El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, es, además de un político veterano y exmiembro de la Unión de Centro Democrático (UCD), un íntimo amigo de Mariano Rajoy y uno de sus principales asesores desde hace muchos años. Piensan muy parecido sobre muchos asuntos, según varias personas que conocen bien esa relación. Pero son muy distintos en una cosa: Margallo suele decir abiertamente lo que piensa, Rajoy no. Por eso no es descabellado pensar que el ministro traslada la opinión real del Presidente sobre temas clave.
Margallo, el jueves, fue muy sincero al ser preguntado sobre la imputación de la infanta Cristina: “Esto causa una enorme preocupación. Cualquier español, no sólo el Gobierno, tiene que estar preocupado por una cuestión que afecta a una institución tan importante como la Corona”. El ministro dijo que esto es “malo para la marca España” y reivindicó el papel de la Corona en la transición, en la recuperación de la democracia y en el prestigio de España en el exterior.
Un poco después, Rajoy, en la primera rueda de prensa en España en 2013, obligado por la visita de Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, fue mucho más suave y quiso evitar la palabra “preocupación”: “No es cuestión de manifestar el estado de ánimo de nadie”, esquivó. “Respetamos a la justicia, y respetamos el principio de la presunción de inocencia”, repitió dos veces.
Sin embargo, Rajoy no desmintió esa preocupación. Diversas fuentes del Ejecutivo señalan que esa inquietud es real y creciente, y tras la imputación de la Infanta el estado es de alarma máxima ante el evidente deterioro de la imagen de la Corona. Las encuestas que maneja el Ejecutivo, aunque no se publiquen —el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha dejado de preguntar por la Monarquía— son cada vez más preocupantes, señalan estas fuentes. Y se ha instalado la sensación de que hasta que no se despeje el caso Urdangarin, y queda bastante para eso, la cosa sólo puede ir a peor.
Pero, ¿qué hacer? Rajoy mostró el jueves que él no está dispuesto a mover ninguna ficha. Tanto en el Partido Popular (PP) como en el Gobierno hay personas importantes que han llegado a la conclusión de que la mejor solución para intentar salvar a la Corona del desprestigio y recuperar su imagen pasa por una abdicación del Rey para que reine su hijo, que tiene una valoración popular claramente superior a la de don Juan Carlos y está ejerciendo su papel ante su baja. Aunque incluso los más favorables a esta salida le ven muchos riesgos.
Otros dicen que una operación como ésa debería hacerse con mucha calma, para nada en plena tormenta por el escándalo del caso Urdangarin. “Si se hiciera ahora contaminaría el reinado de Felipe, que surgiría de un escándalo”, analiza uno de los que no ven bien esta salida.
El problema fundamental de esta operación, además de esos riesgos, es que el Rey no parece tener ninguna intención de abdicar, según todas las fuentes consultadas. Quiere seguir mientras su salud se lo permita y está haciendo esfuerzos para recuperarse de su última operación.
Pero lo cierto es que la preocupación es máxima en los círculos del poder y las diversas soluciones están encima de la mesa. Eso sí, todos los consultados coinciden en que no está en el estilo de Rajoy presionar al Rey para que tome una decisión de ese calibre. Y es el Presidente, que mantiene un despacho semanal con don Juan Carlos, el único que podría realmente hacerlo.
Rajoy, en su estilo lacónico, descartó cualquier movimiento de fondo para intentar recuperar la imagen de la monarquía, en plena crisis. Ni siquiera una medida mucho más suave que la abdicación: que la Infanta renunciara a sus derechos dinásticos (séptima).
Le preguntaron al Mandatario si el Gobierno “cree llegado el momento de promover la regulación de ley orgánica que contempla la Constitución para la abdicación del monarca” o si “cree que la infanta Cristina debería renunciar a sus derechos dinásticos”, una forma más de alejarla de la familia real. “No está previsto absolutamente nada de lo que usted ha planteado”, contestó tajante.
También se le preguntó si está dispuesto al menos a que la Casa del Rey quede incluida en la Ley de Transparencia, como reclaman todos los grupos del Congreso menos el PP. El Gobierno quiere que sea La Zarzuela (una de las residencias de la familia real) la que dé este paso, pero si no lo hace no parece dispuesto a forzarlo. Rajoy se manejó en una ambigüedad calculada. Dijo que los grupos están trabajando en la Ley de Transparencia, pero explicó que él cree que debería hacerse como en otros países de la UE. En varios de ellos las casas reales tienen sus propias normas.
Rajoy quiso en cualquier caso mostrar una neutralidad mucho mayor de la que exhibió la Casa del Rey el día anterior. Mientras La Zarzuela se colocó claramente de lado del fiscal, el Presidente, que indirectamente controla a la Fiscalía —el Gobierno nombra al Fiscal General y todos los fiscales le deben obediencia—, exhibió su neutralidad. “Nosotros respetamos las decisiones de los jueces, sería preocupante si no fuera así, y también de los fiscales, en este caso hay un recurso. Cuando decida la Audiencia de Palma de Mallorca también respetaremos su decisión”,
dijo el gobernante.
Algunos han dicho que el juez ha tomado una decisión valerosa. Permítame recordarles que el valor de un juez es un elemento consustancial a su propia función y responsabilidad en el Estado de derecho. Ya sé que resulta casi ingenuo pedir serenidad y reflexión ante una decisión judicial que afecta a las altas esferas políticas del Estado. Estoy convencido de que, en una situación como la que estamos viviendo, un cierto sosiego sería muy bueno para la salud democrática de nuestro país.
