En estos 30 años de vida democrática, la reconfiguración del Estado boliviano tuvo avances, dificultades y desviaciones en un proceso que recorrió desde la modernización democrática del Estado republicano y recientemente la construcción del Estado Plurinacional. En la recuperación de las libertades ciudadanas y garantías constitucionales, la participación indígena y campesina fue destacada. Junto a otros sectores sociales, los indígenas y campesinos pusieron su sello en la transición de las dictaduras a la democracia.
En las décadas de los 60 y 70, algunos líderes indianistas plantearon la liquidación del Estado republicano de Bolivia y sustituirlo con un Estado indio. Por su parte, la visión democrática y crítica del Estado colonial nació del movimiento katarista a principios de la década de los 70. Desde entonces se posicionaron en la agenda pública, entre otras, ideas como el colonialismo externo e interno, la lucha anticolonial, la democracia intercultural y la transformación del Estado en uno pluriétnico, pluricultural y plurinacional, con una mayor participación de las mujeres indígenas y la democratización del Estado.
Este avance intercultural se mostró en la integración multiétnica de la nueva dirección de la (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) en 1979: con Jenaro Flores (aymara), Juvenal Castro (quechua) y Guido Chumiray (guaraní), junto a una treintena de dirigentes de todo el país. A su vez, en las tierras bajas fue emergiendo la lucha de varios pueblos indígenas en torno a sus derechos territoriales (el Estado les reconocería la Tierra Comunitaria de Origen en 1994-96), la educación intercultural y bilingüe y, desde 1990, la propuesta de Asamblea Constituyente como un mecanismo para reconfigurar un Estado incluyente y multiétnico.
El Movimiento Al Socialismo (MAS) no fue parte de estos dos procesos de lucha y de acumulación histórica. Es más, el movimiento cocalero —núcleo actual del MAS— ha tenido relaciones hostiles y agresivas contra los pueblos indígenas de tierras bajas por la necesidad de ampliación de su frontera agrícola y el acceso a recursos naturales. Décadas después de 2000, la idea de Asamblea Constiuyente fue retomada por la Coordinadora por la Defensa de la Vida y el Agua junto a la recuperación estatal de los servicios como el agua y la nacionalización de los hidrocarburos.
Esta acumulación histórica permitió que la idea de Estado Plurinacional se amplíe a sectores no indígenas. El MAS aprovechó esa disposición e incluyó en su propuesta de forma tardía, cuando el Pacto de Unidad había configurado una propuesta determinada. Recordemos que en los ciclos de movilizaciones antes y después de 2000, la idea de un Estado Plurinacional y una Asamblea Constituyente no eran parte del discurso político del MAS; lo asume después de octubre de 2003.
Esta revisión histórica explica las dubitaciones, confusión y contrasentidos del actual gobierno en la implementación del Estado Plurinacional y las caídas de sus cuatro máscaras: popular (con el gasolinazo), indígena (con la masacre de Chaparina), partidización de la justicia (con la designación partidista de jueces y magistrados) y ética (con la red de extorsión y denuncias de nepotismo).
La Asamblea Constituyente fue el espacio en el que, con muchas luces y sombras, intentaron plasmar el diseño del Estado Plurinacional. Siete años después dicha propuesta está en la incertidumbre. Unos creen que el nuevo Estado tiene el sello de los pueblos indígenas (Gobierno, voceros y dirigentes del MAS). Otros consideran que no es más que la reedición del viejo Estado nacional, colonial y alejado de los intereses indígenas (Raúl Prada, Alejandro Almaraz y otros disidentes). Finalmente, hay quienes creen que el nuevo Estado es el desmontaje del Estado republicano hacia una alternativa incierta (varios opositores y expertos).
El sueño del Estado Plurinacional pretendía empoderar a los indígenas en los niveles de decisión política. Eso no sucedió. Los máximos mandos, el gabinete y los cargos de decisión tienen presencia indígena marginal. ¿Elevar a los máximos niveles los principios, criterios y procedimientos de la democracia comunitaria, como pretendía el Pacto de Unidad, hoy fracturada por el retiro de la CIDOB y Conamaq? Eso cayó en el olvido. Las taras de los regímenes anteriores (personalismo, caudillismo, nepotismo, corrupción, frivolidad e improvisación) empeoraron y sólo cambiaron de piel, ahora los actores son de rostro moreno. ¿Separación e independencia de poderes? Se redujo a un torpe y frívolo caudillismo del Órgano Ejecutivo que controla y anula a los otros órganos Legislativo, Judicial y Electoral. ¿Gobernar obedeciendo al pueblo? Se quedó en dos o tres reuniones aisladas y luego un rosario de shows mediáticos y de impostura democrática.
El texto constitucional intentó recoger algunos principios de la lucha por el Estado Plurinacional, pero la práctica los desmintió. Por ejemplo, el reconocimiento del pluralismo jurídico murió con la etnocéntrica Ley de Deslinde. La educación intercultural y bilingüe se quedó en un mero deseo y postulado desde 2006. La autonomía indígena reducida a un ente supeditado al Estado del MAS, sin derecho a la consulta previa, de buena fe e informada.
Las autonomías indígenas no nacieron de una propuesta constructiva, sino reactiva y utilizada como arma contra la “media luna”. Anteriormente, la autonomía departamental había nacido como una reacción contra la Asamblea Constituyente. El Gobierno, frente al crecimiento de la demanda de la autonomía departamental, opuso las autonomías campesina, indígena y regional. De la veintena de autonomías indígenas, sólo cinco redactaron sus estatutos y están en consulta del Tribunal Constitucional.
En resumen, el Estado Plurinacional es una propuesta multiculturalista de poder que instrumentaliza a los pueblos indígenas subordinándolos a los intereses de grupos de la izquierda criolla del país. No representa los intereses históricos de los pueblos indígenas ni la construcción de una democracia intercultural.
