Es importante decir a todo el pueblo de Bolivia que yo no voy a renunciar”, decía Gonzalo Sánchez de Lozada el 12 de octubre de 2003, días antes de que hiciera precisamente lo contrario y huyera a Estados Unidos acogiéndose a su doble nacionalidad. La razón inicial de su dimisión fue la insistencia en implementar una medida que fue rechazada masivamente: el anuncio de la exportación de gas natural a través de puertos de Chile. Esta decisión le costó no sólo el Gobierno, sino que permitió el desmantelamiento de los llamados partidos tradicionales y la consiguiente reorganización del sistema político, con fuertes demandas de cambios estructurales que luego fueron apropiadas por el Movimiento Al Socialismo (MAS).
Así, la obstinación de un gobierno determinado puede acarrear consecuencias que van más allá de la interrupción de su mandato.El actual gobierno de Evo Morales tomó determinaciones que fueron vistas como impopulares o que fueron rechazadas por los sectores afectados.
El retroceso de mayor importancia fue el referido al “gasolinazo” de diciembre de 2010, el cual fue abolido cinco días después de ser promulgado. Morales dijo: “He entendido estas recomendaciones de los distintos sectores, de los trabajadores, sindicatos, provincias, y por eso, después de una amplia reunión con el Vicepresidente (Álvaro García Linera), el compañero canciller (David Choquehuanca), con ministros y ministras, hemos decidido, en esa conducta de mandar obedeciendo al pueblo, abrogar el Decreto Supremo 748 y los demás decretos que acompañan a esta medida”.
Otras decisiones anuladas fueron la suspensión de Ley de Extinción de Bienes (que afectaba al sector gremial, cercano al MAS); la construcción de la carretera por el TIPNIS, que, si bien aún sigue en la indeterminación, retrocedió de la postura inicial de “carretera sí o sí”. También se postergó el aumento de la carga horaria laboral en el sector salud y se abrogó, hace dos semanas, el decreto que otorgaba viáticos para los viajes oficiales a los familiares de los presidentes y vicepresidentes, que inicialmente beneficiaban a Morales, García Linera y los suyos.
Es entonces pertinente la comparación de estas “vueltas sobre los pasos” de Morales con los costos que implicaron otras resoluciones de administraciones pasadas del Estado como la que se veía: la decisión de vender gas natural a Estados Unidos y México a través de Chile.
Para sostener esa determinación y no mostrar “debilidad”, Sánchez de Lozada hizo valer el “principio de autoridad” (tal como relató a este medio alguna vez Waldo Albarracín, que como presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos estuvo en las reuniones previas a la matanza de octubre de 2003). Hoy, el otrora líder del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) es requerido por la Justicia nacional.
Meses antes, febrero de 2003, anunciaba otra medida impopular: el impuesto a los salarios elevados. Tras el desborde de las movilizaciones y el motín policial en rechazo, Sánchez de Lozada no tuvo otra que acudir a sus creencias: “Y pido una sola cosa al Señor, Dios salve a Bolivia”. La medida —asumida a requerimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI)— pretendía que los ingresos de los bolivianos sirvan para pagar las deudas estatales. Si bien por esto no tiene relación con el gasolinazo, sí hay cierto paralelismo en que ambas afectaban directamente la economía de los ciudadanos. Las dos administraciones tuvieron que retroceder, sólo que el expresidente lo hizo después de más de 80 muertes, sumando los masacrados en febrero y octubre de 2003.
Otro caso parecido fue el que provocó la guerra del agua en Cochabamba durante el gobierno de Hugo Banzer (2000), de Acción Democrática Nacionalista (ADN). La decisión consistía en adjudicar a Aguas del Tunari, del consorcio Bechtel, al proyecto de Misicuni para abastecer de agua con los recursos del río del mismo nombre.
Antes, en 1997, Misicuni fue el centro del debate electoral entre la oposición liderada por Banzer, que apoyaba el proyecto, y Sánchez de Lozada, presidente saliente, que dijo a los cochabambinos que debían decidir entre “tener agua o tener Misicuni”.
Ya en 2000, el gobierno de ADN adjudicó el proyecto a Aguas del Tunari. Al final de cuentas, se trataba de la privatización del elemento. Según los términos del contrato, los cochabambinos debían pagar por el servicio sin tenerlo aún.
La Coordinadora del Agua encabezó las manifestaciones que hicieron retroceder a Banzer. El paralelismo es con la guerra del gas de 2003. Si ésta fue la gota que rebalsó el vaso, las jornadas de Cochabamba en 2000 fueron una de las primeras gotas que alertaban de que los gobiernos neoliberales no podían hacer lo que quisieran. Este hecho es uno de los antecedentes iniciales del desgaste del sistema de partidos tradicionales.
Otra comparación concerniente, pero por contraste, es el modo en cómo se dictó en 1985 el Decreto Supremo 21060. Una medida de esa intensidad de shock hoy sería imposible. ¿Cómo se logró sin que las movilizaciones hicieran que Víctor Paz Estenssoro, entonces presidente, renunciara o sea derrocado?
Tras las movilizaciones de marzo de 1985 que obligaron a Hernán Siles Zuazo a acortar su mandato, las organizaciones sindicales estaban casi desmanteladas, de modo que cuando se lanzó la disposición del MNR, en agosto de ese año, se dictó el estado de sitio y el Gobierno detuvo a los dirigentes sindicales, entre ellos a Juan Lechín.
Los mineros de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) no se movilizaron, pues se les ofreció una atractiva liquidación de beneficios sociales con bonificaciones extralegales, como motivación para que dejen sus fuentes de trabajo. La mayoría de los trabajadores recibió entre 5 mil dólares y 25 mil dólares. La gran parte aceptó el resarcimiento, entre ellos altos dirigentes como Filemón Escóbar y Andrés Lora.
La acción puso en entredicho la conciencia política de algunos de los líderes mineros y de los mineros en general. Pero el destino es curioso y parecería que les cobró el no haber impedido la norma neoliberal, pues la mayoría depositó su dinero en la Firma Integral de Servicios Arévalo (Finsa) que ofrecía intereses al ahorro sospechosamente altos. Resultó ser una gran estafa y la mayoría de los mineros terminó sin los beneficios económicos de la relocalización.
Visto hacia atrás, queda como conclusión lo difícil de creer que el Decreto 21060 haya pasado de una manera que puede ser considerada “sencilla” y sin gran tensión, a diferencia de ahora, cuando hay normas mucho menos agresivas que pueden afectar o socavar gobiernos. Sin embargo, el MAS parece tener mucho caudal electoral para vencer esas pruebas que implican imponer medidas revolucionarias.
