El 31 de octubre de 1952 se firmó el decreto que nacionalizó las minas de los tres grupos de la gran minería: Patiño, Hoschild y Aramayo, hecho con el que no sólo se recuperaron los recursos mineros para la nación, sino que se rescató al mismo Estado, pues esos empresarios mineros eran los que, en los hechos, gobernaban el país. Han pasado 60 años de este hecho y hoy Bolivia continúa desarrollando, como una de sus actividades económicas más importantes, la minería.
Sin embargo, tras la formulación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), hasta ahora no se ha podido viabilizar las nuevas “reglas del juego” que regulen la extracción de minerales en concordancia con aquélla, pues la normativa vigente data de 1997 (final del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada). Ambas, no sólo no coinciden, sino que se contradicen flagrantemente.
Adicionalmente, los últimos años, la minería nacional ha vivido una serie de conflictos que enfrenta a mineros asalariados, cooperativistas, comunarios que habitan sectores adyacentes a los centros de explotación y las empresas privadas (el caso de la recuperación de Mallku Khota —donde los comunarios dicen oponerse a la explotación, mientras que cooperativistas, asalariados y el Estado quieren iniciarla— y el de Colquiri —donde asalariados y cooperativistas se disputaron el derecho de explotación— son los que mejor ilustran las pugnas). Al plantear la posibilidad de que el nuevo Código de Minería (aún en elaboración) podría ser la respuesta a esos problemas, los expertos en el área expresan su desconfianza.
Para Rolando Jordán, no hay duda de que un nuevo Código Minero llenaría un vacío legal, pues hoy se está en una “total y absoluta ausencia” de reglas del juego. Esto —dice— da lugar a márgenes de “discrecionalidad y abuso por parte del Estado y de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol); sin embargo, de ninguna manera resolvería el problema de inestabilidad general que hay en este sector, pues éste responde a otras razones”.
Por otro lado, Juan Collque cuenta que ya en 2008 debía emitirse una nueva normativa para este sector, no obstante se hizo una ley extraordinaria que permite ampliar la explotación sin que haya un nuevo código. Ahora bien, ¿por qué se estancó el nuevo Código de Minería? El especialista enumera varios motivos: “Hay un avance del 75%, sin embargo, no se puede adelantar en lo más importante: los temas duros”. Primero, la propiedad: “¿Quién es propietario de las minas, los pueblos indígenas, los comunarios de un lugar, todos los bolivianos o el Estado? Es difícil precisar esto desde la CPE”.
Otro escollo —dice— ha sido la consulta a los pueblos. ¿Es o no vinculante su aprobación? La Constitución dice que tienen que ser consultados, sin embargo, también afirma que la minería es un sector estratégico que debe ser manejado por el Estado. “El tema es delicado”.
El tercer obstáculo —continúa— es el de las “externalidades” que genera la explotación de minerales, es decir, la contaminación. Otra traba es la de las concesiones y contratos, pues en su criterio los contratos deberían migrar; ése es un tema de propiedad que está “estancado”.
Otra dificultad es la de los impuestos y regalías. “En todo esto ni siquiera se está discutiendo la nacionalización. Este Gobierno está manejando el código neoliberal y con subir las regalías ha mejorado los ingresos; sin embargo, su intención no es nacionalizar, sino aplicar la economía plural, es decir, que entren las transnacionales, las cooperativas de verdad y las disfrazadas, y el Estado”.
Inconciliable. La causa de la inestabilidad del sector minero, según Jordán, consiste en un error en la política minera boliviana del actual Gobierno. “Esta administración cree y pretende, erróneamente, que con la minería se puede crear empleo, lo cual no es correcto”, afirma.
Además, explica que la minería es una actividad que explota recursos no renovables y supone un máximo de responsabilidad social, pues este sector debe generar un máximo de excedente que luego se diversifique y no así empleos directos. “Para ello es necesario explotar con tecnología de punta, lo cual no genera fuentes de trabajo. El Ejecutivo cooperativizó la minería para que los empleos se multipliquen”.
La otra razón por la que el especialista cree que un nuevo código no es una medida que acabaría con los conflictos actuales es que “desde hace aproximadamente diez años” se vive un proceso acelerado de desinstitucionalización, o sea, de “pérdida de la capacidad del Estado de ejercer su dominio sobre un territorio”, por lo cual duda que un Estado ausente tenga las condiciones de cumplir y aplicar un nuevo instrumento legal que regule el área.
El expresidente de Comibol Héctor Córdoba apunta a que la primera fuente de conflicto es la convivencia de dos normas —en su criterio— del todo contradictorias: el Código Minero vigente y la CPE. El código otorga al minero un derecho propietario que le concede la posibilidad de extraer un mineral, hacerse dueño del mismo y comercializarlo con toda libertad; en cambio, la CPE define el derecho minero como uno de “uso y aprovechamiento” y establece que el mineral es de los bolivianos y nunca del minero que lo ha explotado. “Cuando se pueda saldar esta diferencia, va a generarse un verdadero cambio”, manifiesta.
Continúa. El código dice que para mantener el derecho minero basta con pagar una patente anual; mientras que la CPE señala que para ello debe cumplirse una función económica social y satisfacerse el interés público con la explotación. “En ese sentido, la Constitución exige al minero mucho más que el código”, afirma Córdoba.
El “pueblo se ha cansado de que exploten los recursos de sus territorios y que las empresas no dejen absolutamente nada para las regiones. Los campamentos abandonados son muy frecuentes en nuestro país”, reflexiona. Pero, en su opinión, el Gobierno ha recogido ese deseo de desarrollo local en la Ley 3787 (que determina que el 15% de las regalías de la explotación de recursos naturales se quede en las poblaciones de donde las extraen). Sin embargo, “eso no es suficiente, por lo que creo que en la nueva ley minera se debe incluir que los operadores mineros añadan a su presupuesto operativo un monto para ejecutar proyectos de desarrollo inmediatos en la zona en que trabajan”.
Por otro lado, propone que la consulta también tendría que ser normada en el nuevo código para que sea el Estado el que la realice y no así el operador minero. Por último, Córdoba opina que en esa nueva norma se deben definir claramente los mecanismos de control social del Estado, las cooperativas y la empresa privada. “Los privados, sí actúan como tales; sin embargo, el Estado a veces descuida su responsabilidad en cuanto a lo ambiental y otros aspectos, por eso tiene que haber un control externo que diga qué se está cumpliendo”. El control debe estar dirigido “sobre todo” a las cooperativas, pues tienen esa categoría, sin embargo muchas veces no actúan como tales y se debe determinar que cumplan su función solidaria.
“Si estos puntos están dirigidos y mecanizados bien, se podrá mejorar varios aspectos de esta actividad”, dice Córdoba. Que las actividades económicas de Bolivia se hayan diversificado —antes la minería era la actividad que decidía todo el rumbo político de la nación— no significa que aún no sea una de las más importantes, por lo cual el cambio de código debe ser encarado cuanto antes.
¿Podrá el Gobierno, con una nueva política minera, desmentir el siguiente apotegma de Sergio Almaraz (el cual puede ser válido para cualquier recurso natural en la economía primaria exportadora boliviana)? “Hay una monstruosa realidad: quien tenga el estaño tendrá el país, pero esa posesión significa destruir a los que lo producen”.
‘Hoy, nacionalizaciones no cambian el modelo’: Rolando Jordán es experto en temas mineros
Hay una diferencia abismal entre el 52 y las nacionalizaciones de hoy. La del 52 era una medida de cambio estructural, supuso un cambio de modelo al capitalismo de Estado. Hoy, las nacionalizaciones no cambian el modelo, resultan el producto de presiones de las cooperativas, son acciones parciales que tienen el objeto de complacer a esos sectores, no desarrollar el Estado.
‘En ambos casos se reivindica la propiedad’: Juan Collque es economista especialista en minería
En ambos casos, el 52 y en el tiempo actual, se puede decir que las nacionalizaciones nacen de la reivindicación de las minas, es decir, de la propiedad de los medios de producción; eso tienen en común. Lo diferente es que el 52 se consigue la nacionalización, la minas más ricas vuelven para Bolivia; hoy no es así, las más ricas continúan en manos de las transnacionales.
‘Este Gobierno comenzó a recuperar las minas’: Héctor Córdoba fue presidente de Comibol
En 1952 se nacionalizaron, con indemnización, los grupos mineros de Patiño, Hoschild y Aramayo, mientras que el gobierno de Morales recupera algunas minas. Todo comenzó con la recuperación de Huanuni y luego de la planta de Vinto, que había sido vendida a bajo precio; ésta es una nacionalización estrictamente hablando, pues hubo una compensación. Hoy siguen con otras.
El proceso de la desnacionalización, el desgaste del MNR
La nacionalización de las minas, decretada el 31 de agosto de 1952, no sólo hizo que la propiedad de los recursos metalúrgicos sea por primera vez del Estado, sino que también significó, por así decirlo, la nacionalización misma del Estado, pues éste se encontraba controlado por los consorcios de la gran minería de los Patiño, Hoschild y Aramayo.
Es por eso que el proceso de desnacionalización significó la muerte del proyecto inicial del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y condujo al golpe de Estado del general René Barrientos en 1964. No obstante, el escritor Sergio Almaraz —en su libro Réquiem para una República (1969)— afirma que, en realidad, la “revolución” había muerto mucho antes del golpe militar de noviembre. Cuando la desnacionalización comenzó, lentamente, en 1953, también inició la agonía del primer gobierno de Víctor Paz Estenssoro.
“Bolivia no volverá, efectivamente, a 1952; en este sentido, la totalidad de la historia es irreversible, pero no se debe abrigar la menor duda acerca de que la desnacionalización de las minas está en marcha”, escribía Almaraz en 1969 en referencia al tiempo anterior al golpe de René Barrientos.
La etapa de la vida nacional —se lee en el libro— que acaba el 4 de noviembre de 1964 en política minera podría resumirse con los siguientes “errores” que determinan la muerte de la Revolución de Abril en función al proceso desnacionalizador: primero, se siguió una orientación inconsecuente en materia de fundiciones en general. En cuanto al estaño, “persistió el juego de Williams Harvey”, fundidora de Patiño con la que se había firmado un contrato —inmediatamente después de la nacionalización— de 18 mil toneladas anuales (que continuó hasta después del momento en que Almaraz publicó su libro).
“En lo que se refiere al antimonio, no se llevó adelante la fundición de Vinto (Oruro) por la interferencia de los norteamericanos contra el crédito checoslovaco, no obstante que a ellos se les dio la oportunidad de intervenir en el negocio”, apunta.
En el hierro se realizaron tentativas “débiles y aisladas” para movilizar Ushpa Ushpa (Cochabamba), continúa Almaraz y luego añade que “se lucieron estudios que no se concretaron en nada en lo referente al Mutún”, historia conocida en el presente, pues ese yacimiento sigue sin ser explotado 60 años después.
La extracción de oro fue administrada por la compañía estadounidense South American Placers. El petróleo quedó bajo el control de la Gulf, “lo cual comprometió la existencia misma de YPFB”. En fin, lo que Almaraz muestra es que de concesión en concesión a favor de Estados Unidos a cambio de ayuda, la nacionalización se fue revirtiendo y la revolución emenerrista murió por su propia mano; Barrientos, de algún modo, llegó y no tuvo sino que golpear a un contrincante que ya estaba caído.
Esta política contradictoria, sin embargo, tuvo medidas positivas, como la supresión del rescate libre de minerales, que antes permitía a los extractores vender su mineral a quien fuere, sin embargo, con la creación del Banco Minero (única institución que podía rescatar mineral) se eliminó a los intermediarios de los barones del estaño.
El decurso de la nacionalización comenzó en 1953, cuando llegó la “ayuda” estadounidense en alimentos. En 1957, los norteamericanos impusieron su plan de estabilización monetaria. Más tarde se reorganizó e1 ejército. Se aceptaron asesores norteamericanos en instituciones vitales del Estado y, por último, se votó el Código del Petróleo. Como dice el mismo Almaraz: hay una delgada línea que divide las concesiones del fracaso.
