La iniciativa del gobernador de Potosí, Félix Gonzales, de aprovechar el uso de las aguas del manantial Silala, en el noroeste del departamento, implica una de las señales más fuertes de Bolivia con relación a los diferendos con Chile, cuyo Gobierno sólo se ha limitado a reclamar un informe oficial sobre el emprendimiento de parte de la Cancillería del Estado.
No hubo antes una acción similar, que hiciera sentir a los bolivianos la necesidad de fortalecer la soberanía del país ante tantos atentados foráneos a lo largo de su historia. Si bien pudieran ser proyectos pequeños, su trascendencia geopolítica es mayor.
Sin embargo, lo del Silala pareciera ser sólo una propuesta departamental, explicable en la medida en que los recursos hídricos se encuentran en ese departamento. De hecho, al acto de apertura de obras, el sábado 27 de octubre, no fueron autoridades gubernamentales, aunque, en una entrevista con Animal Político, el presidente Evo Morales dijo que lo de las piscinas piscícolas son sólo el inicio de otros emprendimientos (ya se anunció la instalación de una planta embotelladora de agua). Así, se entiende que la administración gubernamental está involucrada en el asunto, un poco distante quizás por evitar efectos diplomáticos con el vecino trasandino.
Por fortuna para los ímpetus patrióticos, la oposición del Gobierno no incurrió en estridencia ante el tema tan sensible. Al contrario, algunos de sus miembros, como el diputado de Convergencia Nacional (CN) Tomás Monasterios, han planteado propuestas de ley para sentar soberanía más eficiente en el manantial.
Corresponde de aquí en adelante que las autoridades de la Cancillería del Estado asuman una prudente acción en aras de acompañar la iniciativa de Potosí y conseguir, como se había previsto con el entonces gobierno de Michelle Bachelet, el pago por parte de Chile sobre el centenario uso de las aguas del Silala. Esa acción ayudaría a fortalecer nuestra soberanía sobre esos recursos.
El editor
