Una reciente encuesta realizada en cuatro ciudades del eje central del país reveló que el 79% de las personas consultadas expresa su rechazo a la posibilidad de adoptar alguna legislación que limite el uso de las redes sociales como Facebook y Twitter. Este dato es una saludable noticia para la defensa, sin concesiones, de la libertad de expresión.
Lo que llama la atención del estudio —publicado en Página Siete— no es tanto ese mayoritario rechazo, sino el elevadísimo porcentaje del 21% de los encuestados que está de acuerdo con algún/cualquier control en internet. ¿Se imaginan? Dos de cada diez ciudadanos, nada menos, apoyaría una norma para evitar los ataques virtuales contra el Gobierno.
Este dato resulta no sólo curioso, sino muy preocupante. Curioso porque incluso el potencial beneficiado con la medida —el presidente Morales— ha negado la posibilidad de tal norma. Y preocupante porque al parecer no quedó lo suficientemente claro para todos que dicho control de las redes sociales (insinuado por algún legislador), además de indeseable, es imposible.
El otro aspecto interesante es la forma como se pregunta. Imaginemos: ¿Está de acuerdo con limitar las redes para evitar ataques al Presidente? ¿Cree que una ley frenará las críticas contra el oficialismo? La respuesta inequívoca no puede ser otra que un rotundo “no”. Es como indagar si alguien acepta restringir las libertades en beneficio del poder. Alguno habrá, claro, situado en el poder.
¿Y si cambiamos el enfoque de las preguntas? Supongamos: ¿está de acuerdo con alguna legislación que limite el uso de las redes sociales para evitar el racismo, los secuestros, la trata y tráfico de personas? La indagación, además de retórica, es igual de forzada. Y por tanto igual de incompleta e inútil.
Lo que habría que explorar, en serio, más allá de las encuestas, es cómo se concilian las imprescindibles libertades con los imprescindibles derechos. Por ejemplo: ¿cómo preservar la libertad de expresión sin vulnerar los derechos a la intimidad y a la imagen? En este campo, ya se sabe, siendo necesarias, las auto/regulaciones son por demás insuficientes. Es que al final, sea en la calle, sea en la red, siempre será una cuestión de dignidad y respeto.
