Oportunamente, el Presidente plantea eliminar la pobreza hasta 2025 y como medio fundamental para lograrlo, la “industrialización”. Posiblemente sería más apropiado definir como objetivo “vivir bien” y plantearse alcanzarlo con un “crecimiento económico autónomo y sustentable”. En todo caso no sería difícil lograr consensos sobre objetivos generales, lo difícil será conseguirlos en cómo alcanzar esos objetivos y sobre esta base elaborar las necesarias políticas de Estado. Antes de hacer propuestas al respecto, se hará una sintética evaluación de la gestión 2012.
Aspectos políticos: el principal acierto es la lucha efectiva contra la corrupción. La demostración de que existe voluntad política al respecto es la desarticulación de una red de extorsión encabezada por asesores de ministros. Se constata un cambio radical: estos cargos de confianza solían ser utilizados para que el respectivo ministro no apareciera en sus actos de corrupción.
En segundo lugar: ha habido algún avance en reducir la concentración del poder al nombrarse presidente del Órgano Electoral a una persona independiente. Un tercer acierto es la incorporación de asociaciones de empresarios —técnicamente también organizaciones sociales— en los procesos de consulta.
En cuanto a errores: en primer lugar, el tratamiento del problema del TIPNIS. Partió de una decisión anticonstitucional: llegar hasta la ejecución de un proyecto estructurante sin previa consulta a los indígenas a través de sus organizaciones propias. Se trató de subsanar este error a través de una consulta directa expost, muy deslegitimada.
En segundo lugar, algo más estructural: aún se mantiene una elevada concentración del poder, reflejada en primer lugar en la dependencia del Órgano Legislativo respecto al Ejecutivo y en la politización de la justicia. La dictadura de la mayoría es claramente algo opuesto a la democracia y la descentralización podría ser lo más eficaz para neutralizar esa tendencia, pero la dependencia financiera de las autonomías —sobre todo de las que cuentan con escasos recursos propios— respecto al nivel central, obstaculiza el logro de este objetivo.
Aspectos sociales: ha habido avances importantes en la defensa de la vida y la integridad. Si bien continúa la ineficacia, la desigualdad y la corrupción en la prevención de delitos y la administración de justicia, se ha avanzado significativamente en seguridad vial con la sustitución de más “carreteras de la muerte” (La Paz-Oruro y Santa Bárbara-Quiquibey).
Pero aún falta la construcción de defensas y la señalización en las carreteras. Falta también establecer un régimen laboral específico para los conductores y una efectiva revisión técnica (actualmente casi inútil), donde se diferencie entre uso privado y uso público de los vehículos.
En materia cocalera: se ha atinado al fundar la reducción del área total destinada a este cultivo en el autocontrol social y también al basar el desarrollo alternativo del Chapare en la industrialización de la producción agrícola legal (lo que debería reducir aún más dicha superficie). Aumentan, sin embargo, las exportaciones de cocaína, tanto por la utilización de un proceso más productivo para su obtención como por las reexportaciones del estupefaciente provenientes principalmente del Perú. Se acierta al aliarse con el principal consumidor, Brasil, para combatir al narcotráfico.
También se registra importantes avances en provisión de servicios básicos, tanto más trascendentales cuanto el acceso a estos servicios tiene implicaciones decisivas no sólo en términos de consumo, sino de insumos para actividades productivas y comerciales. Pero poco se ha reducido la atroz desigualdad en salud, y se mantiene un bajísimo nivel en educación, particularmente en la fiscal, condenando así a los pobres a seguir siendo pobres.
Aspectos económicos: el mayor acierto es la estabilidad monetaria, que contrasta, por ejemplo, con el caso de Venezuela. Pero, al no invertirse lo suficiente en exploración de hidrocarburos y minerales y, en general, en toda la economía (excepto en construcción, cíclica por antonomasia), no se está garantizando la sustentabilidad de las actuales tasas de crecimiento.
En el caso de los hidrocarburos, una limitación decisiva es el oligopolio legal del que se benefician unas cuantas productoras transnacionales. Adicionalmente, al mantener bajos los precios de los carburantes para automotores se reduce recursos que deberían ser destinados a inversión en el sector. La parte destinada a subvencionar la producción —incluida la de servicios públicos de transporte— tiene sin duda un efecto progresivo, pero no la que corresponde al transporte particular, caso que constituye un subsidio regresivo. Para encarar este problema debería partirse por hacer esta diferenciación.
El otro problema fundamental es la insuficiente inversión privada, no sólo extranjera sino, sobre todo, nacional y dentro de ésta, la del sector formal. Los bancos están prestando menos que lo que captan en depósitos —cuando debería ser al revés— y para no reducir sus altas tasas de ganancia mantienen elevadas las tasas de interés activas, desestimulando así la inversión. Esto se refleja en los niveles innecesariamente altos de las reservas internacionales: no se está importando equipos y materias primas según lo que correspondería a la demanda potencial.
Sin embargo, la explicación de fondo de los bajos niveles de inversión privada serían las expectativas de los posibles inversionistas, afectadas decisivamente por falta de regulaciones mediante las cuales se establezca claramente, tanto principios delimitadores entre las tres áreas productivas (estatal, privada y cooperativa) como reglas generales para el funcionamiento económico y técnicas para cada sector.
Finalmente, otro aspecto esencial para el desarrollo económico sustentable es la inversión en ciencia y tecnología, directamente conectada con la educación. Estamos muy por debajo de otros países latinoamericanos, como Brasil y Cuba.
Aspectos ambientales: aquí se constata una ausencia de avances: la contaminación hídrica y el agotamiento de recursos naturales sin contrapartida son crecientes. En conclusión, temas pendientes de encarar serían: la concentración del poder; la ineficacia, desigualdad y corrupción en la administración de justicia; la sustentabilidad financiera y económica; la creciente contaminación; la gran desigualdad prevaleciente en salud, y el bajísimo nivel en educación e investigación científica y tecnológica.
