Bolivia es un Estado pacifista; no sólo lo pregona, sino que ejerce esa condición militante como una forma de convivencia en un ambiente sin conflictos entre todos los bolivianos. La construcción y desarrollo de esta “cultura de paz” es la esencia y el objeto del texto constitucional, sobre la que se basa y proyecta sus relaciones internacionales con los demás Estados del mundo, y mantiene plena armonía con la Carta de las Naciones Unidas, sabiendo que es la mejor fórmula para lograr la solución de controversias, el desarrollo y la integración entre los pueblos, para asegurar la existencia de las futuras generaciones.
En la antípoda de la conducta pacifista boliviana se ubican las actitudes frecuentes de algunos gobernantes chilenos, cada vez que Bolivia expresa su firme reclamo de su derecho a una salida libre y soberana al mar, como el expresado por el presidente Evo Morales en la 67 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ante eso afloraron nuevamente una serie de amenazas de los sectores más radicales de la derecha transandina, insinuando que Chile defenderá “con toda la fuerza del mundo” su mar, territorio y soberanía. Son amenazas reiteradas en el discurso del actual Gobierno de Chile, que luego de conocer la decisión soberana de Bolivia de acudir a instancias jurisdiccionales internacionales para resolver el enclaustramiento marítimo boliviano afirma sin cansancio que Bolivia va a “sufrir las consecuencias” y que Chile “por último, tiene Fuerzas Armadas preparadas, que están en condiciones de hacer respetar los tratados internacionales”.
Esas amenazas, lejos de amedrentar y acallar el inquebrantable reclamo de Bolivia, simplemente consiguen fortalecer nuestra posición de justicia y derecho de alcanzar nuestra reintegración marítima, y ponen en evidencia la otra cara de Chile. Estas amenazas no tienen razón de ser, mucho menos motivo alguno; son sólo un triste recordatorio del poema de Alonso de Ercilla y Zúñiga respecto de la soberbia y belicosidad de alguna gente chilena que tiene en Abraham König a uno de sus ejemplos más preclaros. En definitiva, antes como ahora se aprecia una flagrante inobservancia de las normas fundamentales del derecho internacional relativas a la prohibición y proscripción de todo tipo de amenazas entre los Estados.
Luego de esas amenazas, lo que llama a la preocupación es el descaro del Gobierno de Chile en sus alegatos contra el derecho a la demanda marítima de Bolivia, cuando, por ejemplo, su representante ante la ONU, engañando a los demás representantes de gobiernos de los países miembros y la opinión pública mundial, expresó: “El Presidente de Bolivia, en su intervención en esta Asamblea, señaló con orgullo que las reservas internacionales de su país por primera vez en su historia han alcanzado 13.000 millones de dólares. Podemos señalar sin ningún temor a equivocarnos que parte muy importante de ese crecimiento de reservas se debe al comercio exterior de Bolivia, que en un altísimo porcentaje se efectúa a través de un puerto chileno, precisamente sobre la base del Tratado de 1904 y las facilidades del libre tránsito que Chile otorga” (Errázuriz 28-09-2012).
Esta gran mentira esconde a la comunidad internacional tres hechos importantes. En primer lugar, que la verdad de la bonanza chilena tiene su origen en el despojo del litoral boliviano y la explotación de los recursos naturales que alberga en su seno esos territorios. ¿Acaso no fueron el guano, el salitre y la plata el origen de la ambición y la invasión de Antofagasta? ¿No fue durante el siglo XX y parte del XXI el cobre de la otrora mina boliviana de Chuquicamata el “sueldo” de Chile? ¿No es hoy el litio del otrora salar boliviano de San Pedro de Atacama el nuevo “oro blanco” de Chile? Es o no verdad que Abraham König, en su carta de coacción brutal para la firma del Tratado de 1904, dijo: “(…) Que el litoral es rico y vale muchos millones; eso ya lo sabíamos. Lo guardamos porque vale; que si nada valiera, no habría interés en su conservación”.
Este nefasto portavoz oficial del Gobierno de Chile, en 1900, también amenazaba a Bolivia en caso de persistir su petición de una salida soberana al mar: “Bolivia se presentaría en actitud hostil y no tranquila y pacífica, por el hecho sólo de sustentar tan temeraria pretensión”.
En segundo lugar, tampoco es cierto que Chile cumpla el Tratado de 1904, menos aún que otorgue a Bolivia facilidades que van más allá del propio tratado. El régimen jurídico del “libre tránsito” ha quedado en el discurso, pues las trabas, dificultades y controles lo desvirtúan en gran medida. Como ejemplos, simplemente corresponde mencionar que el ferrocarril Arica-La Paz se encuentra inoperable por más de 16 años en el lado chileno. Por otro lado, el Gobierno de Chile ha asumido acciones que perjudican al comercio boliviano; así tenemos que en una actitud unilateral Chile, en franca violación del Tratado de 1904, procedió a otorgar en concesión a empresas privadas la administración y operación de los puertos de Arica y Antofagasta, lo que genera el incremento arbitrario de las tarifas en las operaciones portuarias.
En tercer lugar, respecto al crecimiento de las reservas internacionales de Bolivia, debe quedar claramente establecido que el logro exitoso de su incremento de reservas hasta alcanzar cifras históricas no es gracias a Chile, sino al esfuerzo de los propios bolivianos, que en un acto de dignidad y soberanía han nacionalizado sus hidrocarburos y que los ingresos económicos de su exportación, sumados al trabajo y coraje de su pueblo, son el origen de la prosperidad económica boliviana.
El deudor y responsable del enclaustramiento boliviano es el Gobierno de la República de Chile, y por ello está en la obligación de saldar esa deuda histórica y poner fin al encierro geográfico.
En la oscilación continua de sus actitudes y declaraciones, ahora el Gobierno chileno quiere mostrar una postura de tranquilidad ante el anuncio de Bolivia de llevar la controversia sobre su salida al mar a instancias judiciales internacionales. Inicialmente ha pretendido —de boca para afuera— descalificar el derecho boliviano al señalar que no existen elementos jurídicos valederos que respalden la demanda boliviana y que no hay margen de éxito de una eventual demanda; e inmediatamente, a contramano y con una absoluta claridad, demuestra la enorme preocupación que le causa el ser convocado a responder ante estrados internacionales y el mundo entero la “juridicidad y moralidad” de la usurpación más abusiva y cobarde de la historia latinoamericana. Por eso, como muestra de “no tener una preocupación excesiva”, el Gobierno chileno pide al Congreso apresurar la aprobación de un fondo millonario de 14,8 millones de dólares, cuyo argumento es “para enfrentar futuro eventual litigio legal con Bolivia”. No sólo eso, la Cancillería chilena ha conformado un equipo de asesores jurídicos locales y extranjeros para estudiar la acción marítima judicial boliviana. Lo cierto y evidente es, por el comportamiento demostrado, una intranquilidad en las autoridades chilenas que en vano tratan de esconder.
Por mucho esfuerzo que hagan, no pueden ocultar el sentimiento racional de la verdad del derecho boliviano de recuperar una salida soberana al océano Pacífico, derecho fundado en la certeza y la justicia de su existencia.
