Si bien el presidente Evo Morales anunció el 23 de marzo que Bolivia acudirá “en los próximos días” a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para demandar a Chile por la recuperación de su soberanía sobre el mar, en Santiago surgieron voces descalificadoras respecto de la decisión.
Una semana después, el 1 de abril, el presidente Sebastián Piñera se reunió con líderes políticos, parlamentarios y asesores para considerar el caso. Ha debido ser una de las pocas veces que La Moneda sintió con preocupación una arremetida boliviana, considerando que ante el reclamo y, últimamente, los pedidos de diálogo, siempre esquivó un eventual acuerdo sobre el acceso boliviano al mar, sea con soberanía o no.
Según el reportaje y una entrevista que presentamos en esta edición de Animal Político, Piñera y sus aliados mostraron muchas contradicciones y división en la discusión de la respuesta a Bolivia, al punto de discrepar sobre una posible modificación de la Constitución para cerrarle el paso definitivo a una salida al mar a Bolivia. Menos mal, en criterio del senador transandino de izquierda Alejandro Navarro, no hay condiciones ni fuerza en el Legislativo para plantearle a Bolivia lo que considera “una virtual declaración de guerra”: la modificación constitucional sugerida por el precandidato de la alianza de Piñera, Laurence Golborne.
Que de una reunión —se supone— tan íntima con una política de Estado y un asunto sensible para el vecino se filtre de manera tan abierta sus discrepancias, es para suponer que, de veras, al anuncio boliviano ha tocado al poder político chileno. Así, es posible pensar que, como nunca, Chile está en vilo.
En este lado, al contrario, la administración de Morales, remozada ahora con la participación del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, ha dado señales de que la demanda es una decisión seria, que puede devolver al país esperanza con relación a un sueño que siempre fue frustrado.
El editor
