Tras el cambio de estatus en la ONU (de entidad observadora a Estado observador no miembro) y el reconocimiento mundial a Palestina como tal, el liderazgo palestino estudia los pasos a seguir, que girarán en torno a la reconciliación nacional, el proceso de paz y su incorporación a organizaciones y tratados internacionales.
Desde hace meses, un equipo jurídico estudia los estatutos y cartas fundacionales de más de una treintena de organizaciones internacionales, a las que la nueva Palestina, con el respaldo que la comunidad internacional le dio el jueves, pedirá su ingreso.
Algunas de las agencias de la ONU que son prioritarias para los palestinos y estarán entre las primeras a las que se pida acceso son Unicef (fondo de la ONU para la infancia), la FAO (Organización para la Agricultura y Alimentación) y la OMC (Organización Mundial del Comercio), explicaron a EFE fuentes palestinas en Ramala.
Entre los tratados internacionales, los que más interesan a los palestinos y más preocupan a Israel son las Convenciones de Ginebra y sus protocolos adicionales, ratificados total o parcialmente por 194 estados y que regulan el derecho de la guerra y establecen estándares del derecho humanitario internacional.
Otra fuente de preocupación es la adhesión palestina al Estatuto de Roma, que crea y regula la Corte Penal Internacional (CPI), donde los palestinos han tratado en el pasado de presentar denuncias contra políticos y militares israelíes por crímenes de guerra y contra la Humanidad, que el tribunal rechazó estudiar por no ser Palestina un Estado.
La cartas que la Palestina reconocida por la ONU necesita presentar para acceder a las Convenciones de Ginebra y a la CPI están ya escritas y firmadas, aseguraron las fuentes, que matizaron que su presentación y cuándo se lleve a cabo dependerá de la situación en el terreno y de la actitud israelí. Varios países, encabezados por Reino Unido, trataron de condicionar su voto de apoyo en la ONU a la renuncia de los palestinos a la CPI, pero éstos se negaron tajantemente al considerarlo una cesión de soberanía inaceptable.
Uno de los primeros casos que los palestinos podrían llevar ante ese tribunal serían los resultados de la investigación de las causas de la muerte del histórico líder Yaser Arafat, cuyos restos fueron exhumados el reciente 27 de noviembre para comprobar si murió por envenenamiento.
En el plano bilateral con Israel, que se ha enfrentado con dureza a la pretensión palestina y ha tratado sin éxito hasta el último momento de lograr la oposición en la ONU del mayor número de países, el avance diplomático palestino podría derivar en un reinicio de las negociaciones de paz.
El presidente palestino, Mahmud Abbas, aseguró estar dispuesto a reiniciar el proceso de paz, impulsado por Washington y estancado desde hace dos años, tras elevarse el estatus en la ONU, pero no quitó de encima de la mesa su exigencia para sentarse a negociar: que Israel frene por completo el crecimiento de las colonias.
Se espera que la Casa Blanca presione para que ambas partes vuelvan al diálogo, algo que, en cualquier caso, no se prevé que ocurra hasta que se forme un nuevo gobierno en Israel tras los comicios del 22 de enero.
Para entonces, la esfera política palestina también podría haber deparado sorpresas, puesto que la OLP y Al Fatah (el partido de Abbas) se han comprometido a iniciar de inmediato negociaciones de reconciliación con el movimiento islamista Hamás (que gobierna en Gaza), inmediatamente después del voto de la Asamblea General de la ONU. Responsables de Al Fatah han anunciado que Abbas viajará próximamente a Gaza, algo que no hace desde que perdió el control en la franja, en manos de Hamás desde junio de 2007.
Además de los pasos previstos a nivel interno y externo, los palestinos también se han preparado para posibles represalias de Israel y Estados Unidos a su avance en la esfera internacional.
Durante más de un año, el liderazgo de Ramala ha soportado fuertes presiones para no presentar su solicitud en Nueva York y ha hecho frente a amenazas de diversa índole.
Entre otras medidas, Israel ha amenazado con dejar de transferir los impuestos y aranceles que recauda en nombre de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que suponen el 56% de su presupuesto. También ha advertido que considera el paso palestino una “medida unilateral” contraria a los acuerdos de paz de Oslo (1993), que amenaza con considerar nulos, y el ministro de Exteriores, Avigdor Liberman, amenazó incluso con “derrocar a Abbas”.
Uno de los temores palestinos es que Estados Unidos retire su apoyo económico y los fondos que canaliza a través de la cooperación internacional. Para paliar el daño que estas represalias supondrían para una ANP sumida en una profunda crisis financiera, a lo largo de los últimos meses Ramala ha obtenido compromisos de países árabes, entre otros de Catar, de que suplirán las pérdidas económicas que pudieran afrontar.
Si bien los palestinos son conscientes que la mejora de su estatus en la comunidad de naciones no cambiará su día a día ni supondrá el fin automático del control militar israelí de su territorio, saben que es un paso histórico que les dará nuevos instrumentos para avanzar hacia su largo sueño de tener un Estado soberano.
