Hace unos días, la Corte Internacional de Justicia de La Haya fue escenario de las audiencias públicas correspondientes al caso sobre la delimitación marítima entre Perú y Chile. Como estaba previsto, de acuerdo con los argumentos presentados por las partes en la fase escrita, la defensa peruana arguyó que el límite marítimo entre los dos países nunca ha sido delimitado y que, frente a la ausencia de esa demarcación, corresponde que la Corte determine dicho límite en base a la costumbre del derecho del mar que establece como objetivo general alcanzar una solución equitativa en la fijación de los límites marítimos.
La representación chilena, por su parte, sostuvo que la línea fronteriza marítima sí fue establecida formalmente por el acuerdo de las partes a través de la Declaración de Santiago de 1952 y reafirmada dos años más tarde con un convenio complementario. Desde entonces —aseguraron los abogados de Chile— han transcurrido 60 años en los que la práctica de los dos países y de la comunidad internacional confirma la existencia de un límite marítimo que sigue el paralelo de latitud.
Para Bolivia, este proceso reviste especial importancia porque están en disputa los territorios que más factiblemente podrían servir para recuperar un acceso soberano al mar y porque es un antecedente fundamental para el diseño de la estrategia de reintegración marítima que prepara el actual Gobierno. Por esos motivos, una delegación de nuestro país asistió a las referidas audiencias con el propósito de conocer las implicancias jurídicas de las exposiciones que, inesperadamente, incluyeron amplias referencias al problema marítimo boliviano.
En efecto, cuando el proceso aún se hallaba en su fase escrita, el equipo jurídico chileno decidió añadir en su dúplica una explicación de la participación peruana en las negociaciones de Charaña, las cuales, de acuerdo con ese mismo documento, fueron iniciadas con el fin de “proporcionar a Bolivia acceso al mar”. En esas conversaciones, el Gobierno de Santiago propuso al de La Paz un intercambio de territorios en el que Chile cedería a Bolivia un corredor al norte de Arica y su respectivo territorio marítimo, el cual —según efectivamente indica la propuesta chilena de 1975 — estaría “comprendido entre los paralelos de los puntos extremos de la costa a ser cedida”.
De acuerdo con la duplica chilena, Perú fue consultado específicamente sobre este asunto “y no expresó objeción ni reserva”, lo que hizo fue presentar un Memorándum en 1976 con una contrapropuesta, en la cual —según la postura chilena— mantuvo su aceptación a la delimitación marítima en base a los paralelos, tal como lo muestran los mapas presentados por Chile (figuras 72, 73 y anexo 87 de la dúplica chilena).
Ante esa situación, Sir Michael Wood, abogado defensor del Perú, señaló que “los argumentos chilenos se basan en evidencia engañosa, incluyendo mapas preparados por Chile, y no, como Chile parece sugerir, por Perú”. En su criterio, el Gobierno peruano no mencionó al paralelo de latitud en su contrapropuesta ni tampoco sugirió un método de delimitación marítima para demarcar el mar que sería boliviano. En cuanto a los mapas, indicó que éstos son una “grave distorsión de la propuesta peruana” porque no fueron parte del Memorándum de 1976.
De hecho, según explicó, el único mapa publicado por Perú fue incluido posteriormente en un comunicado oficial de Torre Tagle y en un artículo del embajador De la Puente Radbill, el cual —de acuerdo con la versión peruana— “fue usado por Chile como base para crear la figura 72”.
En respuesta, el abogado de Chile, Georgios Petrochilos, destacó que Perú no dijo nada en su contrapropuesta sobre la inexistencia del límite marítimo, ni señaló que el paralelo no defina la frontera, ni tampoco hizo valer sus derechos al sur del paralelo fronterizo. En efecto, expresó el jurista griego, “Perú aceptó que Chile, y no Perú, pueda conceder a Bolivia una soberanía exclusiva sobre el mar”. Según Petrochilos, Wood evitó referirse a la sustancia de las negociaciones sobre el corredor boliviano, pero sí reaccionó ante los mapas presentados en la dúplica chilena. Aclaró que Chile no indicó que esos mapas fueran hechos por el Gobierno peruano y que el anexo 87 era “una ilustración de la contrapropuesta de Perú” que fue publicada en 1978 por el Gobierno de Santiago y que nunca fue objetada por Lima. De igual forma, mencionó que la figura 72 es “una ilustración producida para este caso”.
En la réplica, Wood sostuvo que el anexo 87 parecía ser parte de la propuesta peruana porque fue incluido en la dúplica chilena con el título “Memorándum de 18 de noviembre de 1976 de la Embajada de Perú en Chile”. Acerca del supuesto reconocimiento peruano a que Chile conceda la zona marítima a Bolivia, refirió que no hay nada sorpresivo en ello porque las negociaciones fueron entre chilenos y bolivianos. “El Memorándum peruano no nombró nada sobre qué áreas del mar serían cedidas a Bolivia” y, por tanto, “la contrapropuesta peruana no reconoce la posición de Chile sobre el límite marítimo”, sentenció el jurista británico.
Finalmente, Petrochilos decidió leer para los jueces de la Corte los textos de propuesta chilena de 1975 que menciona a los paralelos de latitud y de la contrapropuesta peruana de 1976 que acepta “la soberanía exclusiva de Bolivia sobre el mar adyacente a la costa”, para luego cuestionar una vez más a Perú por no haber aclarado que tenía derechos al sur del paralelo, pues si creía tenerlos, “por supuesto que debió haberlo dicho”, concluyó el abogado de Chile.
Desde nuestro punto de vista, esta discusión, más allá de revelar que Perú aceptó tácitamente que Chile conceda a Bolivia el territorio marítimo que hoy está en disputa o de evidenciar que la defensa chilena modificó los mapas peruanos para hacer valer su posición ante la Corte, deja un claro reconocimiento de ambos países a la existencia del problema marítimo boliviano, tantas veces desconocido por Santiago, y un recordatorio oficial de que en 1975 Chile se comprometió formalmente a resolver ese problema.
