Seguridad jurídica. Es una frase que salta de vez en vez en el escenario político actual, unas veces aparece como demanda, otras con una carga de retórica en la lid política. Este concepto es más que eso, debería ser comprendido como el desafío más importante del actual ordenamiento institucional porque está vinculado con el bienestar y la paz social, dos escenarios que son clave para proyectar el desarrollo de la sociedad.
Para alcanzar esta seguridad jurídica aún falta camino por andar en una ruta que debe basarse en la Constitución y articulada por los legisladores sobre la base de una agenda política que puede estar afectada por la retórica preelectoral, anuncios grandilocuentes y palabras envenenadas que buscan dañar la imagen de rey de este tablero de ajedrez.
Desde que la Constitución fue promulgada por Evo Morales el 7 de febrero de 2009, las leyes sustantivas, las que deben regular el ordenamiento específico del Órgano Judicial no se han aprobado. El vicepresidente Álvaro García Linera ha señalado que éste es un desafío clave para la agenda política que este año debe cumplir la Asamblea Legislativa Plurinacional, un reto que tiene que ver con el futuro institucional del país.
Entre los análisis que destacan en este número del Animal Político resaltan aquellos emergentes de la Primera Cumbre Judicial, donde se ha evidenciado que más de medio millón de causas judiciales están a punto de ahogar al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué? En el actual sistema, todas las causas legales deben llegar al cénit del sistema, el Tribunal Supremo de Justicia, donde sus nueve magistrados deben resolver, incluso, líos entre vecinos, como bien anota el abogado Iván Lima. Una gran parte de la construcción de la nueva arquitectura legal debe pasar por una revalorización de los jueces, quienes en última instancia son los agentes estatales a cargo de administrar esta seguridad jurídica, lejos de los discursos políticos y las agendas preelectorales.
El editor
