para no derivar en inestabilidad político-institucional, constituye una excepción. En la dificultad radica el desafío y, claro, la evidencia de su posibilidad.
Como sea, habremos de asumir que la revocatoria de mandato es una de las conquistas del proceso de ampliación democrática en Bolivia. El principio que la sustenta no es menor: las ciudadanas y ciudadanos que eligieron a una autoridad tienen también el derecho, mediante el voto, de destituirla del cargo antes de que concluya el periodo de su mandato. La cuestión es si están dispuestos, si tienen posibilidades de hacerlo y con qué recursos cuentan para el efecto.
Así las cosas, resulta evidente que los hoy desencantados con gobernantes y representantes, y aquellos sectores que amenazaron con la medida, no parecen tener chance de activar una revocatoria de mandato por iniciativa popular. Es probable que, al menos por ahora, tampoco les interese. ¿Ocurrirá lo mismo con gobernadores y asambleístas departamentales, con alcaldes y concejales? No lo sé de cierto. Mientras tanto, en su (no) estreno como derecho ciudadano, la revocatoria de mandato va siendo sustituida por la imputación de un fiscal.
