En este mismo espacio de opinión escribí hace dos semanas el artículo Investigar para que no se pierda transparencia, al que la ministra Nardi Suxo respondió con una carta en la que exige rectificar la “desacertada publicación”.
Para ello acompaña documentación que, según concluye, demuestra que las acusaciones que se hicieron en su contra (ninguna de mi autoría) no fueron probadas y que se constituyeron en un instrumento de ataque político a su labor fiscalizadora.
Me acusa además de irresponsable, falto de ética, de tergiversar, de no recurrir a la contraparte, de mentir y de pretender desprestigiar su trabajo, “con fines que desconozco”, dice. La carta fue publicada el anterior domingo por La Razón.
En mi defensa debo decir que no tengo absolutamente nada en su contra, que no tergiversé ni mentí ni cometí faltas éticas y que en el artículo no la acuso de nada y tampoco afirmo que las acusaciones de otros fueron probadas o no. Sólo opino, y opino que “lo más sano para terminar con una u otra interpretación (la de sus acusadores y la de ella) debería ser promover una investigación transparente, pública y a fondo de su caso”. Remato la nota afirmando que mientras esto no ocurra “las dudas sobre la diafanidad de la ministra continuarán latentes”. Eso no es malintencionado, es sensato.
Y así se lo hice saber a la autoridad personalmente el último lunes, en una reunión en la que compartimos nuestros puntos de vista sobre la publicación, que ella considera que llevó a otro tipo de interpretaciones que no solamente le afectan personalmente, sino también (y es su mayor preocupación) a su familia. Legítimo y comprensible.
En todo caso mi columna no acusa, no juzga ni condena; recopila hechos y luego plantea la necesidad de que se investiguen estos casos para que las acusaciones y contraacusaciones no queden en los registros periodísticos, objetivo con el que la propia ministra coincide. Para ella, tal como publicó la dirección de este medio, queda abierto un espacio de opinión, como manda el Código de Ética.
Para mí, queda claro que reafirmo mi derecho de opinar sin necesidad de pedir contrapartes, siempre en el marco del respeto de las normas éticas, como lo he hecho durante los 24 años que tengo en el desempeño de este oficio. Y es que la libertad de opinión es un pilar fundamental de la democracia.
