— Cuál es su interpretación del fallo del Tribunal Constitucional sobre la figura jurídica del desacato?
— Es un fallo certero y correcto, que va en la línea de la Constitución Política del Estado (CPE). Nuestra Constitución marca de manera categórica el fin de toda forma de privilegios de las autoridades públicas. La línea del texto constitucional es buscar la igualdad entre gobernantes y gobernados, entre autoridades y ciudadanos. En ese sentido se ha abolido el privilegio de juicio de responsabilidades para ministros de Estado. Antes, con la anterior Constitución, cuando un ministro cometía un delito en el ejercicio de sus funciones, tenía el privilegio de ir a un juicio de responsabilidades; en la actualidad, ese ministro es sometido a la justicia ordinaria.
Otro ejemplo es la inmunidad parlamentaria. En la anterior Constitución, el artículo 52 establecía que los parlamentarios son inmunes en el ejercicio de sus funciones, en materia civil y penal. Obviamente, eso generaba un privilegio del cual incluso se abusaba y la inmunidad parlamentaria se convertía en impunidad. De igual manera sucede con la figura del desacato, pero en este caso hay que recordar que fue introducida en los códigos denominados “códigos Banzer” que se aprobaron a principios de la década de los 70 (1972), durante un gobierno dictatorial de Hugo Banzer Suárez. Fueron aprobados por un consejo de legislación, no por un órgano que represente la voluntad soberana del pueblo; no por un congreso.
— ¿Qué implicaba su inclusión?
— Esto generaba un privilegio para la autoridad. Cuando la autoridad era ofendida, era agredida verbalmente, se procesaba al agresor mediante un delito de orden público, es decir, que el afectado no tenía que llevar adelante un proceso; el proceso lo llevaba el Ministerio Público, de oficio.
— ¿El fallo implica la recuperación del principio jurídico de igualdad de las personas ante la justicia?
— Recuperar el principio de igualdad; eso es modernizar la justicia.
— ¿Eso implica que este vicio al principio jurídico se mantenía desde 1972 y no fue enmendado en la reforma al Código Penal de 1997 ni en la de 2003?
— La reforma integral fue al Código de Procedimiento Penal (en 1997). El Código Penal no tuvo modificaciones importantes y se mantuvo el espíritu del texto de 1972, incluido el desacato, figura que generaba el privilegio. El ofender a una autoridad era un crimen que implicaba una pena mayor en comparación a la misma ofensa si ésta era en contra de un ciudadano común. Con la sentencia constitucional, lo que se hace es restablecer el principio de absoluta igualdad. La autoridad pública y el ciudadano están exactamente en las mismas condiciones.
— ¿El hecho de que el insultado sea una autoridad era agravante?
— Exactamente. Y el ejemplo más claro de una persona que haya sido encarcelada en los últimos años —y es la única encarcelada por el delito de desacato en democracia— es el de Manuel Morales Dávila, en 1996, quien en enero de ese año fue detenido por orden de Gonzalo Sánchez de Lozada. Se armó un proceso irregular, indebido, a cargo de los abogados del Ministerio de Gobierno y un juez, en la misma línea, dispuso la detención preventiva de Morales Dávila, quien lo único que hizo es defender los recursos naturales, había acusado a Sánchez de Lozada de traidor a la patria (vendepatria), por intentar vender las empresas del Estado. Ése es un ejemplo de cómo esa tipificación penal fue utilizada para perseguir y acallar.
— Tomando en cuenta qué figuras de la oposición en la actualidad fueron acusadas por este delito, éste era un mecanismo para amedrentar.
— Hay que recordar las declaraciones de la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, cuando el recurso estaba en trámite y ella apoyaba la demanda de inconstitucionalidad. Nosotros venimos de las luchas sociales; la mayoría, empezando por el Presidente (Evo Morales), viene de la lucha contra el abuso de poder. En ningún caso íbamos a oponernos a eliminar una figura jurídica de esta naturaleza. Un resabio que viene de las dictaduras, que viene de un marco de diferenciación entre gobernantes y gobernados. No se puede permitir que ningún ciudadano, autoridad o no, sea mellado en su dignidad, este es uno de los elementos más importantes en el estado de derecho. Las personas tenemos honra, honor y dignidad, que deben ser respetados y en nuestro país, recientemente, hemos visto una serie de insultos, vejámenes, atropellos y ofensas a la dignidad del Primer Mandatario de la nación y de otras autoridades, incluso con términos racistas, de odio, de discriminación, de maldad, y eso, obviamente, no es aceptable en ninguna sociedad; pero jamás se ha usado este mecanismo para detener a nadie. Sí se han hecho procesos, los que seguramente se convertirán en procesos de acción privada, porque la gente tiene el derecho de defender su honra y su dignidad. Sin embargo, el Presidente ha mencionado en varias oportunidades de que él no seguirá ningún proceso, de que va a soportar este tipo de injurias y atropellos que expresan, además, personas descalificadas.
— ¿El fallo implica la extinción automática de los procesos que estaban en curso?
— En aplicación de otro principio jurídico, la Constitución establece que la ley en materia penal es retroactiva cuando favorece al acusado, al procesado o al condenado; en este caso se aplica la retroactividad de la ley. Al quedar excluido del ordenamiento jurídico penal el desacato, mediante el fallo del Tribunal Constitucional, ya no hay delito. Sin embargo, ese proceso, a criterio de la víctima puede convertirse en un juicio por injurias, difamaciones o calumnias.
— ¿Pero ya no es autoridad contra ciudadano?
— La autoridad queda en el mismo nivel que un ciudadano común, eso ya opera hoy. En este momento están en vigencia los tipos penales de difamación, injuria o calumnia, a los que puede apelar cualquier persona, sea autoridad o ciudadano.
— ¿Es necesario hacer una modificación al Código Penal?
— El delito de desacato desapareció; ya no se aplica la pena adicional porque se trata de una autoridad. No hay que perder de vista que la nueva Constitución y la Ley 025 (del Órgano Judicial) exigen modificar toda la codificación en el país; son al menos ocho códigos, incluido el Penal, que deben ser adecuados a la Constitución. En ese proceso habrá un debate en el que puede plantearse este tema, pero en ningún momento se pensó en restituir la figura del desacato; hay que tener respeto por el principio de igualdad.
— El desacato tiene un componente político, ¿tras el fallo se puede hacer un balance de victorias y derrotas políticas?
— Si habría que hacer ese tipo de balance, la victoria es de la Constitución, porque fue correctamente entendida. No creo que haya habido victoria de un tribunal, de un poder, de un partido político ni del Gobierno. Lamentablemente, en Bolivia tendemos a convertir todo en elementos políticos, trastocarlo todo y verlo con el lente de la política, y eso no es correcto; en este caso, no es un tema político, sino uno de aplicación de la Constitución.
