Tal como ofrecimos en La gestión pública en 2012: una evaluación (Animal Político de La Razón, 6 de enero 2013), en este artículo haremos algunas propuestas sobre cómo alcanzar las metas que propone el presidente Evo Morales para 2025. Para conseguirlas, es imprescindible, ante todo, lograr consensos sobre la democracia inclusiva que se quiere construir e incrementar, desde ahora, la inversión.
Para empezar, debería darse una síntesis entre las dos ideologías, una revolucionaria, basada en el concepto de lucha de clases, y otra indigenista, de complementariedad, que alimentan el enfoque de las fuerzas políticas mayoritarias. Esto es perfectamente posible a través de un concepto renovado de democracia, en la que el pueblo gobierne y logre la supremacía de los intereses generales sobre los particulares —incluidos los económicos de dentro y fuera del país— sobre la base de la igualdad efectiva de derechos políticos y sociales individuales. Es cierto que la democracia representativa es insuficiente para ello y por eso son también imprescindibles las democracias participativa y directa.
Este concepto renovado de democracia coincide con los principios de complementariedad y reciprocidad de la ideología autóctona. Estamos “en un pachakuti, tiempos de equilibrio”, señalaba el Presidente en su informe, y ello es evidente, pues al fin se ha vencido el obstáculo fundamental que quedaba por superar después de la revolución gestada en el Chaco: la exclusión política de las grandes mayorías. Superado este impedimento, se debe avanzar en la construcción de un Estado verazmente democrático, que equilibre los intereses comunes y los individuales.
La organización territorial del Estado: estructura para una nueva democracia. Siguiendo el modelo de democracia representativa, la República llegó hasta el municipio territorial. ¿Cómo se puede añadir formas de democracia participativa e incorporar la democracia directa en el Estado Plurinacional? Lo primero, ya se está encarando y lo segundo está pendiente.
Y ello pese a que la democracia directa está plenamente vigente en Bolivia, particularmente en la comunidad campesina, donde se han forjado durante siglos eficaces instituciones endógenas, tales como la búsqueda de consensos, la rotación de cargos, los aportes en trabajo, especie y/o dinero y las sanciones por incumplimiento (“instituciones”: en el sentido institucionalista, es decir, reglas de juego). Estas instituciones han sido trasladadas por los migrantes a los centros urbanos y sirven de base para el funcionamiento de las juntas de vecinos.
Esta institucionalidad endógena puede ser incorporada a la base del Estado para configurar un nivel submunicipal de autogobierno, en el que todos los mayores de edad tengan igual derecho a la participación directa. Órganos de autogobierno local se ocuparían de todo aquello que puede ser mejor resuelto directamente y para ello deberían contar con transferencias —financieras o en especie— de su respectivo municipio, subsidiarias respecto a las iniciativas y las correspondientes contribuciones comunitarias.
Una regla de juego fundamental de nuestra democracia directa es que con la participación y el compromiso de todos se decide simultáneamente, tanto sobre actividades a realizar como sobre los aportes (contribuciones), que cada uno de los miembros de la comunidad debe efectuar. Desde el punto de vista económico, esta institución comunitaria garantiza la eficiencia, ya que los participantes, antes de decidir, comparan para cada caso el beneficio que obtendrán con el costo que dicho beneficio les implicará, y esta comparación les permite priorizar y decidir eficientemente, y, más adelante, los induce a controlar que sus aportes sean adecuadamente utilizados (la corrupción es rara y si ocurre es fuertemente sancionada). La repetición periódica de este ejercicio hace que el gasto que así se define tienda a ser cada vez más eficiente.
Esta misma institución podría aplicarse —mutatis mutandi— a las autonomías, a fin de que su gasto sea también eficiente. Para ello, cada una de ellas debería contar con impuestos propios y poder definir las respectivas alícuotas (porcentajes a cobrar con relación a las respectivas bases impositivas) en función de los gastos que democráticamente se acuerde realizar. A fin de igualar derechos, debería instaurarse un nuevo sistema de transferencias de libre disponibilidad, en el que éstas sean proporcionales a cada esfuerzo fiscal local, medido este último no en términos absolutos sino con relación a los ingresos medios de la población de cada autonomía (cuanto más pobre, más transferencias recibirá por cada boliviano que aporte). De esta manera, el gasto autónomo en infraestructura, servicios y apoyo orientado a la producción sería tanto equitativo (por el sistema de transferencias) como eficiente. Ésta sería la base para el desarrollo local y regional, clave para que los bolivianos mejoren por sí mismos sus ingresos y para que la superación de la pobreza dependa cada vez menos de políticas asistenciales.
Para que la economía funcione sosteniblemente. Actualmente, la inversión es insuficiente: hay una cantidad excesiva de depósitos bancarios que no es invertida y otra de reservas de divisas que no es utilizada para importar bienes de capital e insumos. Para estimular la inversión, particularmente la no pública, se requiere ante todo de normas generales y particulares —y mecanismos de cumplimiento— que establezcan claramente derechos y obligaciones generales y por sectores, iguales para cada área: estatal, cooperativa y privada. Establecidas estas reglas del juego, el Estado debe estimular y apoyar la inversión productiva desde cada uno de sus niveles de gobierno.
Se trata, entonces, de lograr un crecimiento equitativo y sostenible a partir de la situación actual. En la coyuntura actual la regulación es particularmente necesaria para la minería. En el caso de los hidrocarburos, a fin de permitir una mayor inversión de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) y sus empresas asociadas, se debería reducir paulatina y diferenciadamente las actuales subvenciones y subsidios al consumo de carburantes: estos últimos pueden ser reducidos más aceleradamente que las primeras, ya que benefician sólo el consumo de los propietarios de vehículos particulares. Para ambos sectores debe regularse la disposición constitucional según la cual las firmas privadas que se asocien con empresas públicas, para el aprovechamiento de recursos naturales no renovables, deben reinvertir sus utilidades en el país (artículo 351, II) (o hacer la respectiva enmienda constitucional).
En síntesis: para lograr los objetivos trazados, es indispensable partir por organizarnos adecuadamente a fin de ir liberándonos de la dependencia de los recursos naturales no renovables e ir estableciendo reglas del juego en función de ese logro sobre la base del principio del predominio del interés general sobre el particular.
