Pareciera haber tres maneras de morir en el periodismo boliviano: 1) en el ejercicio de la profesión, 2) al margen de toda vinculación profesional y 3) la combinación de ambas formas. Puede resultar frívolo escribir sobre cómo se muere en el gremio en estos momentos de luto.
Al periodista Luis Espinal Camps lo secuestraron, torturaron y asesinaron fuerzas paramilitares, por su condición profesional, el 22 de marzo de 1980.
Los periodistas hermanos Verónica y Víctor Peñasco murieron el 25 de febrero, y Eugenio Aduviri, el 12 de mayo de 2012; los tres en manos de delincuentes callejeros, quienes aparentemente no conocían la profesión de sus víctimas.
Y ahora, Hanalí Huaycho Hannover, periodista de televisión casada con un oficial de la Policía Boliviana, su presunto verdugo.
Los tres casos confirman el por qué el periodismo es considerado como profesión de alto riesgo. Por lo general, las agresiones mortales provenientes de confrontaciones bélicas contra periodistas que cubren dichos acontecimientos son las que más han llamado la atención en el mundo de la libertad de expresión que aquellas muertes no vinculadas al ejercicio periodístico.
La protección de los periodistas en misión peligrosa o de alto riesgo sigue siendo un tema que preocupa a los organismos internacionales de derechos humanos y del mismo derecho internacional humanitario, dado el elevado índice de muertos de profesionales en cumplimiento de la función en conflictos armados internos, guerras externas, crimen organizado, corrupción, etc.
La causa de estas muertes tiene su fuente de explicación en la actuación de periodista que ejerce la libertad de expresión (con su ciclo de buscar, recibir y difundir información de utilidad pública) en nombre de sus públicos, que justifica también el motivo de su protección desde la esfera estatal.
Para el caso boliviano, el Estatuto Orgánico del Periodista (Decreto Supremo 494) señala que el periodista “posee el atributo de la fe pública”, la Constitución Política del Estado “garantiza” a los trabajadores de la prensa el ejercicio de esta libertad y el Código Penal se encarga de penar a quienes estorben la libre emisión del pensamiento por cualquier medio de comunicación.
Si para la Carta Democrática Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos “la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática”. Entonces, la seguridad física de los periodistas en el ejercicio de sus funciones se hace vital.
¿Qué pasa cuando un periodista es víctima mortal sin estar en ejercicio de sus funciones? Los hermanos Peñasco salían de casa rumbo a la radio y Aduviri ya había abandonado la sala de redacción. Sus agresores, aparentemente, no conocían que eran periodistas.
El Ministerio Público acusó a los agresores de los periodistas por delitos contra la vida y espera sentencias por asesinato, 30 años de presidio sin derecho a indulto. Aun logrando la máxima pena, los tres casos judiciales serían considerados ordinarios.
La situación de Hanalí, entre los periodistas muertos en el ejercicio de las funciones y los que estaban fuera de ella, es un caso intermedio. Ella realizaba con regularidad su trabajo en la televisión y su esposo, ahora exoficial de la Policía, conocía que estaba unida a una periodista que ejercía la libertad de expresión a nombre de su público, estaba sujeta a la Ley de Imprenta, protegida por el Código Penal (libertad de prensa) y su trabajo garantizado por la Constitución.
A decir de las denuncias públicas, Huaycho llevó su caso de violencia intrafamiliar a los comandantes superiores de su esposo y oficinas policiales de protección a la familia; quizá sus propios jefes en la televisión conocían de su calvario particular, pero aparentemente ninguno —incluido los policías— cayó en cuenta de que se estaba afectando el bien común como es el de buscar, recibir y difundir información pública.
La tendencia internacional es que los Estados deben dar protección y seguridad a los periodistas en “todos los casos” de violencia e incluir en sus sistemas judiciales penales “la categoría de delitos contra la libertad de expresión”, con “penas más severas” y “sujetos a imprescriptibilidad”, por tratarse de delitos graves “que representan un ataque directo contra todos los derechos fundamentales” no solamente de los periodistas, sino del público en general.
El Estado Plurinacional de Bolivia “garantiza” a los periodistas, como no lo hace ninguna otra Constitución, “la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información (artículo106, III)”. Esta garantía, empero, no se aplicará por sí sola, requiere de una ley que prescriba nuevos tipos penales que protejan el bien jurídico de la libertad de expresión y del ejercicio de periodismo.
El resarcimiento de daños es otra preocupación por los periodistas víctimas. La Ley del Seguro Privado de Vida e Invalidez Permanente por Accidentes, Enfermedades en General u Otras Causas para las Trabajadoras y Trabajadores de la Prensa de Bolivia “Hermanos Peñasco Layme” viene a cumplir con la exigencia de dar seguridad social a los beneficiarios del sector y se abre a casos de reparación, como el de Hanalí, sin que sea requisito el estar ejerciendo la función en el momento de ser víctima de algún acto violento.
Los hechos de violencia que afectan al gremio periodístico y a su alma, la libertad de expresión, están reclamando la participación de las organizaciones de prensa en iniciativas legislativas que garanticen la circulación de información libre de toda presión interesada, preserven el derecho de los ciudadanos a recibir información con calidad y resguarden la vida de sus mensajeros honestos.
No más crónica roja por la muerte de un colega.
